La cultura ciudadana y las ciencias del comportamiento

Este artículo rinde homenaje al profesor Antanas Mockus, destacando su enfoque innovador en el uso de la cultura ciudadana para influir en las políticas públicas y mejorar la convivencia social. Mockus propuso que, más allá de las leyes formales, el orden social se soporta también en normas sociales y morales arraigadas en las prácticas culturales de la comunidad. Su trabajo enfatiza la importancia de una pedagogía pública que fomente la internalización de normas cívicas.

Pilar González-Gómez

El artículo compara este enfoque con el de las ciencias del comportamiento, que se centra en modificar el comportamiento humano mediante intervenciones basadas en principios psicológicos y económicos. Aunque estas ciencias han ganado prominencia, el texto critica su falta de una comprensión profunda de la cultura, tal como la desarrollan los sociólogos cognitivos y culturales, y su tendencia a subestimar el poder de las representaciones colectivas en la modelación del comportamiento.

Finalmente se argumenta que una nueva generación de la cultura ciudadana debe fortalecer su concepción de la cultura, centrando su atención en las representaciones colectivas y en las políticas públicas tendientes a incidir en la cognición social implícita. Se argumenta que no basta observar los efectos de las normas en el comportamiento si no entendemos como las representaciones colectivas inciden en la forma como interpretamos y evaluamos a nuestros conciudadanos.

La cultura ciudadana

A finales de los años 80, Antanas Mockus, a través del enfoque de cultura académica, puso el foco en aspectos informales y subjetivos que no formaban parte de las tradicionales discusiones sobre reformas educativas. Años después, Mockus fue elegido alcalde de Bogotá. Mientras que los desafíos universitarios estaban arraigados en la cultura académica, los principales retos de la ciudad se enmarcaban en la cultura ciudadana. La cultura ciudadana surgió de sus conceptualizaciones acerca de la cultura académica, compartiendo la misma matriz teórica (Mockus, 1983, 1985, 1994, 1999, 2003). Para Mockus, gobernar conllevaba la responsabilidad de asumir una agenda pedagógica (Murrain, 2007). En su visión, la gestión gubernamental iba más allá de la administración de recursos y la ejecución de leyes; implicaba asumir el rol de educador, con la responsabilidad de elevar la conciencia cívica y moral de la ciudadanía, convirtiendo la agenda pedagógica en un pilar fundamental para la convivencia social (Mockus, 2002).

La necesidad de unos mínimos comunes a través de tres sistemas de regulación no busca que la ley absorba por completo la dimensión moral y cultural del individuo. De hecho, el pluralismo moral y cultural se garantiza mediante la búsqueda práctica de esos mínimos comunes (Mockus y Corzo, 2005: p. 7). Además, el énfasis en las normas permite que los valores desde los cuales las personas adhieren a una norma sean diversos. Por ejemplo, un ateo y un creyente pueden actuar según la máxima del principio del respeto a la vida, aunque sus tradiciones culturales y creencias sean diferentes. Mockus se apoya en la tradición kantiana para explicar la diferencia entre pluralismo moral y relativismo (p. 6). También, es fundamental distinguir entre “la” moral y “lo” moral. “La” moral es un concepto opresivo, ya que supone un orden moral único; mientras que “lo” moral reconoce diversas tradiciones culturales que pueden justificar racionalmente un orden moral. La convergencia a través de normas reconoce la pluralidad desde la que se pueden construir consensos morales en una sociedad (Rawls, 1995).

En cuanto a la tercera dimensión de regulación del sujeto denominada por Mockus como cultura, ya en otros documentos he mostrado que lo que Mockus denomina “regulación cultural” es el sistema de control social constituido básicamente por normas sociales (Murrain, 2015, 2022). Dado que la definición de cultura adoptada en mi reciente trabajo de investigación reconoce lo cultural de manera distinta, al referirnos a la tercera dimensión de regulación del marco de Mockus la he denominado como normas sociales. Así, la triada descrita por Mockus por la ley, la moral y la cultura se caracteriza en mi trabajo como normas legales, normas morales y normas sociales (Murrain, 2017:296). 

El enfoque de cultura ciudadana es pionero en comprender el papel de la agencia sobre las instituciones informales en el gobierno. Según este marco, los problemas de convivencia surgen cuando no hay armonía entre las tres dimensiones de regulación (Mockus, 2002: p. 19). Si la ley no tiene respaldo moral y social, es difícil que sea efectiva. Cuestionando el populismo penal en Latinoamérica, Mockus defiende el papel pedagógico del gobierno, mostrando que el Estado solo no puede garantizar seguridad y orden sin la corresponsabilidad de los ciudadanos. Su enfoque implica una esperanza pedagógica, sosteniendo que siempre es posible exponer los problemas sociales a la ciudadanía y encontrar acuerdos para que los ciudadanos comprendan cómo pueden contribuir. Con las tres dimensiones de regulación del sujeto, este marco se presenta como una teoría del orden social basada en la corresponsabilidad ciudadana.

