La gestión cultural independiente y la política cultural pública
Este periodo de tiempo que nos tocó en suerte vivir, esperanzador y lleno de simbolismos, ha obligado al sector cultural y sus gestores a participar de los procesos de reflexión que se abren a partir de la construcción de este proceso de paz y sus implicaciónes en el post-acuerdo.
La cultura ya no es referida apenas a las artes y su consumo, más bien se ha reconfigurado como un lugar desde el cual luchar por nuevos y mejores proyectos de vida colectivos, sin excluir los conflictos programáticos, teóricos y políticos. Aparecen nuevas dimensiones para una cultura democrática por espacios y tiempos de libertad y creatividad.
La creación contemporánea especialmente la de los mundos juveniles, étnicos y de género, la de aquellos espacios que desde las disidencias intentan hacerse visibles, nos dan cuenta de la erosión en el fondo de las estructuras sociales contemporáneas. Se les puede ver y escuchar en los nuevos movimientos estudiantiles y en la de los ciudadanos por una economía solidaria y puesta al servicio del desarrollo humano. Estos ruidos del tiempo mundial actual, no son solo los de la revolución de la economía, sino, como señala Patricio Rivas “ circularmente de un modelo de civilización que puede pervivir mucho tiempo más en un tipo de decadencia que golpee mucho a los que tienen poco y lentamente a los que tienen mucho”.
No se trata como en décadas anteriores de unas revueltas utópicas como fueron en parte las vanguardias culturales en América Latina en los primeros lustros del siglo veinte, o referenciadas en clave de mayo del 68. Ahora, estas “vueltas de tuerca” a las que asistimos, postulan el fortalecimiento de las estructuras del gobierno local, una mayor participación en la definición de los programas de desarrollo y singularmente nuevos proyectos de comunidad abiertos a los diálogos con la diversidad, es una disidencia que “recrea lo real desde las nuevas alegrías” (P Rivas). Se enfrenta a la noción tradicional de la política pública que se suele entender solo como política de estado y nunca como política de las personas y de los movimientos culturales.
Esteregreso de lo social, este retorno de comunidades en movimiento, encuentra en el mundo del trabajo, de la educación, de la cultura y de las formas de debatir al mundo, un terreno propicio para su expansión que no será ni rápida ni radical en el corto plazo, pero que cuentan con la capacidad transformadora que terminará por modificar las estructuras de poder y gobierno.
La cultura ha ido situándose como centro del debate público y de la construcción de modelos políticos participativos, en Colombia el último Plan Nacional de Cultura, 2.001-2.010, se construyó con instancias participativas.
Lamentablemente a partir del 2.010 no se han generado estos espacios, y en momentos tan vitales como el que vivimos, en que la cultura debe constituirse en el eje transversal del proceso de paz, especialmente en lo que vendrá despues de la firma de los acuerdos, lo que se debe gestar desde la cultura reconociendo los movimientos culturales, estéticos y creativos, que deben jugar un rol en su creciente situación de actor relevante. En este juego, estado y movimientos culturales avanzan y se ubican desde posiciones que preservan su capacidad de dirección y determinación, sin que cristalice una trama de poder consolidada para ninguno de los actores.
A su vez, los nuevos movimientos ciudadanos, transitan por un período de configuración de experiencias y metodogías que está lejos de culminar, por lo cual el juego estratégico entre instituciones y sociedad se diversifica y acelera pero en ningún caso concluye.
En nuestro país los mundos de las violencias no solo se refieren a las violencias históricamente vividas desde las diferentes dimensiones de nuestros conflictos armados, ni a la delictiva que corroe el tejido social o a la violencia simbólica que inhibe la pasión por vivir, sino también a esos espacios de la vida cotidiana donde la violencia racial, de género y contra los niños reproduce relaciones humanas donde se impone el abuso, la fuerza y la disolución del ámbito de la comunidad. Este tipo de relaciones legitima la práctica de la violencia como un juego oculto y sordo que inhibe el afán transformador y vertebra relaciones de dominio en un contexto asimétrico que termina por justificar desde los medios de comunicación la gran violencia sistémica.
Una política cultural que se articule con el post-acuerdo, debe tener estos referentes históricos de las violencias, y la lucha contra el miedo y el terror. Un aspecto que hay resaltar en este déficit es el rol de la cultura como espacio para la paz, el diálogo y la participación local. Estamos frente a un país que cuenta con una larga tradición de comunidades de base y una amplia red de casas de la cultura y grupos creativos en el campo de la música, el teatro, la literatura, el cine, la poética, y la elaboración intelectual, pero que al mismo tiempo vive una insuficiente vinculación entre sus redes de conversación y acción, en un contexto donde perviven niveles de exclusión del mundo afro e indígena. El asunto de la lucha contra la cultura del miedo no es solo una trama de la acción de las instituciones del gobierno, sino que debe estar presente en los discursos de los movimientos sociales y creativos.
El miedo como relación social expropia la energía del cuerpo y la capacidad de construir un mundo del habla, la conversación y la imaginación. Si bien en este camino se ha avanzado significativamente, la violencia continúa siendo un campo sobre el cual se habla poco y con temor . Pero no se trata solo de generar lo anterior, es imperativo que el conjunto social asuma como centralidad las relaciones de la lógica y el consenso como formas de vivir juntos respetando la singularidad de cada cual.
Muchos de estos asuntos han sido debatidos en los programas participativos de la política cultural pública en Colombia, hasta el 2.010; es más, sus elaboraciones abarcan con rigor asuntos que en otros países de la región apenas se abordan, como es el caso de las políticas de fomento, investigación, descentralización, etc. Pero la cuestión hoy, es ir un poco más allá de la consulta y hacer de la participación una constante formalizada desde dentro y fuera de la propia institucionalidad fortaleciendo las estructuras locales y estableciendo un diálogo intrarregional al interior del propio país que conmueva la propia noción y autoimagen de la cultura colombiana. Se imponen por la complejidad de nuestras realidades y la creciente demanda a las que estamos asistiendo, estructuras de fomento y líneas de trabajo que hagan de la cultura una condición de la calidad de vida de las personas en base a derechos para ser partícipes de la definición de lo que se hace, de la distribución de los recursos y la especialización de los gestores para abrir lugares donde lo creativo y social se geste en condiciones de autonomía.
Una política cultural desde lo local puede trabajar en diálogo fructífero con las grandes políticas públicas si tiene auto conciencia de lo que puede aportar al dialogo más amplio de cultura-país, sin borrarse ni subsumirse en un relato que la integra como un caso especial o extraño.
Asumir la difícil realidad que se configura para la paz y la democracia, en nuestro país, y entender que la cultura es un recurso a través de la cual podemos superar nuestros déficits de sentido y de existencia, son las perspectivas para una ciudadanía cultural en movimiento, y un reto para quienes trabajamos en los gestos que construyen esa cultura de paz tan necesaria.