Crisis en el paraíso: entre la debacle en La Haya y una dura realidad
Una isla rodeada de agua pero sus habitantes sufren por una escasez aguda del líquido. ‘Sí hay agua para los turistas’, declaró triunfante el vice-ministro de Aguas y Saneamiento Básico (Carlos Correa). ¿Y para los residentes qué? La escasez afecta mayoritariamente a los sectores raizales y residentes de bajos recursos. La distribución del agua para nada es democrática, la prioridad son los hoteles. Los residentes reciben lo que queda; llevan soportando la escasez desde hace 50 años. La crisis ha tocado fondo y el gobierno reacciona frente a las protestas. Los conflictos del agua, que se supone son cosa del Medio Oriente y del África, han llegado a nuestro propio paraíso.
El gobernador del archipiélago ha declarado el estado de calamidad ante la grave sequía que ha acentuado la escasez que ya lleva muchos años, exactamente desde principios de los 1960s cuando el Puerto Libre entró en vigor y comenzó la llegada masiva de gente a establecerse en las islas.
Las islas dependían de sus fuentes naturales de agua y de cisternas domésticas de almacenamiento que cubrían holgadamente la demanda. Pero después de los 1960s nunca ha habido un enlace o balance entre el aumento de la población y un naturalmente necesario pero no dado aumento de la oferta de agua. En los 1990s se estimaba que las islas solo producirán alrededor del 40% de lo necesario. Hoy día los acuíferos no solo se reducen por la sobre explotación sino que se contaminan por las aguas residuales que se filtran hacia ellas. Una cruda y grotesca realidad. Y la población sigue aumentando, poniendo más presión sobre todo eso y más.
A pesar de los numerosos estudios (bastante costosos, por cierto) buscando una solución, que parecen repetir lo obvio una y otra vez, la capacidad instalada de desalinización, nada se ha hecho. Uno de esos estudios alcanzó la astronómica y escalofriante suma de 3.890 millones de pesos, casi un 2 % de los 70 millones de dólares del préstamo externo del BID que el gobierno adquirió para invertir en las islas tras el fallo de La Haya del 2012.
Resulta increíble que después de 50 años aún no se ha podido solucionar algo tan simple, sobre todo porque existen nuevas y sofisticadas tecnologías para depurar y desalinizar el agua y también para racionar y optimizar su uso. El momento parece haber llegado y se percibe que los locales no van a dar su brazo a torcer. Hay anuncios oficiales prometedores.
A los turistas les llega el agua sin falta en los hoteles; a los que viven en San Andrés les llega de vez en cuando, a algunos casi nunca. El nuevo esquema de distribución acordado con las autoridades locales para calmar las recientes protestas es que habrá agua cada 20 días. Hay hogares en San Andrés donde no llega el agua desde hace más de 10 años, algunos dicen que desde hace 30 años. Hasta hace poco a algunas casas de Providencia no les llegaba agua hacía 4 años, a pesar de que la represa de esta isla ha permanecido llena. Providencia tiene agua pero el sistema de distribución a los hogares es inadecuado, a pesar de una inversión millonaria en los últimos 10 años.
San Andrés nunca ha logrado un punto de equilibro entre su población y su capacidad de carga o su oferta de servicios públicos. Sus habitantes siempre han sufrido por uno u otra cosa. Ahora es lo del agua pero hubo una época en que la luz escaseaba, aunque hoy día es de las más costosas del país.
Al igual que la solución de la escasez de agua por desalinización, existen muchos proyectos abandonados; algunos se concluyeron pero no marcaron diferencia alguna; hay otros donde se ha gastado mucho dinero sin haber tocado siquiera la superficie del problema que buscaban atender; como el alcantarillado de Providencia, que consiste finalmente en sólo un tubo alrededor de la isla, sin una planta de tratamiento, sin una sola instalación a una sola casa. Las inversiones públicas tras el debacle de La Haya del 2012 se suponen que atenderían los incontables serios problemas. Esto no ha sido así.