El planteamiento de Mockus se respalda en trabajos empíricos que muestran que la agenda legalista y la criminalización de todos los problemas sociales no solo pueden ser ineficaces, sino también generar efectos negativos. Gerry Mackie (2017) demuestra que las agendas criminalizadoras fallan cuando un comportamiento “transgresor” está generalizado en la sociedad. Mackie cita ejemplos como las leyes contra la mutilación genital femenina en algunos países de África, las leyes contra la discriminación de castas en la India y la prohibición del alcohol en EE. UU. entre 1920 y 1933. La expectativa de que un comportamiento aceptado por una gran parte de la sociedad desaparezca solo por anunciar que será castigado es ingenua. Además, debido a la magnitud de las transgresiones, los recursos limitados del Estado se concentran en unos pocos, generalmente los más pobres y marginados (p. 322). Así, el Estado profundiza las desigualdades sociales e injusticias, ignorando las transgresiones de las clases medias y altas.

La incapacidad real de hacer cumplir la ley en un contexto en el que no existe respaldo moral y social no sólo tiene efectos de inequidad, sino que además socaba la legitimidad de la ley. La existencia de leyes en asuntos donde las personas observan cotidianamente transgresiones que no son sancionadas ridiculiza la imagen pública del Derecho. Y esto se incrementa en cuanto más distancia se observe entre las regulaciones informales y la regulación legal. Adicionalmente, aumentar el temor a la sanción legal no garantiza que las personas eviten comportamientos ilegales si existen fuertes motivaciones informales para su transgresión. En esta dirección un estudio adelantado con exmiembros de pandillas en Medellín mostró que los jóvenes de estos grupos reportaban más temor a la sanción legal que los demás jóvenes de la ciudad (Aldana et al. 2012: 75). Esto nos muestra que es precisamente quien está en conflicto permanente con la ley, quien más entiende la posibilidad de la sanción. Sin embargo, esto no descuenta el poder de otro tipo de motivaciones que cognitivamente conviven junto al temor a la sanción legal.

Con estas consideraciones, Mackie propone un ejercicio de acercamiento gradual entre las regulaciones informales y la ley en vez de procurar grandes saltos cuando la brecha entre la práctica y las normas legales es muy grande (2017:322). Según Mackie, el trabajo de agencia propuesto por Mockus es fundamental porque la manera de ir acercando la regulación legal y las regulaciones informales es la pedagogía (p. 320). Así mismo, proponer normas legales que sean más probables de cumplirse en la práctica permite que el comportamiento cumplidor sea más observable y el consenso público sobre las expectativas de cumplimento aumenta. Una vez que se logre una adhesión mayor al cumplimento puede avanzarse con una norma legal más exigente (pero no abismalmente distante) y así sucesivamente.

El ejemplo que se ha presentado sobre el temor a la sanción legal entre jóvenes pandilleros ilustra claramente una parte significativa del desafío operacional al analizar las motivaciones detrás de las acciones. En los seres humanos, diversas motivaciones para actuar coexisten —y a veces entran en competencia— a nivel cognitivo. Al describir la acción como el resultado de tres sistemas de regulación distintos, el marco propuesto por Mockus pretende ser multidimensional, ya que reconoce la existencia de diversas fuentes motivacionales en la cognición humana que deben ser consideradas en las políticas públicas.

Las ciencias del comportamiento

Las últimas tres décadas se han caracterizado por lo que podría denominarse el giro cognitivo en las ciencias sociales[1]. La investigación psicológica experimental y la neurociencia han penetrado profundamente en disciplinas que históricamente se mantuvieron distantes del estudio de la cognición como la economía, la sociología, la antropología y las ciencias políticas. Es importante resaltar que este giro cognitivo favorece la perspectiva cultural de la acción; los procesos de significación que involucran la acción con sentido se pueden ver defendidos por la investigación del pensamiento automático-asociativo. Hoy es absolutamente claro que la gran mayoría de la información que los sujetos utilizan para ubicarse en el mundo y tomar decisiones es información procesada por el pensamiento automático asociativo. El seguimiento de normas sociales no es la excepción, es más bien un ejemplo paradigmático de la habilidad cognitiva humana y de los veloces recursos con los que las personas leen e interpretan a los otros. Tal como lo he expuesto antes (Murrain, 2022), la información implícita que los individuos utilizan para tomar decisiones motivadas por normas sociales es justamente a lo que los científicos culturales se refieren al hablar de cultura.

