Independencia intelectual colombiana a través de su creación literaria
I.
En el ensayo “El Pensamiento Político de la Emancipación” José Luis Romero, historiador argentino, plantea en sus primeras líneas una pregunta que nos parece pertinente recordar: “¿Hasta dónde es válido pensar e interpretar el proceso de la Emancipación en Hispanoamérica sólo como un aspecto de la crisis de transformación que sufre Europa desde el siglo XVIII y en la que se articula la caída del imperio colonial español?” Sobre la marcha misma de los interrogantes, cabría indagar si: ¿Hubo alguna vez guerra de independencia en la Nueva Granada? , y si ¿La independencia tenía como derrotero consolidar una nueva nación? Me atrevería a responder que la nueva nación no fue la causa de la guerra de independencia sino su consecuencia.
Ahora bien, apropiándonos del signo de la salud de la amplia metaforización de «sano/enfermo», correspondería afianzar toda instancia de reflexión que promueve el balance de lo ya estudiado, no sólo por la obtención misma del conocimiento sino, quizá primordialmente, por las miras que esta actividad pudiera producir en el futuro. La alusión a la «salud», no es casual. Ante todo nos interesa puntualizar la pertenencia en la que se inscribe toda literatura a la esfera de lo social, a la incidencia que la política ejerce sobre el acto de pensar y de enunciar, sobre la posibilidad misma de crear y de hacer crítica literaria. Por supuesto que este nexo de la literatura con lo histórico-social trae consigo un cúmulo de información que posiblemente nos permita tener un mejor conocimiento de lo ocurrido. No obstante, nos enfrentamos a un problema que es más de enfoque conceptual que de trabajo de archivo; pero la presente conmemoración del bicentenario es una buena ocasión para realizar una relectura de la independencia neogranadina o grancolombiana dentro de un marco amplio histórico-socio-cultural.
Los estudios sobre la nación, por ejemplo, hacen necesario un replanteamiento puntual de los enfoques sobre lo ocurrido en las primeras décadas del siglo XIX en los territorios de lo que seguimos empeñados en llamar Imperio español y que en la época era universalmente conocido como la Monarquía Católica. Este no es un simple problema de denominación; el uso de un término u otro nos remite a realidades conceptuales radicalmente distintas. En sentido estricto, España como entidad política no existió antes de las primeras décadas del siglo XIX. Tanto los Austrias como los Borbones no eran reyes de España sino de un conglomerado de reinos y señoríos, la interminable lista de rey de Castilla, rey de León, rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Jaén, señor de Vizcaya, señor de Molina de Aragón, etcétera, que acompañaba los documentos emitidos por los monarcas como una especie de mantra religiosa. O como lo señala José Luis Romero: “La Península Ibérica significaba más que un ámbito geográfico, un ámbito cultural, lo cual hace explicable que Latinoamérica haya recogido los contenidos culturales de quienes operaron la conquista y la colonización”.
En correspondencia con este choque cultural, tampoco existió un Imperio español per se, lo que existió fue una monarquía con intereses económicos y políticos propios que nada tenían que ver con un hipotético interés nacional «español»; además de transformar el continente conquistado en una nueva España o nueva Europa. Estos eran los intereses de la Monarquía, no los de alguno de los reinos que la componían, los que guiaban tanto la política interior como la exterior. Los funcionarios del Estado estaban al servicio del monarca, no de una hipotética nación española, y ni siquiera tenían que ser necesariamente «españoles». La posibilidad de que las diferentes naciones, en el sentido tradicional del término, que convivían en su interior fueran consideradas sujeto de soberanía resultaba tan inverosímil que no era ni imaginable. El sujeto político, exclusivo y excluyente, era la Monarquía, no las múltiples naciones que formaban parte de ella tanto en Hispanoamérica como en la Península.
El fin del Antiguo Régimen y de la legitimidad dinástico-religiosa convirtió a la nación en el sujeto principal, si no es que único, de legitimación del ejercicio del poder, pero esto no siempre había sido así. La nación, como comunidad natural formada por los que tenían el mismo origen, fue durante gran parte de la historia de la humanidad prácticamente inerme desde el punto de vista político. Solo a partir de las revoluciones llevadas a cabo a uno y otro lado del Atlántico en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX fueron adquiriendo densidad política hasta ocupar un lugar como protagonista político de la historia.
Por lo antedicho no se debería seguir planteando las guerras de independencia como un enfrentamiento entre naciones. Cabe repetir que las naciones surgidas de la desmembración de la Monarquía Católica, a uno y otro lado del Atlántico, no son la causa de las guerras de independencia sino su consecuencia. Tampoco se debería seguir explicándolas a partir de conflictos étnicos, sociales o económicos que, si bien es cierto que se volvieron especialmente violentos como consecuencia de la inestabilidad bélica (todo conflicto tiende a agudizarse en el contexto de un enfrentamiento militar), ya existían antes del estallido de la guerra y siguieron existiendo después sin generar una guerra generalizada como la que tuvo lugar en la segunda década del siglo XIX . Y mucho menos podemos seguir entendiéndolas como un conflicto de identidades, españoles contra americanos, o criollos contra peninsulares. Según lo indica Arturo Alape, en su texto La Paz, La Violencia: testigos de excepción: “Entre 1863 y 1884, mal contadas, se dieron en Colombia, 54 mini-guerras civiles en los Estados Soberanos, que podemos resumir así: De conservadores contra liberales 14, de liberales contra conservadores 2 y de liberales contra liberales radicales 38”.