En los ojos de los raizales y de muchos isleños no raizales, el Estado colombiano ha perdido legitimidad por no haber asegurado un buen resultado en La Haya y de alguna manera por hacer sido en parte responsable de la debacle del 2012. Esta percepción aún sigue porque no se han logrado solucionar muy serios problemas, acentuado todo porque se ligó lo de La Haya con soluciones concretas que no se han dado hasta ahora. Esta pérdida de legitimidad (resquebrajamiento de la legitimidad, dependiendo de donde se observa) no augura bien y ha dado mayor ímpetu a visiones radicales que abogan por un replanteamiento de las relaciones político/administrativas del Archipiélago con Colombia.
Replanteamientos y medidas de choque
¿Qué pasa en San Andrés? La isla parece estar a la deriva. Parece un polvorín a punto de explotar. Lo del agua es solo la punta del iceberg. Hay muchos desequilibrios y contradicciones y estos se vuelven cada vez más crónicos.
La isla parece tener un futuro incierto. No solo se quedó sin aguas territoriales relevantes sino también sin agua potable. Las amenazas vienen de todos lados, hasta desde La Haya, donde se supone que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iba a emitir un fallo que le fuera justo a las islas. Su mandato le obligaba a hacerlo. No lo hizo. La sobrepoblación ha llegado a puntos críticos no sólo en lo medioambiental; lo raizal tradicional ha sido desplazado y se ha impuesto una cultura ajena. Los raizales somos minoría, luchando por sobrevivir; estamos siendo absorbidos por el continuo proceso de ‘creolización’ o la imposición cultural dominante de la costa norte colombiana. Es muy factible que en dos o tres generaciones dejemos de existir.
La naturaleza de las islas no aguanta más. El deterioro es evidente. El frágil ecosistema sufre por las presiones derivadas del turismo. El aumento de la oferta hotelera amenaza muchas cosas y absorbe toda el aumento de la capacidad instalada, en detrimento de las demandas de los residentes. Las zonas raizales y de barrios tuguriales (sí, también existen en el paraíso) y de invasión no tienen alcantarillado Algunos sectores ni siquiera tienen acueducto.
Pero los residentes son mano de obra y consumidores que mal que bien hacen un aporte a la economía de las islas. Los turistas también. ¿Por qué entonces se cuestiona y se controla la llegada de residentes pero en cambio se promueve la visita de turistas si sumados el tiempo de permanencia de estos últimos se asemejan al de un residente permanente y también ejercen presión y degradan lo poco que hay, tal vez más que alguien ligado permanentemente a la isla que puede ser mas propenso a cuidarla?
El deterioro ambiental y cultural y la sobrepoblación no son lo único que destruyen a San Andrés. Hay fricciones inter-comunitarias e inter-étnicas y una dramática situación de inseguridad, ligada al narcotráfico, cuyas garras han estado carcomiendo el tejido social de la isla, hasta el punto de que ha cobrado muchos muertos y hay muchos jóvenes isleños raizales que han terminado en la cárcel. Hay sectores de la isla donde la Policía no se atreve a ir. El narcotráfico ha sido un escape fácil frente al desespero de muchos jóvenes de enfrentarse a un futuro incierto sin trabajo.
La emigración ha sido otro escape. Las islas expulsan a su propia gente mientras atrae a los de afuera. Estimativos informales aseguran de que hay más raizales en la diáspora que en las islas mismas. Todos tenemos mínimo uno o dos familiares viviendo en los Estados Unidos. Los profesionales casi no vuelven a las islas a trabajar anta la falta de oportunidades.
Desde 1993 existe una control poblacional para residentes temporales y permanentes, pero esto no ha solucionado el problema de sobrepoblación. Sectores raizales hablan de medidas de choque para sacar gente ilegal de las islas. Los jueces, las tutelas y la falta de presupuesto lo impiden.
Se habla de limitar la llegada de visitantes a las islas y como parte de este proceso se va a doblar el costo de las tarjetas de turismo. Se habla también de re-formular el modelo de desarrollo de las islas, de re-potenciarlo, basado ahora en un turismo sostenible, limitado y no degradante. Los gobiernos nacional y local están de acuerdo. Los gremios muestran interés pero no mucho entusiasmo.
San Andrés y Providencia son un paraíso para muchos, pero no lo son siempre para los locales. Las visitan casi un millón de turistas al año y según algunas fuentes atraen alrededor del 20% del turismo nacional. Casi todos los colombianos quieren pasar vacaciones en ellas. El aumento del turismo mundial y hacia Colombia las ha beneficiado enormemente y desde el ángulo turístico han sido un éxito total. Los hoteles tienen una ocupación anual promedio superior al 70%.
