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Viernes, 26 Junio 2009 20:05

Justicia

por  Magdalena Holguín
En Los Cuadernos azul y marrón, Wittgenstein advierte sobre las posibles confusiones a las que nos puede inducir la pregunta “¿Qué es X?”, donde X es, por ejemplo, el conocimiento, la virtud, la realidad y, en este caso, la justicia. Todos los diálogos socráticos de Platón comienzan con una pregunta semejante; después de que los interlocutores de Sócrates ofrecen muchos casos de aquello por lo que se indaga, el diálogo termina invariablemente con la triste conclusión de que no se ha conseguido llegar a una verdadera comprensión del objeto de este ejercicio.
Wittgenstein describe acertadamente la sensación que nos invade ante este tipo de interrogante: sentimos un “calambre mental.” En varias ocasiones cita el famoso ejemplo de San Agustín, quien en Las confesiones dice habitualmente saber lo que es el tiempo; sin embargo, cuando se pregunta “¿Qué es el tiempo?” descubre que le es imposible responder adecuadamente. Esta es, no obstante, la pregunta filosófica por excelencia. Su correcta respuesta debe darnos la esencia o naturaleza verdadera de aquello por lo que preguntamos y adopta, por lo general, la forma de una definición. En cierto sentido, podría verse la historia de la filosofía como un conjunto de definiciones esenciales de conceptos, ofrecidas como respuestas a esta clase de preguntas.

¿Por qué dice entonces Wittgenstein que estas preguntas generan confusiones? En primer lugar, porque al utilizar el sustantivo, tendemos a buscar un objeto o una cosa que corresponda al concepto. Si no se trata de un objeto empírico, decidimos que tendría que ser entonces un objeto ideal. Esta objetivación o cosificación es inevitable debido a la forma misma de la pregunta; eludirla nos exigiría preguntar de otra manera. Buscamos un objeto que corresponda a la palabra, cuando lo que en realidad queremos aclarar es el uso de un concepto.

En segundo lugar, pareciera que hay una única respuesta correcta, del tipo “X es.... ”, con lo cual desconocemos los múltiples usos que puede tener el concepto. A este respecto, dice Wittgenstein en el mismo escrito que esta “ansia de generalidad” es el indicio más claro del deseo de la filosofía de asemejarse a la ciencia, y la lleva a una suerte de “desprecio por el caso concreto” que es, en la opinión de este filósofo, lo único que podría encaminarlo a una verdadera comprensión del concepto.

Como consecuencia de lo anterior, las preguntas esencialistas y sus respuestas se dan siempre por fuera de los contextos de uso de los conceptos –aquellos contextos de prácticas y actividades a los que llama juegos de lenguaje. Se pretende que estas definiciones sean universales y atemporales, esto es, que valgan para todos y cada uno de los casos en que se aplique el concepto, sin tener en cuenta que, en muchas ocasiones, nos salimos inadvertidamente del juego en el que se utiliza adecuadamente la palabra y terminamos despojando al concepto de todo significado. Esto sucede, por ejemplo, cuando usamos un concepto de manera absoluta o metafísica. En estos casos, el concepto no distingue algo de su contrario, por ejemplo, lo verdadero de lo falso, lo real de lo artificial o lo imaginario, etc. No se utiliza para diferenciar, para identificar, para matizar, para clasificar, para aclarar –no tiene ningún uso y es, por lo tanto un concepto asignificativo.

En este artículo no pretendo, desde luego, presentar un análisis exhaustivo del concepto de justicia. Siguiendo a Wittgenstein, sin embargo, quisiera mostrar que hay una diversidad de usos de este término, y que esta multiplicidad puede permitirnos una mejor comprensión de nuevas modalidades de la justicia a las que me referiré más adelante. Por lo general, la justicia se asocia con la aplicación de una normatividad jurídica, al punto que se considera que se “ha hecho justicia” cuando los fallos de los tribunales castigan al culpable y exoneran al inocente. Tendemos a identificar el uso paradigmático de “justicia” con el derecho y con el correcto funcionamiento del sistema judicial.

No obstante, si consideramos la manera en que usamos en el lenguaje cotidiano los adjetivos justo, injusto, equitativo, y otros similares –y no ya la idea de “justicia”– vemos que no siempre se relacionan con las normas del derecho ni con ningún otro tipo de normas. Consideramos, por ejemplo, injustas las preferencias injustificadas, como las que puede mostrar un profesor por determinados alumnos, los padres por uno de sus hijos, los empleadores por personas especialmente atractivas, etc. Consideramos injusto también que se cambien los criterios establecidos de antemano. En ciertos casos, es posible incluso que el cumplimiento de la norma legal sea injusto.

Lo anterior nos muestra que hemos privilegiado como significado único de justicia al modelo de la justicia retributiva la cual, en ciertas ocasiones, se la entiende tan solo como una forma civilizada de venganza. Habría sin embargo, otros modelos de justicia, tales como el de la justicia distributiva, mediante la cual se pretende más bien propiciar la igualdad. El ejemplo más conocido de ella es la acción afirmativa, mediante la cual se conceden ventajas a grupos especialmente vulnerables, o bien a grupos que histórica o socialmente han sido objeto de injusticias y discriminación.