Lo anterior nos confirma que las guerras civiles -después de las llamadas de independencia- continuaron siendo un conflicto político, una lucha por la legitimidad del poder, y es en este contexto en el que debemos apreciarlas si queremos entender sus claves últimas y definitivas. El núcleo fundamental de estos conflictos armados fueron los discursos y las ideologías, y no los intereses, por evidente que esto pueda parecer hoy día. En el origen de las guerras de independencia hay un problema político, pero no, y esta es otra precisión importante, de identidades en conflicto, sino un conflicto de soberanías. Se debate, y se combate, sobre quién es el sujeto de soberanía, el problema central de la modernidad política en Occidente, pero no a partir de una modernidad de corta duración sino en el contexto de otra de larga duración que hunde sus raíces en el siglo XVI.
No está de más recordar que en la batalla de Ayacucho, por referirnos sólo al fin de la presencia española en el virreinato de la Nueva Granada, se ofreció a los oficiales realistas la posibilidad de incorporarse con sus grados a los nuevos ejércitos nacionales. Una prueba más de que no estamos ante un conflicto de identidades (españoles contra americanos) sino de soberanía (los militares realistas pudieron seguir ocupando sus puestos con el solo requisito de aceptar un cambio de soberano ya fueran españoles o americanos). Este entre otros ejemplos, al que habría que prestarles más atención, se ilustra detalladamente en el texto de Clément Thibaud, “Formas de guerra y mutación durante la guerra de independencia en Colombia y Venezuela”.
II.
El replanteamiento de las guerras de independencia debería partir de dos hipótesis básicas y, en parte, contradictorias: a) responden a un problema de legitimidad política; b) no responden a lo que entendemos como guerras de liberación nacional. La primera hipótesis equivale a afirmar que el núcleo del conflicto de las independencias, lo que define su especificidad, es un problema de legitimación del ejercicio del poder, de quien tiene derecho a ejercerlo legítimamente.
En el origen del poder político no está el metafórico pacto Lockeano ni la imposición arbitraria, al menos a mediano o largo plazo, sino algo mucho más complejo que es el reconocimiento por parte de la comunidad del derecho de alguien a ejercer el poder. En la tradición occidental, esta legitimidad tuvo durante mucho tiempo un carácter dinástico-religioso. El derecho a gobernar se transmitía por herencia dinástica y encontraba su legitimación ultima en la religión, «por la gracia de Dios», tal como se leía en monedas y medallas. El proceso de desacralización política, que inició en el siglo XVIII y alcanzó su punto culminante con la Revolución Francesa hizo imposible este tipo de legitimidad. La vieja legitimidad dinástica, de carácter divino, fue puesta en cuestión y substituída por una legitimidad de tipo nacional. Lo que realmente se dirimió en las primeras décadas del siglo XIX, y no solo en Hispanoamérica, fue el nacimiento de la modernidad política con el triunfo de una nueva forma de legitimación del poder basado en la nación y la voluntad nacional. Sobra precisar que no estamos ante un problema menor, se trata del problema político por excelencia, el fundamento último de toda comunidad política.
Esta primera hipótesis resulta particularmente complicada porque en la Monarquía Católica el problema de la nación irrumpió de forma prematura y por causas exógenas. La legitimidad del monarca no estaba en cuestión, en ninguno de los dos lados del Atlántico, ni en los años inmediatamente anteriores a que estallase el conflicto independentista, ni en los inmediatamente posteriores a su inicio. Esto explica el lugar que en los programas de insurgentes y realistas tuvo la figura de Fernando VII: “el deseado”.
El punto de partida fue que en un momento determinado el rey no estaba, y esto suscitó un proceso de búsqueda de legitimidades alternativas, pueblos, reinos, etcétera, que desembocó en la afirmación de una legitimidad de tipo nacional –no podía ser de otra manera en el contexto en el que tuvieron lugar- y como consecuencia en la conversión de la identidad en un problema político. Pero este fue el final del proceso, no su origen. En el origen lo que hubo fue un problema de soberanía política y no, como ya se ha dicho, de identidades en conflicto. Cabe aclarar que no desconocemos los sentimientos xenófobos y conflicto entre peninsulares y americanos que si los hubo, lo que afirmo es que estos sentimientos carecían de capacidad de definición política.
El rey no estaba, por primera vez en la historia de la Monarquía. Y la consecuencia fue un sentimiento generalizado de vacío de poder y legitimidad entre las elites de la Monarquía, la cual las llevó a preguntarse, en un primer momento, sobre quién tenía derecho a ejercer el poder en ausencia del rey (el tiempo de las juntas) y en un segundo momento, sobre el origen del poder mismo, (el tiempo de las constituciones y de las naciones).
