Situación política de Colombia: un debate necesario
Conferencia en la XVI entrega de las becas de la “Fundación MAZDA para el arte y la ciencia”; Bogotá, 10 de marzo del 2005.
En esta ocasión voy a hacer unos comentarios, los cuales, para estar a la moda, son a título personal, sobre el acontecer político. Estoy seguro de que se apartan de la visión de Alicia en el País de las Maravillas, y no figurarán en los estantes donde se despliegan textos de auto ayuda o de visión positiva.
El objetivo es promover la discusión sobre el modelo de país que se está construyendo y propiciar una mayor participación de la academia. Es posible que la conclusión a la que se llegue muestre la conveniencia de un esquema de país con limitada autonomía internacional y bajo el protectorado de una nación dominante, así algunos nos apartemos de ese esquema.
La Academia debe hablar
El estar cabalgando sobre el lomo de los acontecimientos nos hace perder la perspectiva de los cambios geopolíticos que se han estado produciendo en menos de tres lustros:
– Se desintegra la Unión Soviética.
– China aceleradamente va a recuperar el lugar prioritario que tuvo durante buena parte de la historia universal; el eclipse de doscientos años está llegando a su fin.
– Se pone en ejecución el concepto de «guerra preventiva», volviendo el mundo a épocas que se creían superadas, en las cuales predominaba el derecho del más fuerte.
– Se invoca el criterio de que para lograr un objetivo «todo vale».
– Hace carrera la tesis de que los estados pueden reaccionar ante quienes violan sus leyes, violándolas ellos también. El Estado, que debe administrar justicia, evoluciona hacia la ejecución de la venganza.
– Las ideas de justicia van dando paso a las de bondad o maldad. Los conceptos «cruzada contra el mal» reviven después de casi un milenio.
– El componente religioso fundamentalista ya no es patrimonio exclusivo de algunos grupos radicales, sino que también ha permeado a algunos presidentes occidentales.
Algunas universidades, con razón, están alertando sobre los peligros de estos nuevos modelos que buscan unificar el mundo alrededor de una idea excluyente, sustentándola no con la razón sino con la fuerza. Los trabajos de Noam Chomsky y Umberto Eco señalan estos riesgos.
En Colombia, muchas de las ideas acerca del bien y el mal y el alinderamiento, sin juicio de inventario, con los valores de un mundo unipolar, están haciendo carrera y la voz de la academia no se ha hecho sentir en forma amplia para convocar el debate.
Diga no a las trampas
Una buena y acertada campaña publicitaria busca consolidar como un valor cívico el no hacer trampa en las relaciones personales e institucionales. Los beneficios son claros, al aumentar la confianza entre los ciudadanos se acrecienta el denominado capital social, condición necesaria, si bien no suficiente para incrementar el bienestar.
La buena impresión de la campaña desaparece cuando se anuncia que es patrocinada por la Presidencia de la República, puesto que la mayor trampa que se le está haciendo al país se gesta en dicha dependencia: modificar la Constitución, empleando todo el arsenal burocrático y fiscal a disposición del ejecutivo, para obtener en su propio beneficio la extensión del periodo presidencial.
Puede decirse que la anterior frase no es exacta, que el presidente candidato va a enfrentarse a otros contendores en una elección libre. Sinembargo, esta contienda viola al menos el siguiente derecho fundamental: el derecho a la igualdad. Cualquier candidato diferente al presidente no contará con el mismo acceso a los medios. Otro candidato -no debe olvidarse que el ejecutivo es un anunciador de peso significativo- no tendrá a su disposición los recursos presupuestales para invertir publicitariamente y, en esta forma, lograr una mayor visibilidad. No tienen los otros candidatos, diferentes al presidente, un arma que en Colombia y en cualquier país de alto índice de desempleo es de gran eficacia: el arma de los nombramientos para funciones internas, y, lo que puede ser aún más apetecible, para el «servicio exterior».
Cuántos electores votaron por el actual presidente, pensando que iba a ser una realidad su promesa de campaña: luchar contra las perniciosas formas de hacer política que emplean los recursos públicos para su movimiento o partido.
Otras cuestionables prácticas son:
– Injerencia indebida del ejecutivo sobre el legislativo para lograr el tránsito de las leyes o las reformas constitucionales. Obsérvese que se menciona la expresión indebida y no necesariamente ilegal. El trámite del acto legislativo que le permite al actual presidente continuar en su cargo luego de vencerse el período para el cual fue elegido, estuvo pródigo en el otorgamiento de auxilios regionales y coincidió con una proliferación de los familiares de los congresistas en los cargos diplomáticos.