Sectores raizales, que se sienten desplazados en su propio territorio histórico, hablan de replanteamientos, pero de las relaciones de Colombia con las islas, de cambiar el status quo y el enlace político-administrativo con Colombia.
El artículo 310 de La Constitución señala que el archipiélago debería regirse por normas especiales ‘en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico’. Faculta al legislativo y al ejecutivo para dictar medidas especiales que regulen ‘el uso del suelo, someter a condiciones especiales de enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el medio ambiente’. Muy poco se ha hecho. Pero las presiones de sectores raizales para lograr desarrollar esas normas y para soluciones concretas a sus problemas aumentan cada vez más.
Si por lo menos se solucionaron los problemas de las islas, lo del fallo del 2012 sería más manejable y digerible para todos. La mejor forma de hacer soberanía y de mitigar los efectos de dicho fallo sería mediante la solución de agudos problemas locales. La falta de soluciones concretas impulsan opiniones autónomas y separatistas. Tras el fallo hay mas isleños raizales que quieren que la islas se separen de Colombia. Las islas no están interesadas en acercarse políticamente a Nicaragua, pero sí a tener un mayor nexo social y económico con la parte Caribe de dicho país. Algo nada despreciable porque esa parte fue colombiana y los raizales tenemos familiares en Corn Islands, distantes a solo 25 minutos de vuelo desde San Andrés, la misma distancia que de San Andrés a Providencia.
La Haya, una panacea
Para muchos la decisión de la CIJ del 2012 iba a ser un momento clave para que el Estado central atendiera los crónicos problemas locales de servicios públicos, de pobreza, de sobre población, de deterioro ambiental. Se han hecho anuncios millonarios de inversión. Aún falta mucho por invertir. Pero lo que ya se invirtió no ha incidido mucho en el desarrollo de las islas. La inversión parece favorecer más a los contratistas, casi todos de fuera de las islas. La Haya no va a ser determinante en que las islas obtengan soluciones a crónicos problemas de fondo.
Las aguas ‘perdidas’ eran de facto de los raizales por haberlas usado por más de 300 años para su sustento económico. No eran de jure de los raizales y por ende colombianas porque Colombia no tenía, según La Haya, documentos que probaran soberanía como tampoco, increíblemente, el país había emitido una norma que señalara la composición mar/tierra del archipiélago. Ello solo se dio en el 2013 con el Decreto 1946.
El principio de uti possidetis juris quedó corto en cuanto a reconocernos las aguas y el tratado Esguerra Bárcenas no incluyó el componente de delimitación marítima (el Meridiano 82 fue mencionado en una nota diplomática, por lo cual La Haya la rechazó como punto de frontera y terminó usando la línea media equidistante y subsecuentes ajustes hacia el este para compensar a Nicaragua y poder entregar un ‘resultado equitativo’). Las actividades económicas de los raizales sobre esas aguas por más de 300 años fueron completamente ignorados por los jueces en La Haya. ¿Dónde está entonces el ‘resultado equitativo’?
Con la debacle de La Haya se esperaba por lo menos soluciones concretas y duraderas. En el afán de hacer algo para los isleños tras el desespero y la depresión por haber perdido el entorno marítimo de las islas que era para ellos como Monserrate es para los bogotanos, el mismo gobierno central hizo la conexión entre el fallo y las soluciones y se crearon muchas expectativas entre los locales que terminaron desinflados porque poco ha cambiado.
Hay mucha inversión en camino y mucha ya ha concluido, pero a casi 4 años del fallo del 2012, no mucho ha pasado. Los dictados desde lo alto se diluyen al pasar por el proceso de control burocrático y al ser absorbidos por intereses políticos y económicos. Los contratistas se benefician, los locales no mucho. Las islas desde luego necesitan más obras pero también necesitan menos cemento y más planes concretos para generar empleo y elevar el nivel de vida de la gente. En el paraíso también hay pobreza, extrema pobreza, hacinamiento, desespero.