En el segundo momento el problema fue, que nadie sabía muy bien, en el ámbito hispánico, que era una nación, mucho menos cuántas naciones había en los territorios de la Monarquía católica y, como consecuencia, tampoco cuántos sujetos de soberanía albergaba en su interior. Los constituyentes gaditanos afirmaron que se trataba de una sola nación, delimitada por las fronteras de la Monarquía y formada por los “españoles de ambos hemisferios». En su nombre elaboraron la Constitución de 1812. Sinembargo, tuvieron que recurrir a un concepto de nación de carácter tradicional y no moderno. La nación española fue definida como la suma de los descendientes de los originarios de la Península ibérica, más los descendientes de los originarios de América, más los descendientes de la unión entre ambos. La historiografía ha hecho mucho hincapié en que la exclusión de los descendientes de africanos, las llamadas castas en Cádiz, se debió a la voluntad de los diputados peninsulares de disminuir el peso de los americanos en las futuras Cortes. Ello es en gran parte cierto, posiblemente porque estaban entre otras cosas, convencidos de que el número de descendientes de negros era muy superior al de la realidad.
Desafortunadamente, han pasado muchas décadas para que se le prestara atención a lo que esta exclusión refleja de una concepción de la nación de carácter tradicional y étnico: son parte de la nación, ciudadanos de pleno derecho, no todos los habitantes sino solo los que tienen sangre «española», en su doble origen europeo y americano. Mientras que la Revolución Francesa produjo una «declaración universal» de los derechos del hombre y del ciudadano, la Constitución gaditana se limitó a convertir en sujeto político a una nación «biológica» formada por los descendientes de dos naciones «naturales». Pero esa supuesta nación española era poco más que una ficción. Lo que siguió fue una militarización de la vida política, de manera que el ejército y los militares tuvieron un papel determinante en la construcción de las nuevas naciones. Sobran a este respecto los ejemplos de los gobernantes de la Gran Colombia y de la nueva república colombiana.
Así las independencias aparecen como un acontecimiento fortuito, derivado del desplome de la Monarquía Católica, para el que resulta completamente inútil buscar causas endógenas. Esto no quiere decir, por supuesto, que no hubiesen tenido lugar de cualquier forma en algún momento del devenir histórico. La legitimidad dinástica tenía escasas posibilidades de supervivencia en la Europa del siglo XIX y fabricar una nación que se correspondiera con las fronteras de la vieja monarquía parecía casi imposible. Estamos hablando de una organización política de carácter planetario, enormemente heterogénea y en el que las distancias representaban un obstáculo prácticamente insalvable.
Por último, las naciones son invenciones colectivas, pero no completamente arbitrarias: requieren de una serie de condiciones previas, aunque siempre resulta difícil afirmar a priori cuales son imprescindibles y cuáles no y, en consecuencia, qué naciones son posibles y qué otras no. Pero aquí estaríamos entrando al campo de la historia-ficción que abordaremos en breve y no al de la historia propiamente dicha.
La segunda hipótesis parte de la idea de que el modelo interpretativo general de los procesos de independencia en Hispanoamérica no puede entenderse desde la perspectiva de los procesos clásicos de emancipación nacional, sino desde el desmembramiento, por implosión, de sistemas imperiales fracasados. Es, en cierta medida, tanto el fin de una forma de civilización como de una forma política. Este proceso entraría en el mismo capítulo que el desmembramiento del Imperio austro-húngaro, la Unión Soviética o el Imperio turco, todas ellas estructuras políticas que fueron en sí mismas alternativas globales a las formas de organización hegemónicas frente a las cuales terminaron sucumbiendo.
La Monarquía Católica, inmersa en la lógica de una sociedad asocial, expresión con la que Kant definió la multipolaridad de la Europa noroccidental de su tiempo caracterizada por una inacabable competición entre Estados, había mantenido una larga lucha de dos siglos con las demás potencias europeas. Era una lucha tanto por la hegemonía como por la supervivencia, en la medida en que representaba una alternativa global católico- contrareformista a la Europa nacida de la Reforma. Había sobrevivido, aunque con serias amputaciones, a Westfalia y Utrecht, pero fue incapaz de sobrevivir a la invasión napoleónica. Por primera vez un ejército enemigo ocupaba su capital y todo su aparato burocrático se vino abajo como un castillo de naipes. Tanto en la Península como en Hispanoamérica, quienes organizaron la defensa no fueron las instituciones monárquicas, sino, algunas creadas ex profeso, las Juntas, y otras menos vinculadas al poder monárquico, como los cabildos. En realidad, el vacío de poder fue casi absoluto.
Esta «implosión» de la Monarquía católica y, sobre todo, la rapidez y facilidad con que se produjo, plantean algunos problemas, que no son parte del objetivo de este trabajo, pero que cabe enunciar aquí. El que la aparentemente sólida estructura política de la Monarquía se derrumbara con tanta facilidad nos hace dudar de su fortaleza y solidez. De este modo, habría que plantear este problema nuevamente desde la perspectiva de la lucha por la hegemonía.