En este redescubrimiento reciente de la mente, las ciencias del comportamiento se enfocan en aplicar los avances de la investigación social y cognitiva a las políticas públicas. Este enfoque ha aportado rigor empírico a la investigación social, exigiendo una teoría social más precisa y ecléctica. Como se menciona en la introducción de un documento canónico, los autores del informe del Banco Mundial de 2015[2] admiten que muchos errores en el desarrollo de una teoría social eficaz se deben, en parte, a la falta de interdisciplinariedad (p. 2). Sin embargo, como he argumentado antes (Murrain, 2022), el simple llamado a una perspectiva más amplia no resuelve los obstáculos epistémicos, la inercia analítica ni las descalificaciones mutuas entre disciplinas sociales.

Con lo anterior, quiero destacar que, desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento, la cultura sigue siendo pasada por alto como un factor clave para entender la acción humana. Por ejemplo, el estudio de normas sociales sigue dominado por la perspectiva de la acción estratégica de la economía, que es racionalista e individualista. La insistencia en comprender el rol de la cultura en la acción no es un mero capricho conceptual de la sociología cultural (Alexander, 2017: 44-36). La falta de comprensión de la influencia de la cultura en la acción afecta los recursos que creamos para abordar muchos de los grandes problemas sociales, que dependen de los comportamientos y motivaciones de las personas.

En cuanto al efecto del marco teórico en las herramientas de intervención, recientemente ha surgido un debate interesante a raíz de la publicación de un artículo escrito por Nick Chater y George Loewenstein (2023). Estos autores, reconocidos científicos del comportamiento, señalan que el enfoque teórico centrado en el individuo ha llevado al fracaso de muchas intervenciones en el ámbito de las ciencias del comportamiento. Chater y Loewenstein proponen una caracterización de enfoques, denominando “marco-i” (i-frame) a las intervenciones centradas en los individuos y “marco-s” (s-frame) a las intervenciones centradas en aspectos estructurales y propios del sistema en el que operan los individuos. En su publicación, cuestionan si la inclusión de aspectos psicológicos en la economía del comportamiento está teniendo un efecto problemático al dirigir las agendas de política pública hacia la gestión de decisiones individuales en asuntos que requieren transformaciones estructurales, como el desarrollo de regulaciones legales más estrictas o la inversión pública en los sectores más pobres (2023: 10).

El llamado de atención de Chater y Loewenstein es valioso porque ofrecen un esquema analítico útil para la discusión de políticas públicas. Sin embargo, al centrarse en el arco que va desde el individuo al sistema, omiten la cultura. Esto muestra las limitaciones analíticas de los economistas para entender la estructura de significados que los seres humanos necesitan para ubicarse en contextos de interacción, interpretar el mundo y leer las señales de otros (Murrain, 2022: 166). El debate propuesto por estos economistas recuerda inevitablemente la caracterización de Parsons de la tríada analítica individuo, estructura y cultura (Alexander, 2008: 244). En el trabajo de Parsons, estas tres dimensiones deben existir analíticamente porque contienen aspectos fundamentales para entender la acción, pero son irreducibles entre sí. En el marco de Chater y Loewenstein solo existen elementos individuales (subjetivos) o estructurales (objetivos). La estructura simbólica necesaria para la interacción de interpretaciones está ausente en este modelo.

Si aceptamos que solo existen elementos individuales y objetivos externos, supondríamos que todo depende de la voluntad individual o de las restricciones externas. Este esquema omite toda la cognición automática e inconsciente que surge de la interacción del individuo con una comunidad cultural; faltaría precisamente la cultura (Murrain, 2022; Rodríguez, 2006). ¿Todo lo que existe en la cognición de un individuo puede ser objeto de manipulación individual y voluntaria? Según la investigación sobre cognición social implícita (Greenwald y Banaji, 1995; Greenwald y Lai, 2022), la respuesta es claramente no.

Los académicos críticos del marco-i no desconocen la existencia de elementos del pensamiento automático como los sesgos (representaciones colectivas[3]), sin embargo, dado su marco epistémico, no advierten la dinámica narrativa y cultural como estos surgen en las personas. Así mismo, en la medida que su interés es cuestionar las aproximaciones de marco-i, Chater y Loewenstein cometen el error de exagerar el poder trasformador de herramientas “estructurales” de marco-s como las regulaciones legales y la inversión presupuestal.