– Manipulación del elector. Con justos argumentos la compra de votos es penalizada, y el ofrecimiento de dádivas para obtener la voluntad del elector es práctica rechazada que se había prometido controlar. ¿Cuál es la sutil diferencia que existe entre la entrega de subsidios directos en los consejos comunales, de manos de funcionarios oficiales, bajo la mirada y el enfoque televisivo del presidente, y el ofrecimiento de un tamal o un sancocho para estimular al votante? Tal vez que en el primer caso la entrega de los beneficios corre a cargo del fisco, y en el segundo no necesariamente.
Deterioro del concepto de chequeos y balances
Las democracias modernas buscan limitar los poderes absolutos de cualquiera de las ramas estatales y también limitar la actividad privada para evitar, por ejemplo, la consolidación de monopolios. Con esa filosofía la Constitución del 91 ajustó los periodos del fiscal, del procurador y de los miembros de la junta del Banco de la República para que no coincidan con el del presidente, quien tiene directa ingerencia en la conformación de las ternas para su elección, y en el caso del Banco de la República tiene el poder directo de seleccionar la mitad de sus miembros durante un período. La reelección le permite nombrar la totalidad de la junta del Banco Central, poniendo en peligro su independencia. La posibilidad de obtener la unanimidad de los votos para que el banco apruebe emisiones con beneficios electorales queda abierta.
Por otra parte, la perspectiva de un gobierno de 8 años o más, si nuevamente se reforma la Constitución, hace muy difícil a los legisladores el mantener la total independencia del ejecutivo. Es un desierto muy largo de recorrer.
Corren vientos a censura
Deben causar alarma y estupor las declaraciones de uno de los más altos funcionarios del Estado cuando equipara a la prensa que informa sobre un acto de guerra, o uno terrorista, con los actores de éste y añade que le hace tanto daño al país como el que pone la bomba. Es más sorprendente la anterior afirmación cuando se constata que pocos gobiernos han tenido mayor respaldo de los medios de comunicación como el actual.
La simple lectura de prensa, o el seguimiento de los noticieros, no permite percibir la realidad del conflicto. Dentro de una política de «seamos positivos», más apropiada para conferencias de auto ayuda que de ciencia política o de periodismo profesional, se oculta buena parte de los hechos de guerra. Sorprenden pues los estudios de analistas cercanos al gobierno cuando presentan en foros y en publicaciones especializadas la información más cercana a la realidad y muestran la magnitud del conflicto y señalan, por ejemplo, que ha habido más combates en los primeros 24 meses del actual gobierno que en los 48 del anterior. Centros de estudios alertan sobre el aumento de los desplazados y de los desaparecidos.
Por supuesto que estos ataques a la libre expresión son menos censurables que la voladura de antenas de transmisión que está realizando la guerrilla contra los medios que no son de su simpatía. El país moderno que debe consolidarse lo debe hacer ser sin censura política y con mayor razón sin censura armada.
El modelo del gobierno actual
Causan preocupación las características dominantes del actual modelo de gobierno:
Plutocrático. Las reformas tributarias, sin desconocer la necesidad de financiar adecuadamente al Estado, se han orientado a gravar más los sectores del trabajo, y de este sector, a los más vulnerables. No es explicable, aunque si entendible, que existiendo un déficit fiscal considerable se otorguen incentivos innecesarios a la inversión en activos fijos. La teoría económica muestra que la inversión se realiza para atender la demanda y las exenciones impositivas no son el determinante principal. Las reformas pensionales han afectado a los asalariados de menos ingresos y hasta hoy han dejado intactos los regímenes especiales: Congreso, Fuerzas Militares, Policía, Altas Cortes. Si bien los estudios muestran la necesidad de acometer las reformas pensionales, la justicia distributiva indica que ha debido iniciarse reformando los regímenes privilegiados. La reforma laboral disminuyó el ingreso de los sectores más vulnerables sin que se haya traducido en aumento del empleo. La reducción del desempleo se explica, no por creación de empleo, sino por la disminución de la tasa de participación. Esto se corrobora al comprobar que el número de cotizantes a la seguridad social ha disminuido, permitiendo concluir que el empleo creado es mayoritariamente informal. El número de ocupados entre enero de 2004 y enero de 2005 sólo representó el 58% del aumento demográfico de la población en edad de trabajo. Esto explica la reducción en la tasa de participación. La tasa de desempleo más la del subempleo sigue en niveles del 41.4%, cifra que debe causar alarma. Las explicaciones, en el sentido de interpretar la disminución de la tasa de participación en el hecho de que muchos desempleados dejaron de buscar trabajo gracias a que un miembro de la familia encontró uno bien remunerado, no se compadecen con las cifras de cotizantes a la seguridad social.