La intensa competencia entre las monarquías europeas las había llevado a requerir cada vez más dinero de sus súbditos. En el caso de la Monarquía católica, sus necesidades financieras aumentaron por su carácter transcontinental. A pesar del bajo perfil que adoptó a partir de la crisis de mediados del siglo XVII, y que la llevó al borde del colapso, la defensa de sus intereses en un espacio tan dilatado resultaba extremadamente costosa. Finalmente, las reformas borbónicas y los intentos de algunos ilustrados por hacer de los territorios americanos colonias al servicio de la metrópoli no son sino una muestra de esta voluntad-necesidad de aumentar los recursos financieros de la Corona. Resulta difícil saber hasta qué punto el aumento de la presión fiscal pudo deslegitimar a la Monarquía, no solo por la detracción de recursos particulares sino también por la deslegitimación que para un régimen tradicional supone variar las condiciones de sus «pactos» con la sociedad. Más difícil resulta determinar hasta qué punto la vieja legitimidad dinástico-religiosa seguía siendo plenamente operativa en las décadas finales del siglo XVIII y primeras del XIX. Lo era, sin duda, en los discursos. Nadie parece poner en duda el derecho de los reyes a gobernar.
Sinembargo, habría que prestar más atención a hechos como el motín de Aranjuez del 17 de marzo de 1808, precedido por la conspiración de 1807 y el proceso de El Escorial. Por primera vez en la historia de la Monarquía española un rey era depuesto por su hijo, lo cual no es un asunto menor, pero, sobre todo, por primera vez desde la instauración de los Borbones, en realidad desde la Guerra de las Comunidades, se cuestionaba la figura del rey y se le obligaba a dimitir. ¿Cómo explicar en este contexto que un rey sea obligado a dimitir por su protección a Godoy y por su mal gobierno? ¿No significaba responsabilizar al monarca por el mal gobierno y aceptar que ya no bastaba «conocer que el nuevo rey desciende de sus antepasados»? ¿No se estaba franqueando un punto sin retorno para la legitimidad dinástico-religiosa?
Pero volvamos al modelo de «implosión de sistemas imperiales». Este modelo afirma que no estamos ante naciones preexistentes que se liberan, (y los estudios de José Carlos Chiaramonte sobre el Rio de la Plata lo muestran de manera más que evidente), sino ante un vacío de poder que necesita ser ocupado y legitimado. En la Monarquía católica la nación se limitó a ocupar el espacio que había dejado una forma de legitimidad literalmente desaparecida. Para decirlo de forma gráfica, la Constitución de Cádiz se hizo en nombre de una nación, que como ya se dijo nadie sabía muy bien que era, porque el rey no estaba. La nación solo ocupó el lugar del monarca ausente. Lo mismo cabría decir de las diferentes proclamas de independencia americanas, aunque con la salvedad de que en Colombia y otras regiones de Hispanoamérica se elaboraron proyectos de constituciones en nombre de los pueblos, no de la nación.
Ante el vacío de poder se recurría a un imaginario tradicional, aunque el problema era en ambos casos el mismo: determinar en ausencia del monarca quién era el depositario de la soberanía, y quién tenía legitimidad para ejercer el poder.
Con esto no decimos que el problema de la legitimidad no se hubiera planteado de cualquier forma: es evidente que nada podía ser igual tras la decapitación de Luis XVI en Paris y, finalmente, la Monarquía Católica no funcionaba como un compartimiento estanco. Lo que afirmo es que el problema de la nación irrumpió en la agenda política del mundo hispánico de forma prematura y extremadamente violenta: de pronto el rey deja de estar. Ciertamente las respuestas a este problema están relacionadas con el contexto político-ideológico del momento. No era lo mismo que el rey dejase de estar a principios del siglo XVII (por cierto sería imprescindible saber que paso en América con el cambio de dinastía y la Guerra de Sucesión ) que a comienzos del XIX. Un siglo es mucho tiempo, en mayor grado si es precisamente el de la Ilustración.
Estas dos hipótesis ponen a la nación en el corazón del conflicto de la independencia.
Aquí nos interesa retomar los cambios sobre el concepto de nación producido en las últimas décadas siendo tan radicales y de tal magnitud que no se puede seguir analizando los hechos del pasado mediante herramientas manifiestamente obsoletas. El problema no es que en la Hispanoamérica de 1810 no existiesen naciones en el sentido moderno del término; el problema es que conceptos como nación o identidad nacional son construcciones históricas, de carácter reciente, y no realidades objetivas de carácter intemporal. Incluso, debemos asumir que nuestro objeto de estudio es una realidad inventada que se construye en el mismo momento en el que lo estamos estudiando. No podemos seguir estudiando las independencias sin considerar lo ocurrido con el concepto de nación en las últimas décadas del siglo XX, en particular en los primeros años de los ochenta. Hasta ese momento el paradigma hegemónico consistía en considerar las naciones como realidades objetivas.
La publicación en esos años de una serie de obras, entre las cuales destacan de manera muy particular las de Benedict Anderson, John Breully y Ernest Gellner, cuestionaron esta visión para afirmar el carácter temporal subjetivo y, lo que más nos interesa, moderno de las identidades nacionales.
Pero aunque nos parezca un tanto paradójico, podemos concordar con la afirmación de Eric Hobsbawm en Naciones y nacionalismo desde 1870, imaginándose un historiador intergaláctico llegado a la Tierra para investigar las causas de una supuesta catástrofe nuclear: “Nuestro observador, después de estudiar un poco, sacará la conclusión de que los últimos dos siglos de la historia humana del planeta Tierra son incomprensibles si no se entiende un poco el término ‘nación’”.
III.