Las islas sufren por ser parte de un país donde la administración pública no es eficiente y donde a veces las inversiones se orientan más por los intereses políticos y los de sectores económicos ligados a lo político, lo cual ha resultado en que las millonarias inversiones no terminan favoreciendo a la comunidad.
El ‘alcantarillado’ de la isla de Providencia lo demuestra: una multimillonaria inversión que solo entregó un continuo tubo alrededor de la isla, sin una planta de tratamiento, sin una sola instalación a una sola casa. Muy macondiano. La idea del alcantarillado de Providencia fue descabellada desde un principio y fue concebida desde las oficinas públicas de Bogotá sin tener en cuenta las particularidades locales que históricamente han solucionado sus problemas de residuos sanitarios a través de pozos sépticos y otras soluciones in situ.
Esto muestra el otro problema que obstaculiza el desarrollo de las islas: el control y manejo de decisiones desde la capital sin tener en cuenta la opinión y las prioridades locales. Aún prima desde Bogotá el esquema de los extintos ‘Territorios Nacionales’. Esto, sin embargo, ha tenido un giro radical y un nuevo desarrollo toda vez que grupos sociales locales, amparados de decisiones de la Corte Constitucional que obligan al Estado a consultar a comunidades étnicas cuando alguna inversión se hace en su territorio, han logrado obstaculizar avances de inversión pública. Esto, sin embargo crea otro problema de inversión pública y por ende en principio la solución de problemas. Otro círculo vicioso que se une a los tantos ya existentes. San Andrés se enmarca siempre en el esquema de ‘crab antics’ (‘la estrategia del cangrejo’) que acuñó el célebre antropólogo y sociólogo Peter Wilson. Una solución viene emparejada con un obstáculo y la creación de más problemas.
En busca de una identidad y de un modelo de desarrollo sostenible
San Andrés no solo pierde su identidad. Ha perdido un rumbo. Está en busca de un alma, de un modelo socio-económico con un futuro que le asegure un desarrollo sostenible, y de una identidad donde el componente raizal haga parte primordial del modelo de desarrollo. Busca recuperar su ser, su identidad. De no lograrlo, de no parar su deterioro, la isla quedará literalmente como un desierto y un caos urbano en la mitad de la reserva mundial de la biósfera.
Pero detrás de esto hay dos desarrollos importantes. En primer lugar los grupos sociales han adquirido un protagonismo mayor como resultado de decisiones de la Corte Constitucional y amparados e impulsados por el desastre de La Haya. Ya nada se hace en las islas sin el consentimiento de estos grupos y de la opinión pública, que se han convertido en verdaderos veedores y fiscalizadores. La contratación pública aún permanece fuera de sus alcances porque mucho se hace a puertas cerradas. De otro lado, existe un reconocimiento tácito de lo que estos grupos quieren: el reconocimiento de que lo raizal debe ser preservado porque es riqueza de la nación y de que las islas son territorios étnicos de los raizales.
El ejecutivo ha rehusado tratar a las islas como ‘territorio raizal’. Esto en parte ha obstaculizado el avance del ‘Estatuto Raizal’. La Corte Constitucional ya lo ha hecho pero el gobierno y el legislativo han sido mas reacios a aceptarlo porque podría traer consecuencias importantes (a favor de lo raizal) pero posiblemente desestimularía la inversión y se temen problemas con respecto a la tenencia de la tierra en San Andrés, donde los no-raizales se han apropiado (legalmente en su mayoría) de las mejores tierras comerciales. La Constitución permite legislar para limitar la enajenación de bienes inmunes en las islas (ya existe un exitoso esquema en Providencia que ha pasado el filtro constitucional; no ha impedido la inversión privada).
La idea es que los raizales dejen de perder el control sobre su espacio, su territorio. Lo oficial y los intereses económicos en las islas son escépticos y temen un freno a la inversión y el deterioro de la economía local. Los raizales lo buscan como una forma de control y recuperación de su entorno como esencial para fortalecer su identidad y recuperar elementos culturales perdidos.
El proyecto del censo agropecuario, abandonado por funcionarios del orden nacional ante la insistencia de los raizales de incluir de que el territorio de las islas es territorio raizal, es una muestra del nerviosismo que el tema causa a nivel gubernamental. Pero es algo ya reconocido por la máxima Corte del país. Además, se preguntan los raizales, ¿por qué para nosotros no se aplican las normas y esquemas de administración pública sui generis que sí se aceptan para los otros grupos minoritarios étnicos en el país?