Excluyente. La intolerancia de algunos funcionarios oficiales con cualquier asomo de crítica, la satanización de la oposición y de las ONG’s equiparándolas a grupos terroristas y la casi nula movilidad social, unida a las trabas a los mecanismos de participación, al equiparar la protesta ciudadana con la subversión hace recordar las peores épocas del pasado que sirvieron de caldo de cultivo a la guerrilla y la oposición armada.
Monocromático. La Constitución establece que Colombia es un país multiétnico y pluricultural; sinembargo brilla por su ausencia la participación de las minorías étnicas y culturales en los destinos de la administración central. Es un gobierno blanco.
Religioso. La Constitución establece la separación de la Iglesia y el Estado y es explícita al señalar la total igualdad de todas las confesiones y creencias religiosas. Sinembargo el Jefe de Estado en múltiples manifestaciones religiosas, da preferencia a ciertas creencias y las privilegia con respecto a tradiciones no occidentales. En no pocas ocasiones trata de insinuar que la «moral cristiana» debe primar sobre la libre determinación de la persona, por ejemplo en los temas de la educación sexual basada en la abstinencia. Con buen humor un columnista afirma : «Solo falta que la Seguridad Democrática se meta a la cama».
Las anteriores características no serían tan preocupantes si no correspondieran a un modelo de colonización que, de acuerdo con estudios sociológicos e históricos de profundidad realizados por Maria-Teresa Uribe, condujo a la violencia y sembró la semilla del sicariato. Siguiendo a la investigadora se concluye que el modelo de exclusión y rechazo a las etnias indígenas y negras los desplaza a la periferia, y la investigadora acota cómo estos límites coinciden con la historia de los conflictos colombianos del siglo XX: Urabá, Chocó, Magdalena Medio, Córdoba, Nororiente y Noroccidente del Valle y las estribaciones de la cordillera en el Tolima. Salomón Kalmanovitz añade que el problema agrario se desplazó hacia la frontera agrícola en los años 50, con un campesinado mestizo pero bastante independiente que le sirvió de base a la insurgencia. La frontera de exclusión fue un sitio ideal para los cultivos ilícitos y sirvió de catalizador para potenciar financieramente a todos los grupos ilegales.
La política de seguridad es el camino más costoso para reducir la violencia
Dentro de la concepción del «todo o nada» que está permeando parte de la sociedad, se plantea como única forma de derrotar a la insurgencia, la «seguridad democrática», con énfasis en el gasto militar y aún desconociendo derechos individuales.
Es posible reducir los índices de asesinato y mejorar la seguridad sin recurrir solo a las armas y sin necesidad de privilegiar su uso. El caso de Bogotá es importante de mencionar. En 1993 el índice de asesinatos llegó a 80 por cien mil habitantes, superando a Colombia que tenía la escandalosa cifra de 70 por cien mil. En Italia, un país percibido como violento, la cifra comparable es 4, en Argentina 5 y en la Comunidad Europea 2.
La política ejecutada en Bogotá de propiciar cultura ciudadana, de estimular el desarme, la resistencia pacífica, y especialmente en mostrar como un valor negativo el uso y posesión de las armas, redujo el índice de 80 en 1993 a 22 en el 2003. En Colombia el índice evoluciona de 70 en 1993 a 65 en el 2002 y a 50 en el 2003.
Si se estudian los costos económicos del conflicto aparecen alternativas más razonables económica y socialmente para reducir los efectivos de la guerrilla. En la guerrilla la capacidad de remplazo es alta por el reclutamiento que se hace en zonas deprimidas de jóvenes que encuentran en las armas un modo de vida y, lo más importante, una posibilidad de reconocimiento y una forma de resarcirse de la exclusión. Consideran que el arma es una forma de reivindicación frente a los maltratos y a los rechazos familiares y sociales.
El Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el foro Retorno a la Patria, corrobora la anterior apreciación con unas cifras aterradoras: «Sobre un aspecto tan crucial como la participación de menores en el conflicto armado, Jorge Vallés, de UNICEF, contó que en los procesos de reincorporación de menores a la vida civil han encontrado que las principales causas de su incorporación a los grupos armados han sido la pobreza, la inequidad y la existencia misma del conflicto. La mayoría dice haber ingresado entre los 11 y 14 años, el 83% en forma voluntaria y 14% de forma forzada. En una encuesta realizada con menores desvinculados, el 78% manifestó haber visto cadáveres mutilados, el 8% admitió haber matado, el 60% haber visto matar y el 18% haber visto torturar».
La capacidad de recuperación de la guerrilla y de las AUC se pone de presente con las siguientes cifras. Se estima que al iniciarse la actual administración, en agosto del 2002, las FARC tenían 17.000 efectivos y el ELN unos 4.000 y que, de acuerdo con las cifras oficiales, en los años 2002 – 2003 el número de capturados, abatidos y desmovilizados asciende a 17.592. Si a las anteriores cifras se agregan los 5.859 retenidos del conflicto de los 5 meses del año 2004, se concluye que la guerrilla se recompuso totalmente; y no se han actualizado las cifras de mayo de 2004 a febrero de 2005.
La variable más importante para reducir la guerrilla es bajar la tasa de remplazo. Es importante analizar las cifras oficiales del número de guerrilleros capturados. Las estadísticas dan una cifra de 10.221 en el período agosto 2002 – febrero 2004, es decir, un equivalente anual de 6.450. El crecimiento de la efectividad en capturas quedaría representado por comparación con las siguientes cifras: Año 2002: 3.763 y año 2003: 6.967 guerrilleros capturados.
Es bien posible que las cifras oficiales, que conducen al promedio anual de 6.450 capturados, reflejen las capturas masivas de simples sospechosos, las llamadas «pescas milagrosas» y no las detenciones de personas pertenecientes realmente a grupos armados fuera de la ley. El problema con las estadísticas es que no hay cárcel para tanto detenido.
Un estudio de la Contraloría proyectó que si las capturas en el período 2002- 2006 se intensifican a niveles de 2.050 capturados anuales, se requeriría duplicar la capacidad carcelaria, suponiendo también «éxitos» similares en la captura de paramilitares. La cifra oficial multiplica por 3 el anterior objetivo y no se ha triplicado la capacidad carcelaria.
Un estudio realizado en asocio con Diógenes Campos para el Congreso Internacional de Matemáticas, que aplica los modelos dinámicos al conflicto de 3 fuerzas en Colombia permite concluir:
· Los diferentes modelos muestran que la variable más sensible es la tasa de recuperación de la guerrilla.
· El resultado anterior sugiere que actuar sobre esta tasa con el propósito de disminuirla, es mas humano y menos costoso que tratar solo mediante el combate de reducir el número de integrantes de los grupos ilegales.
· Los modelos explican la «tentación» antidemocrática y desestabilizadora de la sociedad de hacer uso de grupos ilegales, en virtud de su mayor «eficiencia», como apoyo a la lucha antiguerrillera.
· Tal como lo afirma Salomón Kalmanovitz: «En vez de pagar impuestos al Estado para que éste monopolice los medios de represión armada, se los pasan a los sistemas privados de seguridad, que no tienen controles sobre su conducta y abusan de su poder, debilitando en el proceso el orden público y desarticulando la sociedad.»
La política de derrotar a la guerrilla priorizando la actividad militar es costosa y puede conducir a resultados no apropiados. Como la guerrilla tiene una gran capacidad de recuperación de sus efectivos puestos fuera de combate, se requiere una política mas apropiada que podría estar formada por la combinación del accionar militar con un «encarecimiento» del reclutamiento de la guerrilla. El simple costo económico de reducir un efectivo a la guerrilla y a las AUC supera los 450 millones de pesos, aún aceptando la hipótesis muy conservadora de que solo el 30% del gasto militar se dirige al conflicto interno. La reducción es por bajas, capturas o desmovilización.
Por su parte, el costo marginal para la guerrilla de remplazar un combatiente es bajo, pues en gran parte se limita al costo del entrenamiento que puede ser 100 veces menor que el costo en que la sociedad incurre para retirarlo como combatiente de la insurgencia. Naturalmente esta hipótesis es cierta bajo el supuesto de que la guerrilla y los paramilitares encuentren un terreno favorable para sus reclutamientos.