Desde la perspectiva de la identidad nacional la historia no es sólo, y posiblemente ni siquiera de forma prioritaria, la recuperación del pasado, o la invención de ese mismo pasado si se quiere, sino un elemento de cohesión, de rememoración de ese pasado como imagen del presente. Lo que hace real a la historia es su capacidad de influencia sobre la vida actual; su capacidad de hacer del relato de un hecho del pasado una narración con significado simbólico, de convertir cada hecho histórico en punto de encuentro entre el arquetipo y la coyuntura, entre un legado de imágenes y unos individuos y acontecimientos concretos.
Sinembargo, ocurre que la historia, incluso en un siglo tan historiográfico como el XIX, posee un carácter restringido, erudito, cuya capacidad de difusión es siempre muy limitada. Será mediante otros medios de comunicación de masas como la imagen construida del pasado llegará al gran público, y aquí aparecen otros nuevos actores: la literatura, la pintura, etcétera.
La literatura, en especial la del siglo XIX, pero no únicamente, encuentra en la historia inspiración para sus novelas y dramas difundiendo entre un público mucho más amplio que el de los lectores de libros de historia, los arquetipos nacionales construidos por los historiadores. Contribuye a la invención de narrativas colectivas en las que “los miembros de la comunidad se relatan unos a otros los cuentos que han aprendido sobre sí mismos, su nación y su historia”. Es el espejo imaginario en el que la nación se refleja a sí misma y a su historia y en el que los individuos se reconocen como miembros de una comunidad nacional, creando universos mentales compartidos que tienen un importante lugar en la invención y difusión del relato de la nación. Pero la literatura no sólo es importante en cuanto difusora del relato histórico. La forma como se construye un canon literario nacional y sus características más relevantes y significativas tiene también una importancia decisiva en la definición de la nación.
Sin ánimo de alejarnos de la literatura, no podemos dejar de lado la correspondencia que se establece con la pintura; siendo ésta por su parte una fuente especialmente útil en este tipo de aproximaciones. En el caso colombiano, podemos mencionar los nombres de Fernando Botero, Enrique Grau, Alejandro Obregón, Ana Mercedes Hoyos, Beatriz González, entre otros. Y las razones son varias: el peso de las imágenes en el modelado de determinada percepción del mundo, posiblemente muy superior al de otras formas de expresión; la politización de la pintura en la época moderna y contemporánea, mayor, sin duda, que la de otras formas de expresión artística —la escritura de una novela es un acto casi privado, la pintura de un gran cuadro académico sólo es posible con el patrocinio estatal—; la función directamente legitimadora que las imágenes han tenido a lo largo de nuestra historia; la plasmación de muchas otras formas de expresión —historia, literatura, romances, leyendas— en obras plásticas, y finalmente, las características de la pintura en relación con la historia, una pintura ideológica —su finalidad exclusiva parece dar una imagen del pasado histórico de la nación— controlada desde sus orígenes por el Estado.
Pero como hemos señalado una nación no se construye sólo con historia. Todos los rasgos diferenciales de carácter objetivo que pueden definir una nación, lengua, costumbres, raza, la propia historia, resultan inermes hasta el momento en que son asumidos como tales por la comunidad. No pueden quedarse en la mera proyección subjetiva de unas diferencias más o menos objetivas, sino que tiene que asumir un carácter colectivo, de aquí la importancia en el desarrollo de una identidad nacional de los mecanismos de producción y reproducción de la conciencia social: élites intelectuales, sistemas de enseñanza, medios de comunicación de masas, hitos históricos, mitos, símbolos, rituales de cohesión, etcétera.
Dentro de este contexto, la religión católica, estuvo consolidada como señal de identidad y expresión de la población Grancolombiana desde hacía tres siglos, y fue una de las referencias ineludibles en las discusiones que surgieron vinculadas con la construcción de la nacionalidad, potenciadas por ese carácter propio y por las nuevas ideas venidas desde Europa.
Además las reconstrucciones más celebradas desde el ámbito de lo cristiano a lo laico fueron la veneración de los restos mortales de los próceres, que fueron reverenciados como si se tratara de mártires de la religión.La importancia de este culto queda en evidencia con la construcción, en el Panteón de Caracas, de un mausoleo dedicado a Rafael Urdaneta, cuyo mérito había sido haber recuperado los restos de Bolívar; en el mismo edificio destaca el lienzo de Tito Salas titulado “Traslado de los restos de Bolívar desde la Guaira a Caracas”. La trascendencia que alcanzarán los sitios de fallecimiento de los héroes se explica desde la perspectiva de que dichos lugares eran donde habían entrado definitivamente en la “inmortalidad”; las legendarias “últimas palabras” de los prohombres, casi siempre aludiendo a la patria que abandonaban físicamente, añadirán más significación al momento de la muerte.
El legado de la antes mencionada Monarquía Católica trasegó todo el siglo XIX de la sociedad colombiana y como lo señala Jaime Jaramillo Uribe en El pensamiento colombiano en el siglo XIX, suscitó “los más perturbadores efectos”. Esta afirmación de Jaramillo Uribe se corrobora con el señalamiento que hiciera Miguel Antonio Caro en su esbozo de la constitución de 1886: “La religión católica, apostólica, romana es la de la nación: los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada, como esencial elemento del orden social» . Lo anterior nos confirma que el proceso de emancipación –independientemente de los conflictos bélicos- se debatió ardientemente por décadas en el campo ideológico. Esto supone, por otra parte, situar a la intelligentsia en el centro del problema nacional, como constructora, legitimadora y canalizadora de la conciencia nacional; autora colectiva de ese personaje literario que sería toda nación. Literatos, historiadores, periodistas, profesores, funcionarios de las nuevas burocracias estatales y, en general, todo un difuso grupo de “especialistas” del trabajo intelectual, formaron el caldo de cultivo idóneo para el nacimiento y desarrollo de una identidad colectiva de tipo nacional. Es en ellos, en sus obras y en sus estrategias en donde debe buscarse el cómo y el cuándo se intentó construir la nación colombiana.