Por otra parte, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, durante los Juicios de Nuremberg, se hizo evidente con mayor claridad la distancia entre la legalidad y la justicia. Los criminales de guerra, autores del genocidio más atroz que hubiera conocido la humanidad, habían actuado dentro del marco de las leyes establecidas por el gobierno de Hitler. Este hecho dio lugar a uno de los problemas jurídicos más difíciles de nuestro tiempo, pues uno de los principios judiciales básicos es la imposibilidad de condenar a una persona por un crimen que no haya sido establecido de antemano como tal dentro de la legislación vigente. Se inicia entonces una tendencia que ha permitido considerar ciertas violaciones de los derechos humanos como delitos de lesa humanidad, que pueden ser juzgados por instancias supranacionales, organismos que estarían por encima de cualquier derecho positivo nacional.

Los desarrollos que a partir de entonces se han dado en la configuración del Derecho de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, se han concretado desde hace algunas décadas en el modelo de la justicia transicional. Este modelo ha sido diseñado para aquellos países en los que se dan transiciones especialmente difíciles, como la terminación de un conflicto armado o el paso de un régimen dictatorial a una incipiente democracia, e incluye tanto medidas jurídicas como no jurídicas.

En lo que se refiere a las medidas jurídicas, intenta enfrentar el problema que se presenta con las violaciones masivas de los derechos humanos que habitualmente acompañan los conflictos contemporáneos. El intento de juzgar a miles de personas con diferentes grados de responsabilidad en estos delitos desborda la capacidad de cualquier sistema judicial, máxime cuando éstos sistemas se han visto debilitados por un conflicto armado y por las prácticas corruptas que imponen los regímenes autoritarios. Aun cuando en muchos casos la única salida a este tipo de conflictos ha implicado conceder una amnistía general a todas las fuerzas beligerantes, esta es una solución que, para muchos, es indeseable en la medida en que propicia una total impunidad por los delitos cometidos. No obstante, hay países, tales como Sudáfrica, que han optado por este camino en aras de propiciar una reconciliación nacional y ante la imposibilidad de judicializar a los miles de personas que hicieron parte del apartheid.

Las medidas no jurídicas incluyen otra forma de justicia que puede llamarse reparativa. Por lo general, se han establecido diversas Comisiones de Verdad, Reparación y Reconciliación, que cumplen una serie de funciones. Por una parte, están encargadas de proponer a los distintos gobiernos elegidos con posterioridad al conflicto o a la represión, la manera más adecuada de reparar a las víctimas, bien sea con un programa de pagos en dinero o con paquetes de servicios que incluyen vivienda, salud y educación. Ambas modalidades han sido criticadas; la primera porque algunos consideran que no es correcto ofrecer dinero a cambio de las pérdidas; la segunda porque, en países que suelen tener altos niveles de pobreza, se piensa que satisfacer estas necesidades básicas es una obligación que tiene el Estado para con todos los habitantes y no solo para con las víctimas.

Desde luego, la reparación en sentido estricto, como restitución al estado anterior a la comisión del delito es, en la mayor parte de estos casos, imposible, pues se trata de genocidios, asesinatos, torturas, y desapariciones. El propósito de la reparación, en estos casos, más que compensar a las víctimas por pérdidas irreparables, es reafirmar su condición de sujetos de derechos, a quienes se debe el reconocimiento del sufrimiento que han padecido. Lo mismo sucede con otro aspecto de la reparación, la búsqueda de la verdad. El esfuerzo por descubrir y establecer lo que realmente ocurrió no sólo permite a las víctimas encontrar al menos los cuerpos de las personas desaparecidas y sepultarlas según sus creencias, sino que conserva la memoria de los hechos para promover condiciones que impidan su repetición.

Además de las anteriores, la justicia transicional contempla otra serie de medidas, medidas que implican menos dificultades teóricas, aunque no menos dificultades prácticas. Una de ellas es la reforma de aquellas instituciones que permitieron o propiciaron las violaciones de los derechos de las víctimas. Estas reformas están dirigidas principalmente a las fuerzas armadas, pero también incluyen reformas del sistema judicial y de los sistemas administrativos, para garantizar asimismo condiciones de no recurrencia. Por otra parte, en los casos de desplazamiento forzado, se proponen programas de titulación y de restitución de tierras y de propiedades y, finalmente, una serie de medidas de reparación simbólica.

Aun cuando en nuestro país, infortunadamente, no podemos hablar del final del conflicto armado y, por lo tanto, de una transición en el mismo sentido en que se ha dado en lugares como Sudáfrica, Bosnia, Guatemala, Timor Oriental y muchos otros, con la Ley de Justicia y Paz, la creación de la Comisión de Verdad y Reparación, la Alta Consejería para la Reinserción y el programa de Acción Social para los desplazados, ya se han dado algunos pasos en dirección a la implementación de este nuevo modelo.

Si bien no se pretende afirmar que estos instrumentos hasta ahora hayan logrado cabalmente sus propósitos, crear las condiciones para su mejor desarrollo incluye asimismo un cambio de mentalidad, que nos permita incluir otras dimensiones en el concepto de justicia y valorar lo que otros modelos, diferentes del de la justicia de los tribunales, pueden aportar a las situaciones específicas y especialmente difíciles que vivimos. Este cambio nos atañe a todos y nos exige centrarnos en la dignidad de las personas que han sido afectadas, de terribles maneras, por el conflicto; esto evitaría espectáculos tan lamentables como el de ver cómo nuestras víctimas intentaron hablar ante un Congreso vacío.

Creo que sólo si nos sensibilizamos a estas diversas formas de contribuir colectivamente a conseguir condiciones más justas podremos aspirar algún día a una verdadera paz y a una auténtica reconciliación.
Visto 600 veces Modificado por última vez en Domingo, 18 Septiembre 2011 19:47
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