Desafortunadamente el terreno favorable al reclutamiento parece existir, aunque está limitado fundamentalmente a 63 municipios. En estos municipios los adolescentes tienen pocas esperanzas de hallar un «destino» que los entusiasme. La guerrilla y los paramilitares les ofrecen reconocimiento, pertenencia y un salario. El reclutamiento se realiza principalmente entre los jóvenes menores de 18 años. Para ellos, como lo muestran diferentes investigaciones, la razón de tomar las armas no es ideológica. La carrera de las armas es exaltada por la propaganda oficial que realza como un valor el uniforme militar y las armas, de tal manera que para muchos adolescentes no es clara la diferencia entre estar en alguno de los grupos armados ilegales o alistarse en el ejército regular.
Puede afirmarse entonces que la propaganda oficial de valorar el uniforme y el arma sirve igualmente a los grupos ilegales para el reclutamiento, ya que realiza el papel de publicidad genérica. Los estudios referidos muestran también que la motivación para enrolarse en el ejército está lejos de ideales patrióticos o defensa del Estado, y que más bien los anima igualmente la posibilidad de encontrar un quehacer.
La necesidad de reconocimiento es tal vez la mas importante motivación para quien ha sufrido humillaciones, desprecio, maltrato. El arma confiere seguridad y poder.
Para complicar la situación, el enrolamiento a asociaciones de delincuencia común es también una forma de tener reconocimiento y vislumbrar un horizonte, aunque esto sea solo un espejismo
A la luz de lo expuesto: ¿Qué es más sensato: retirar a un ilegal alzado en armas, o evitar que ingrese a los grupos insurreccionales? Los programas de guardabosques, la eliminación manual de las hojas de coca o las plantas de amapola, la remodelación de los cascos urbanos, son actividades que apuntan en la dirección correcta en la medida en que se realizan en las áreas susceptibles de proveer los nuevos efectivos a los armados ilegales y crean oportunidades para un trabajo lícito.
En opinión de Javier Fernández, otra forma efectiva de desestimular el reclutamiento ilegal y propiciar el legal es mediante la expansión de los programas de soldados campesinos. En esta forma se les brinda protección o autoprotección contra los armados ilegales, no obstante que éstos podrían atacar militarmente a quienes realicen labores pagadas por el Estado, ya que son muy vulnerables por la escasa preparación y por la penetración de la guerrilla en sus escuadrillas.
Emplear una fracción del costo de retirar a un guerrillero en desestimular el ingreso a los grupos ilegales es tan sensato como prevenir las epidemias con la vacunación, o controlar la malaria mediante el uso del toldillo.
El modelo matemático de reclutamiento muestra que, actuando sobre la población vulnerable, es probable reducir la tasa de recuperación de la guerrilla en forma tal que ésta disminuya en números absolutos.
En conclusión, es posible producir un decrecimiento real de la guerrilla actuando política y económicamente en las zonas más vulnerables del país, en particular del país rural. En esta forma se pueden crear las condiciones para una paz política que no implica -en palabras de Hernando Gómez- una negociación, sino que equivale a «asfixiar» la insurrección con más democracia.
La opinión pública y la «verdad» política
Más apropiado que referirse a las verdades políticas es hacerlo a las «ideas políticamente correctas». Ante los resultados de las encuestas de opinión, las cuales, independiente del sesgo que puedan tener, son favorables a la figura del presidente, aunque no necesariamente a sus políticas, se está desarrollando la hipótesis de que una mayoría legitima cualquier política. Esto puede ser cierto o no. Un rápido repaso nos puede, al menos, hacer dudar de confundir corrección política con mayoría. Tampoco puede afirmarse que las ideas políticas de las minorías (o de la oposición) per se, sean necesariamente correctas. Algunos ejemplos muestran que no hay conclusiones absolutas o universales:
El primer referéndum del gobierno de Pinochet le fue altamente favorable, mientras el segundo lo destituyó.
El nuevo partido nazi en Austria ganó recientemente las elecciones presidenciales.
Hitler tuvo una votación en el referéndum de más del 95% de favorabilidad.
El referendo que dio origen al frente nacional, presentó un tránsito suave de la dictadura a la democracia.
En los años 90 el partido fundamentalista islámico ganó las elecciones en Argelia con la propuesta de acabar con las elecciones y la democracia.