Iván Vicente Padilla Chasing ha dedicado un detallado estudio al debate de la hispanidad en Colombia, en el que nos ilustra el debate presentado por José María Vergara y Vergara en La Cuestión Española (1859) y la Historia de la literatura en Nueva Granada (1867) quien defiende el carácter hispano-católico de la civilización granadina. Todo ello dificultó particularmente el proceso de una real emancipación intelectual y consolidó la continuidad del estado monárquico con el estado conservador nacional.
El caso colombiano tiene una especial peculiaridad, a pesar de estas imposiciones o regulaciones: pocas familias que componían la clase elitista de Santa Fe de Bogotá intentaron distanciarse de la mayoría de la población, de las masas, promoviendo una cultura cosmopolita que requería conocimiento en historia, filología clásica, y el conocimiento en derecho colonial. A su vez varios presidentes de la época expresaron su preocupación por la poca fluidez lingüística de los ciudadanos de las bajas capas sociales. Y ésta se hizo evidente en los títulos de los libros escritos por ellos mismos, ya que el nivel de analfabetismo llegaba al 80% de la población y los periódicos tenían una circulación de 800 a 1.000 copias. Entre algunos de los manuales de lengua se encontraban: Compendio de gramática castellana por un granadino dedicado a la enseñanza (1853), de Santiago Pérez; Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano (1867), de Rufino José Cuervo; Tratados de ortología y ortografía de la lengua castellana (1859), de José Manuel Marroquín; Nociones de prosodia latina (1893), de Miguel Abadía Méndez; Estudios gramaticales: Introducción a las obras filológicas de D. Andrés Bello (1885), de Marco Fidel Suarez (con introducción de Miguel A. Caro), y Gramática de la lengua latina para uso de los que hablan castellano (1865; 3rd ed., 1876)—y coautorado con Cuervo- Tratado del participio (1870).
Pero más que disminuir el índice de analfabetismo entre la ciudadanía, estos libros contribuyeron a incrementar la autoridad política e intelectual de estos autores, quienes a su vez fueron imponiendo un monopolio interpretativo de la cultura y la historia colombiana. El mismo fundador de la moderna crítica literaria colombiana, Baldomero Sanín Cano (1861 – 1957), quién fue un político liberal y ocupó cargos diplomáticos, además de haber sido electo en el Congreso de 1924, y mentor literario del traductor y poeta Guillermo Valencia, se aventuró a plantear la hipótesis que la sobreabundancia de obras filológicas entre sus contemporáneos había generado una sensación de aislamiento geográfico y por otro lado, el miedo de la élite ante la potencial movilidad social ascendente de las clases subalternas, aún más cuando los agudos gramáticos eran muy a menudo ajenos a la institución universitaria: Marroquín, Cuervo, Caro, y Suárez no tenían título de educación superior.
Treinta años después, Rafael Gutiérrez-Girardot nos reitera esa usanza de “los Salones literarios presididos en el siglo pasado o adornados por damas de los que salió tanto abogado poeta y hasta presidente de alguna República”. No deja de ser interesante, en este contexto, la figura del joven coronel Rafael Uribe Uribe quien no pudo estar en el bando vencedor en la guerra civil de 1885. Pero que en un arranque de celo disciplinario – que fue siempre uno de sus defectos como un comandante en el campo-, hizo ir a sus tropas al desierto con una frecuencia aún mayor de lo habitual y accidentalmente le disparó a un soldado de su propio bando, motivo que lo llevó a la cárcel. Paradójicamente de manera sui generis, allí aprovechó su tiempo y tradujo algunos textos de Herbert Spencer, «editó» un tratado de geología para el lector común, preparó su propia defensa, y compuso su Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones de lengua, con trescientas notas explicativas. Fue una obra, de 376 páginas, densamente impresa. Su carrera, su prestigio, su investidura militar no habría sido completa sin un libro así. Tampoco éste fue el final de sus estudios gramaticales y filológicos. El conocimiento de ‘galicismos, provincialismos y correcciones’ fue sin duda una apoyatura de sus ataques y defensas. Pues al tener en la figura principal de gobierno, de la década de 1890, a Miguel Antonio Caro el conocimiento del latín era también necesario. Uribe encontró un discreto profesor de latín con el que tomó clases por tres meses, y en una de sus intervenciones Uribe increpó a Caro y le subrayó que él no era el único latinista en el congreso. Y para mostrar sus habilidades hizo una interpelación en latín, Nunqua esfide socia potente cun. Caro se llevó las manos a la cabeza: “horrible horrible! Si tiene que hablar en latín, por favor, tenga más cuidado con sus sílabas finales. Ahí es donde el arte se encuentra precisamente”. ¿Por qué destacar estas anécdotas de tan variada y activa de una carrera? ¿Qué, además de su vanidad, llevó a este revolucionario a la lexicografía y los clásicos? ¿No sería que los lectores preferiríamos más de sus experiencias en el cultivo de café y los vaivenes del precio del café, o su entusiasmo posiblemente equivocado por las perspectivas progresivas del comercio de la banana? Tal vez.