Esto de las islas como ‘territorio propio’ raizal en todo caso ya ha sido aceptado en la Sentencia C-053 de 1999 de la Corte Constitucional: ‘El territorio propio de la comunidad nativa del archipiélago lo constituye las islas, los cayos e islotes comprendidos dentro de dicho espacio territorial’. La Sentencia C-530 de 1993 reconoce que la cultura de las personas raizales de las islas es diferente a la del resto del país y por tanto esa diversidad debe ser ‘reconocida y protegida por el Estado y tiene calidad de riqueza de la Nación’. La Sentencia C-454 de 1999 re-afirma lo anterior. La T-800 del 2014 reconoce como el ‘territorio propio’ del pueblo raizal ‘toda la jurisdicción del Departamento Archipiélago’.
Son desarrollos importantísimos que si se manejan bien pueden ayudar a recuperar la identidad, control territorial y elementos culturales de la etnia nativa raizal que ha habitado las islas continuamente desde hace 300 años.
Lo anterior es muy significativo para la comunidad raizal porque es una luz de esperanza frente a la realidad de que San Andrés pierde su identidad, su naturaleza que la hace atractiva y frente a la sensación de abandono y percepción de mayor interés estatal en la economía del turismo que en ellos. Ante todo esto, algunos quieren ser independientes, otros quieren autonomía. Pero la gran mayoría solo quiere que Colombia invierta bien para solucionar sus problemas.
Además de todo lo anterior, hay muchas normas orientadas a buscar recuperar y respaldar lo raizal pero desafortunadamente no se respetan ni se aplican. El idioma oficial en las islas es el inglés local (referido como un ‘creole’, pero es más un inglés estándar caribeño igual al que se habla en Jamaica y en otros lugares anglófonos del área). La Constitución reconoce que en las islas el inglés local prima sobre el español, pero las entidades públicas no lo respetan y muchos solo atienden en español. Algunos raizales a su vez desafían esto y en entidades oficiales como juzgados o ante la policía solo hablan en inglés, todo amparado en un derecho constitucional.
La Ley 47 de 1993 obliga a que toda persona en el sector público de las islas debe hablar los dos idiomas, pero hasta las entidades nacionales han tratado de ignorar esto. El Decreto-Ley 2762 de 1993 ordena que funcionarios del orden nacional deben adquirir un permiso de residencia temporal de la autoridad de inmigración de las islas, la OCCRE, para trabajar en las islas, pero esto también ha sido desafiado por algunas entidades nacionales en varios casos. Las protestas de líderes raizales han forzado a estas entidades a revocar esos nombramientos, lo cual resalta el mayor protagonismo de los raizales en el proceso político local.
La visión desde las islas es de que hay muchas cosas que beneficiarían lo raizal que el ejecutivo y el legislativo no quieren hacer avanzar. En Bogotá culpan a los raizales alegando que no presentan un frente común y no han presentado propuestas adecuadas, realistas, consistentes o que se ciñan a las normas nacionales. Los raizales alegan que son argumentos que se esgrimen desde Bogotá para no hacer nada por temor de que se resquebraje la soberanía nacional en las islas y por temor a otorgarle más peso a los raizales y a la cuestión raizal.
El futuro: La Haya y un serio problema de soberanía
La Haya ha sacado a flote un problema de soberanía de la comunidad nativa raizal vis-à-vis Colombia. Algunos sectores locales nunca han estado de acuerdo que las islas pertenezcan a Colombia y al tocar fondo los problemas locales han culpado al país de los mismos y de alejarlos de los medios de producción como una de las formas de ejercer soberanía nacional. La Haya hizo más fuertes las voces que llaman a una redefinición de las relaciones de las islas con Colombia.
Desde principios del siglo XX ha habido voces locales llamando a un mayor acercamiento a otros países ante el distanciamiento y abandono del Estado central. La respuesta ha sido un mayor control desde la capital y la formación y empoderamiento de un élite local que respalda y nutre el proceso de ‘colombianización’, unido a la formalización de una educación pública basado en el currículo nacional.