Los ejemplos de popularidad, aún electorales, de demócratas y dictadores muestran que este simple resultado no es un test de corrección política. La aprobación de Uribe se explica en buena parte por la actitud de combatir por la fuerza a la insurgencia aunque en el resto de sus políticas la aceptación de los ciudadanos es menor.
Independientemente del futuro triunfo o no del candidato-Presidente deben garantizarse los derechos de quienes no comparten ese modelo. Le corresponde a las autoridades recalcar la diferencia, para preservar la vida de los opositores, entre oposición armada y oposición desarmada. Mucha parte del discurso oficial no precisa esta elemental distinción.
Los buenos y los malos
Juan Manuel López Caballero, en su artículo titulado «El Terrorismo y el Conflicto Armado» señala: «Es usual que un gobierno tienda a tildar de terroristas a quienes buscan subvertir al Estado, y los subversivos a sindicar de ‘terrorismo de Estado’ la reacción de éste, por lo evidente que es el propósito de manipular con la ambigüedad del término ‘terrorismo’, y de usarlo para objetivos políticos»./ «Ni toda subversión es terrorismo, ni en el caso de que se usen métodos terroristas deja de ser subversión. El ataque a un cuartel militar es un acto de guerra y el rematar a los soldados heridos es un crimen de guerra; pero ni el uno ni el otro son en sí necesariamente actos de terrorismo».
«Al igual que el carácter terrorista es en esos casos complemento o agravante, otro tanto sucede con los conflictos armados: ni quien participa en ellos es necesariamente terrorista, ni por tener propósitos terroristas un conflicto armado deja de serlo»./ «El presidente al utilizar el término «terroristas» vaciándolo de todo contenido jurídico (ni siquiera lo relaciona con el propósito de producir terror) y al omitir cualquier marco de referencia para precisar de qué habla (puesto que no reconoce, ni menciona, ni explica su ausencia de los códigos humanitarios o su tipificación en nuestro ámbito al usarlo) lo que hace simplemente es volverlo sinónimo de «los malos» sustituyendo una palabra por la otra».
«Esto corresponde a una visión -pero también a una estrategia-, que divide el mundo entre los «buenos» y los «malos», según la cual la función de los primeros es erradicar a los segundos, según la cual para eso se tiene la fuerza y el poder, y es mediante ellos que puede lograrlo, según la cual el fin justifica los medios, y por lo tanto códigos, principios, y en general las instituciones Políticas, de Derecho, o Humanitarias cuando son obstáculo para ese propósito deben ser desatendidas y/o reformadas y, obviamente, según la cual uno es el representante de los ‘buenos’ y quien tiene esa ‘misión’ en la vida» (hasta aquí Juan Manuel López Caballero)
El mensaje que debe recibir la sociedad, si se quiere condenar al terrorismo, es que su condena se haga independientemente de donde provenga. Así puede afirmarse que el bombardeo a una población con el argumento de que allí se esconden subversivos es un acto terrorista, la captura masiva sin orden judicial que aterroriza a la población, ¿cómo llamarla? ¿El fuego amigo que confunde bebés de brazos con guerrilleros no es también una acción que atemoriza a la población? Como son, y con razón deben censurarse, por ejemplo, la destrucción por el ELN del corregimiento de Machuca, el ataque a la iglesia de Bojayá por las FARC, el atentado al club El Nogal, y tantos otros ejemplos cuya simple enumeración nos aterra.
Igualmente debe condenarse cualquier violación al derecho de gentes, independiente de quien la realice. El asesinato fuera de combate no admite «parvedad de materia», por eso asusta el recibimiento de casi héroe que se le otorga a un guerrillero que mató a sus 8 compañeros mientras dormían para poder huir y entregarse al ejército. Parece que en buena hora la Fiscalía trata de corregir esta aberración.
Señores becarios, ustedes representan una élite intelectual con los privilegios y responsabilidades que ello conlleva. Deben actuar como catalizadores de las discusiones sobre nuestro devenir sociopolítico. Su papel, como lo dice Eco, no puede limitarse a llamar a los bomberos cuando hay un incendio, sino que tendrán que tomar las medidas para prevenirlo.
No creo necesario repetir que no aspiro a que ustedes compartan los anteriores planteamientos, pero sí a que se debata, se propongan alternativas, o se acepte como el modelo político más apropiado, el que se proclama desde las esferas oficiales.