Pero tal vez algo más que la vanidad de Uribe Uribe fue su motivación a escribir su diccionario y tomar sus lecciones de Hispanoamérica. Y tal vez, la motivación nació ante la presencia inevitable de Miguel Antonio Caro, un obstáculo grande para el Partido Liberal, un filólogo y latinista superior, vicepresidente y presidente interino de la República. Pero cuando se explora más allá, aún más de este tipo de aprendizaje y de la competencia a nivel de dirigencia política, sale a la luz, y queda claro también que el mapa de letras está estrechamente vinculado en Colombia con el ejercicio del poder. Y la gramática –maestra de reglas y los misterios del lenguaje- fue un importante componente de la hegemonía conservadora, es decir del partido conservador que duró en el poder desde 1885 hasta 1930, pero que sus efectos han perdurado hasta momentos recientes.
Desde Juan de Castellanos a Jorge Isaacs y José Asunción Silva, desde José Eustasio Rivera a García Márquez y Fanny Buitrago, las preguntas por lo que significa hacer literatura en una sociedad donde no ha habido un mercado simbólico suficiente para que exista un campo cultural autónomo, condicionan las prácticas literarias. Para qué sirve ser escritor en un país con un precario desarrollo de la democracia liberal, con escasa inversión estatal en la producción cultural y científica, donde la formación de nación aparentemente moderna no supera las divisiones étnicas, ni la desigual apropiación del patrimonio aparentemente común: estas cuestiones aparecen apenas en los ensayos, en las polémicas o mesas redondas entre algunos de nosotros, y más bien, si aparecen es porque son constitutivas a las obras que se (re)presentan nuestro entorno: de León de Greiff y Albalucía Ángel, a Alvaro Mutis y Laura Restrepo, de Eugenio Díaz y Manuel Mejía Vallejo, a Piedad Bonnett a Moreno Durán. Y cabe a su vez preguntar, cómo es posible que la Declaración de los Derechos del Hombre de Antonio Nariño se le haya evocado continuamente mientras no ha desaparecido la actitud esclavista o explotadora para decirlo en términos actuales. Para entender por qué esas contradicciones han podido sobrevivir con cierto éxito hay que tomar en cuenta la institucionalización monopólica de la desinformación o de la no información.
No obstante, reconocemos el crecimiento de la educación superior, la fundación de bibliotecas públicas, del mercado literario, que han contribuido a profesionalizar las funciones culturales. Aún los escritores y escritoras que no llegan a vivir de sus libros, o sea la mayoría, se han venido insertando en la docencia o en actividades periodísticas especializadas donde se reconoce la autonomía de su oficio y han intentado afianzarla. La ampliación del mercado cultural favorece la especialización, el cultivo experimental de los lenguajes artísticos y una mayor difusión a nivel nacional e internacional. Pero igual no se puede negar que la tendencia general es que la modernización de la cultura tanto para élites y para las masas sigue quedando progresivamente en manos de la iniciativa privada y sometida a las leyes de la ganancia.
Aunque el pensamiento y la renovación crítica siguen teniendo, durante las últimas décadas, el aporte universitario, no se han quedado constreñidos al ámbito de la editorial privada. Algunos profesores universitarios tienen participación activa en el aparato orgánico de la cultura, a través de revistas y cátedras que promueven la circulación literaria. En esta función es notable la tarea cumplida por el profesor Carlos-Enrique Ruiz; por el impulso y el nivel intelectual independiente que desde hace más de cuarenta años da a la revista Aleph, y, sobre todo, por su labor siempre innovadora donde confluyen multidisciplinarias reflexiones acompañadas de imágenes y textos de creación literaria.
Retomando a un autor colombiano sobre quien se han escrito centenares de páginas, Gabriel García Márquez, nos interesa acercarnos a uno de sus textos para referirnos a la idea que hoy nos reúne, la de la independencia, este es, El general en su laberinto (1989). Dicho texto suscitó una reacción peculiar en la Academia de la Historia de Colombia ya que se ordenó ese mismo año que se publicara una enciclopedia dedicada a la vida y obra de Francisco de Paula Santander. Los comentarios quizás sobran, o de manera breve se puede repetir que la mentalidad monárquica conservadora no pasaba desapercibida. García Márquez retoma la tradición intelectual neogranadina por uno de los gestores de los movimientos independentistas, Simón Bolívar, y recontextualiza algunos de los aspectos más sobresalientes de su vida y obra.
García Márquez vuelve a Bolívar posiblemente con el ánimo de rescatar el arranque primero de una conciencia emancipadora que reclamó la autonomía política para los habitantes de la América colonial, y (re)crea a su personaje como un modelo ideológico humanizado que rechazó el neocolonialismo y los modelos extranjerizantes. En el intento que subyace en esta novela por definir la especificidad de la cultura latinoamericana, García Márquez revaloriza las ideas y reflexiones de Bolívar como propósito de legitimar su herencia cultural Hispanoamericana. Con este objetivo en mente, se reconstruye la figura de Bolívar, independentista y grancolombiano, con lo cual se presenta un texto que redime los valores positivos de su gesta emancipadora. En nuestra lectura percibimos a un Bolívar (el personaje) revivido como un desafío con respecto a los sujetos que han manejado el poder y sofocado el camino de la independencia intelectual en Colombia.