Bien entrado el siglo XX las islas siguieron dependiendo económicamente más de Panamá y los Estados Unidos que del país pero cambios en la orientación comercial y problemas locales en la producción agrícola dejaron que entraran en crisis. La crisis mundial de los 1930s y luego la Segunda Guerra Mundial sellaron un punto de baja que se intentó rescatar con la introducción del Puerto Libre en 1959. Sin embargo, el puerto libre fue un arma de doble filo para las islas.
Si bien la actividad comercial y económica mejora se dio un rápido desplazamiento de los locales del control de la economía y con esto se da inicio a un modelo de explotación degradante y la pérdida de los nativos de sus tierras, al tiempo que se da el deterioro cultural y lingüístico que vino a unirse al serio deterioro causado por las actividades de evangelización y ‘colombianización’ de principios del siglo. Los isleños comenzaron seriamente a perder su identidad. Pero no todas aceptaron esto y montaron una defensa monumental de rechazo y desafío a lo colombiano con un grupo separatista que fue cruelmente suprimido por el Estado. El líder del grupo tuvo que pedir asilo político en los Estados Unidos, donde falleció por temor a volver, y muchos de los miembros del grupo desaparecieron. Reportes de la época señalan que algunos salieron a pescar y no volvieron.
Luego vino el reclamo oficial de las islas por parte de Nicaragua. Esto llevó a una política de soberanía donde lo raizal fue ignorado por completo y en el gobierno de Turbay Ayala se le quiso aniquilar del todo. Este proceso representó un significativo aumento del pie de fuerza en las islas. Lo paradójico es que lo raizal nunca se alineó con Nicaragua para efectos de soberanía.
Los fallos de la CIJ del 2007 y 2012 sellan la cuestión de soberanía de las islas a favor de Colombia, pero el país aún no ha ganado el corazón de todos los raizales. Nicaragua hoy día se inclina del lado de grupos raizales y les facilita un mayor acercamiento, aunque para muchos esto es una jugada estratégica para ganarse el corazón de los raizales y de paso alejarlos de Colombia (con tácticas como ofrecimiento de ciudadanía nicaragüense). Los raizales colombianos solo buscan un acercamiento con similares raizales en Nicaragua.
La Haya resalta un latente y serio problema de soberanía que Colombia no admite públicamente pero que está detrás del aumento considerable del pie de fuerza en las islas y el fuerte control que se hace a líderes y formadores de opinión locales, tal como documentos del DAS que salieron a la luz pública pudieron confirmar.
Desde los 1970s ha habido una tendencia separatista y/o autónoma estructurada. La Haya ha hecho que se haya fortalecido y los problemas sin resolver hacen más factible que esta tendencia se acentúe. Esto es respaldado con el argumento de que Colombia no ha servido a los raizales y que la precaria e insatisfactoria defensa en La Haya y la no inclusión de raizales en el equipo de defensa lo dice todo. Por eso algunos consideran imperativo redefinir el esquema político-administrativo y las relaciones con Colombia.
La Haya ha facilitado la salida a la superficie de serios problemas de soberanía interna. De allí el nerviosismo que se percibe en círculos oficiales cuando tocan el tema raizal. De allí que no han querido avanzar el ya demasiado prometido ‘Estatuto Raizal’. De allí que se mantiene poco interés en hacer avanzar lo raizal por parte del ejecutivo a pesar de los avances logrados en la Corte Constitucional.
Los problemas internos de soberanía pueden volverse un verdadero dolor de cabeza dependiendo de lo que se falle en La Haya en el futuro, y lo de ahora puede palidecer frente a lo que pueda venir. De otorgar la CIJ más aguas a Nicaragua podía darse la situación crítica donde las islas pueden quedar desconectadas de Colombia, posiblemente enclavadas en aguas nicaragüenses, el objetivo primordial de Nicaragua. Esto crearía un serio problema de soberanía por lo que puede ahondar las actitudes autonomistas y separatistas. El efecto sicólogo de quedarse como un enclave en la mitad del Caribe puede profundizar el resentimiento hacia Colombia y esto a su vez puede dar mayor ímpetu a las tendencias autónomas y separatistas.
Los raizales y los otros: fricciones y realidad multicultural de las Islas
San Andrés hoy día no sólo es un potpourri de problemas pero de gente y culturas que han dejado sus huellas. El resultado de todo esto ha sido el paulatino deterioro socio-cultural de la comunidad nativa raizal que ahora es una minoría en su propio territorio histórico. Mientras para algunos el entorno cultural se ha enriquecido con la llegada de gentes de origen multicultural, otros lo ven como un genocidio cultural contra lo raizal. Lo cierto es que se ha perdido mucho de una rica cultura caribeña que lleva años formándose y que ahora es considerada riqueza de la nación con obligación estatal a ser protegida.
La convivencia multicultural en un espacio reducido ha generado conflictos étnicos y comunitarios, que por fortuna no han tenido un reflejo en la clase política o en una división política seria a lo largo de líneas étnicas. En las elecciones pasadas de gobernador esta división se quiso explorar pero por fortuna el candidato que lo hacía no quedó elegido.
Casi toda la inversión pública en lo social se destina a lo raizal, pero existen serios problemas sociales asociados con los inmigrantes de la costa norte colombiana que se han asentado en la isla y que son ignorados. Muchos han nacido en la isla y la consideran su hogar. Muchos no saben a dónde pertenecen: no son costeños pero tampoco los consideran raizales. Esta crisis de identidad no beneficia a las islas y muchos de los problemas de inseguridad y de drogas se asocian a estos grupos que no encuentran espacio en la complicada y poco flexible estructura social y económica de las islas. En los últimos años ha habido voces provenientes de estos sectores reclamando sus derechos. Algunos sectores nativos manejan una retórica que implica el desconocimiento de los mismos en relación sobre todo al derecho de quedarse en las islas. Esa retórica asocia derechos y oportunidades con un perfil étnico. Esto no augura bien ni es saludable ni justo.
La visión de las islas en un futuro tiene diferencias marcadas entre las diferentes comunidades. Los isleños raizales tienden más a buscar una mayor autonomía para las islas (y para algunos una total independencia) mientras que los de origen continental, con la gran mayoría de raizales, abogan por un mayor acercamiento a Colombia a través de mejora de los problemas vía una mayor y más eficiente inversión pública
A manera de conclusión
El problema de La Haya sin duda ha puesto a San Andrés en una mejor posición para beneficiarse de la inversión pública nacional. Pero la inversión pública en las islas es un problema de eficiencia y control. San Andrés tiene una inversión pública per cápita relativamente alta (sobre todo contrastando esto con su poca base de recaudo tributario, lo cual implica una enorme transferencia fiscal desde Bogotá), pero es uno de los sitios con mayores problemas de servicios públicos. De manera que el Estado central debe mejorar sus mecanismos de entrega de resultados a través de la inversión pública.
El equipo legal pre-Santos con miras al fallo del 2012, liderado por Julio Londoño Paredes, cometió muchísimos errores. Tal vez el mayor fue no hacer insistido en los derechos históricos que la población nativa raizal de las islas tenía sobre las áreas marítimas que la CIJ le reconoció a Nicaragua. El mismo vicepresidente de la CIJ ha dicho recientemente de que Colombia omitió siquiera mencionarles esto y de que hubieran incorporado esos derechos en el fallo del 2012 de haberlo sabido.
Resulta increíble esta omisión, habida cuenta de que en los últimos años la Corte ha sido bastante receptiva de los derechos de comunidades étnicas sobre territorios en disputa. La omisión, sin embargo, es un reflejo de la absoluta indiferencia de la burocracia central de la opinión y los intereses de las islas. Ni siquiera se incluyó a expertos locales en el equipo de La Haya.
Todo esto causó mucho resentimiento hacia Colombia cuando se percataron los locales de que se perdieron muchas aguas. Le echaron la culpa a Colombia y de allí el mayor interés del gobierno central en atender los problemas. En retrospectiva, fue un cálculo mal hecho porque de haberlos incluido seguramente la reacción desde las islas hubiera sido menos fuerte.
A pesar de la rabia y descontento hacia Colombia, ese intento de acercamiento de Nicaragua hacia los raizales no se reflejó en un interés raizal en hacer parte de ese país y muchos ven a Nicaragua más bien como el responsable de la pérdida de las aguas y como un país poco amigo pero oportunista que intenta abrir una brecha entre la comunidad nativa y Colombia a su favor.