A tenor de lo dicho, no está de más advertir que García Márquez convirtió las frases luminosas y decisivas de nuestra historia en materia común de la lectura y discursos literarios en América Latina. Los rasgos de su maestría escritural sobresalen en su texto clásico Cien años de soledad (1967) al transfigurar muchas imágenes de la historia en imágenes singulares. Las correspondencias con textos de la historia y literatura universales se han estudiado extensamente, sinembargo, nos interesa subrayar un aspecto que los exégetas no han prestado atención. Si a partir del 12 de octubre de 1492, la irrupción inicial de la invasión europea y la sumisión colonial dejó a los habitantes originales del continente marcados por un trauma de identidad que hasta hoy día impregna la imaginación de la sociedad entera, igual en el siglo XX se generó una amplia discusión en el ámbito literario sobre la ontología del ser latinoamericano. Ensayos cortos y extensos se publicaron a lo largo del continente a mediados del siglo XIX, intentando dilucidar indirectamente lo que Bolívar había planteado en su discurso de Angostura “no somos europeos, no somos Indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles…”. García Márquez en Cien años de soledad cancela esta discusión sobre nuestro origen en el momento que Aureliano y Amaranta Úrsula se dieron cuenta que su hijo había nacido con cola de cerdo. Este pasaje se corresponde con otro del diario de Cristóbal Colón en el que se relata que “en estas tierras nace gente con cola”, con lo cual se nos invita a que asumamos y aceptemos que todos somos de la misma familia: la especie humana.
Tampoco podemos ignorar la otra frase puntual de García Márquez que nos remite hacia el pasado, a la ya aludida heterogeneidad cultural americana propiamente fundacional que recoge ecos de un mismo patrimonio lingüístico y cultural; y que también se proyecta hacia los problemas de raza, lengua y pertenencia de un lugar. Esta es la llamada “peste del olvido” por García Márquez. Es la memoria escindida, la que necesita ser reconstruida pues ésta le da forma a una tradición para evitar que se desgaste y se muera. De lo contrario, ¿Cómo repensar hoy esas construcciones interpretativas que llevan a una memoria mutilada? ¿Es posible reescribir la historia contra esos saberes? ¿Cómo poseer las claves de nuestro riquísimo y desgarrado mundo? ¿Cómo construir nuestro centro, y no permitir que nuestra propia gente quede excluida de su historia, reproduciendo, sin querer, los modelos coloniales? Esa no es sólo tarea de nuestros historiadores. En esta época de cinismo, confusión y desbandada, ése es el gran reto político y cultural que tenemos todos por delante.
Ser intelectual parece resultar entonces una posición privilegiada para emprender la tarea de articular una memoria histórica que genere la autonomía deseada, aunque en otros momentos pudiera convertirse en un obstáculo para dar cuenta de la diferencia que identifica a esta nación. Sinembargo, lo que no se cuestiona es que la legitimidad de una actividad intelectual está dada por la necesidad y la flexibilidad que debe tener el colectivo de escritores y escritoras de instalar un lugar propio en el espacio público en el que no se silencien ninguna de las múltiples voces.
Cabe aclarar que no se trata de producir textos de experimentación multilingüe o de imágenes intermitentes que se entrecrucen en la narración. Un recorrido por la bibliografía más reciente en torno a la idea de la independencia intelectual colombiana en el espacio literario, y que es abundante, nos ilustra con temas y personajes la condición del creador o creadora, y lo que implica una actitud vital así como una posición analítica frente al lenguaje, y no puramente instrumental. Las palabras cobran significado en el universo de la lengua creativo y en el tiempo individual e histórico de los seres humanos; en su seno se reviven y confrontan tradiciones, se recrean y cancelan concepciones del mundo, al mismo tiempo que expresan realidades históricas y culturales. Para poetas y narradores y narradoras los vocablos no son categorías cerradas, fijadas en un sistema teórico construido a partir de paradigmas: supuestos que adquieren su rango de verdad al ser aceptados por la »comunidad de los especialistas» y a partir de los cuales los creadores y creadoras edifican las explicaciones de nuestro entorno.
Colombia cuenta actualmente con una extensa lista de escritoras y escritores de primera línea que ha traspasado las fronteras del país. Evitamos dar nombres para no ser acusados de parcialidad canónica como ocurre con toda antología de poesía o de cuentos que salen a la luz: sólo unos o unas son los escogidos/as. Nos interesa subrayar que el sinnúmero de obras que se publica hoy en Colombia muestra el compromiso al que obliga la palabra pública a ser una de las funciones centrales del intelectual. La voz pública constituye su obra. La fidelidad a la creación y a la posibilidad de seguir transformándose en el ejercicio de la palabra constituye el fundamento de la libertad individual, la búsqueda de su realización y la vigencia del derecho de ejercerla en el espacio social, político y cultural. Solo en la libertad se recrea el logos social.