Colombia por fin ha aceptado incluir a isleños en el equipo de defensa. Algo que puede resultar muy tarde, pero es la única salida para poder impactar en La Haya en el hecho de que la Corte vulneró los derechos humanos de la etnia raizal con el fallo del 2012.
Entretanto, las islas esperan otra vez con angustia un nuevo fallo con respecto a las dos demandas por incumplimiento y por la petición de Nicaragua de que se le reconozca una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas otorgadas en el fallo del 2012, algo que le puede implicar la pérdida de más aguas al archipiélago, aunque estas más cerca a la Costa colombiana.
Pero la cuestión de La Haya aparte, las islas esperan respuestas a sus problemas. Algo grave pasa porque hay mucho dinero en camino y mucho se ha gastado, pero no se ven mejoras. Toda la política gubernamental hacia las islas parece ser coordinados por dos o tres personas en Bogotá que no han acertado hasta la fecha en muchas cosas, ni siquiera en tener una óptima lista VIP cuando visita el presidente a las islas. Tampoco existe una coordinación adecuada entre las distintas entidades gubernamentales nacionales, ni entre ellas y las locales, y los isleños resienten cuando visitan funcionarios de la capital a darles instrucciones o a escuchar sus opiniones porque alegan que luego nunca se toman en cuenta. Las vistas a veces las ven como algo condescendiente. La Gobernación de San Andrés ha sido en cierta medida desplazada en la toma de decisiones, lo cual no es adecuado porque allí es donde se conoce mejor los problemas de las islas.
La protesta contra el Presidente Santos en su visita del 18 de marzo a San Andrés no solo muestra los sentimientos locales hacia el manejo de los asuntos en La Haya por parte del gobierno. También muestra el rechazo por la forma como asuntos de las islas se manejan desde la capital, donde no parecen entender el sentir de los locales ni el sentimiento de desespero de haber perdido sus aguas ancestrales. Está bien mitigar los daños con obras y soluciones, pero éstas no llegan, a pesar de los anuncios que solo generan expectativas y buena prensa para el gobierno pero que a la larga generan más frustraciones en las islas.
La inversión pública necesita ser re-orientada para atender problemas sociales precisos, generar empleo, y no estar destinados a satisfacer más a los contratistas Las islas necesitan soluciones a asuntos sociales, culturales y económicos. El gasto público no solo debe ser re-orientado. Debe haber mecanismos para asegurarse de que la millonaria inversión que se espera realmente llegue a beneficiar a los habitantes de las islas y no terminen esfumados. Debe haber más control ciudadano sobre el gasto millonario.
En cuanto a la cuestión étnica, el Estado central debe buscar un forma de atenderlos. Hasta la fecha ha prometido un ‘Estatuto Raizal’ que codificaría todas las demandas de los raizales. Pero ha estado estancado desde hace un buen rato. El borrador del Estatuto ha sido calificado desde un manual de cómo no hacer nada hasta una constitución para un república independiente. El problema de fondo es que desde Bogotá no se ha definido hasta donde se va a otorgar la autonomía a las islas que los locales quieren que quede plasmado en el Estatuto, aunque es entendible que el Estado central debe balancear esto con no perder soberanía sobre las islas y con respetar los derechos de los grupos étnicos no raizales en las islas.
La Constitución colombiana abre la posibilidad de que por la particularidad de las islas se otorgue cierto nivel de autonomía para ciertos asuntos (algo ya desarrollado para el control poblacional), pero no se ha hecho en otros frentes. El problema aquí es que grupos de reivindicaciones sociales raizal esperan que esto avance mucho pero el gobierno central ha estado reacio ante el temor de facilitar un resquebrajamiento de la institucionalidad y soberanía colombiana en las islas, aunque en esto los grupos locales tienen algo de culpa porque no están unidos y porque a veces han presentado propuestas contradictorias y no realistas o que no se ajustan al orden legal y constitucional colombiano.
Debe haber mas diálogo entre las instancias nacionales y locales. No parecen entenderse. De otro lado, San Andrés estará contenta cuando se cuadre este dilema y cuando se atienden las necesidades más allá de las del turismo. Hay una vida local más allá de un muelle turístico. Las islas también son de los locales, no sólo de los turistas.