Cuando decimos que la cultura es “no reducible” a los modelos marco-s y marco-i, afirmamos que no puede ser explicada totalmente como un asunto estructural externo a las personas ni como un fenómeno psicológico enteramente individual. Como he mostrado antes, la cultura habita en la mente de las personas como información implícita, código y lenguaje (Murrain, 2022: 59). Sin embargo, esta información no es creada por decisiones conscientes y deliberadas de las personas (Alexander, 2017: 46). Es el producto inevitable de las narrativas implícitas generadas en la experiencia de interacción habitual entre individuos; es cognición social implícita (Greenwald y Banaji, 1995), es cultura.

La necesidad de las políticas culturales o de marco-c

Los contenidos cognitivos culturales, como los sesgos raciales, solo se manifiestan y verifican en la acción individual. Sin embargo, aunque observamos los sesgos a través de las acciones de personas específicas, no los atribuiríamos a la responsabilidad individual, ya que la mayoría de las personas no somos conscientes de nuestros sesgos (Kahneman, 2016; Greenwald y Banaji, 1995). Estas representaciones colectivas no son individuales, ya que no son creadas por el sujeto y son compartidas con una comunidad de referencia (Alexander, 2017: 46). La cultura es la asociación de información compartida colectivamente (Murrain, 2024) y no se origina en la acción misma, sino que está definida previamente a cualquier interacción.

Por ejemplo, en las políticas contra la discriminación racial, encontramos elementos de marco-i (intervenciones individuales) y marco-s (intervenciones estructurales). Evaluar ensayos ocultando los nombres de los estudiantes para evitar los efectos de los sesgos es una intervención de marco-i, de acuerdo con Chater y Loewenstein. Adicionalmente, las normas formales, que describen la discriminación como algo inaceptable en nuestra sociedad serían políticas de marco-s. Sin embargo, ni la existencia de normas constitucionales[4] y legales, ni la utilización de herramientas como los controles de sesgos en la educación, eliminan la ocurrencia cotidiana y performativa de las representaciones colectivas discriminatorias. Chater y Loewenstein proponen reasignaciones masivas de recursos y oportunidades como solución a la discriminación, pero ignoran la importancia de la cognición social implícita en estos problemas (Greenwald y Banaji, 1995; Greenwald y Lai, 2022).

Para el caso específico de la discriminación racial y sus efectos en la educación, incluso si implementamos métodos para controlar los sesgos en las evaluaciones[5], el rendimiento de los estudiantes negros puede verse afectado negativamente por las representaciones colectivas sesgadas presentes en diversos ámbitos[6] de la vida escolar. En última instancia, el desempeño global de un exestudiante será la consecuencia acumulada de todas sus interacciones y experiencias escolares. Sería poco realista esperar que las instituciones desarrollen una herramienta de control de sesgos para cada experiencia significativa de la vida escolar de un estudiante. Por esta razón, una política pública enfocada en la construcción empírica de la igualdad debe ser necesariamente una política de cambio cultural. Los métodos de control de sesgos son recursos contingentes que controlan, pero no transforman las raíces cognitivas de la discriminación.

Mockus propone que, a través de la pedagogía, el gobierno participe en la discusión sobre la pertinencia colectiva de ciertos contenidos cognitivos, un enfoque diferente al paternalismo libertario de Cass Sunstein, que evita entrometerse en los pensamientos de las personas (Sunstein, 2020: 5). Además, Mockus resalta el papel del Estado en generar normas informales y destaca la importancia de las artes y humanidades en la pedagogía. En lugar de la publicidad prescriptiva tradicionalmente usada por los gobiernos, el enfoque de cultura ciudadana considera que el arte puede ser un medio para convocar la reflexión y la deliberación ciudadana (Sommer, 2020: 35, Murrain, 2009).

El Estado pedagógico de Mockus busca promover normas morales y sociales para garantizar la vida en comunidad, limitando la agencia del gobierno a los límites morales planteados por la Ley (Mockus y Corzo, 2005). Este enfoque considera que la pedagogía pública es legítima para minimizar daños que los ciudadanos pueden hacerse entre sí (Mackie, 2017: 326). Aunque Mockus no incorpora la cognición automática, su marco teórico es esencial para discutir el rol de las ciencias sociales y cognitivas en políticas públicas. Destaca la distinción entre normas morales y sociales, el papel de las emociones en la acción normativa y la necesidad de desarrollar políticas de alcance cognitivo para generar agencia cultural.

En la medida que el marco teórico de Mockus es profundamente kantiano él tiene una profunda confianza en la razón humanan y en el efecto positivo de la deliberación racional. No obstante, dados los hallazgos de la investigación sobre pensamiento automático que se han generado en los últimos 30 años, hoy reconocemos con claridad los límites empíricos de la racionalidad humana. La estructura simbólica con la que damos sentido a nuestra experiencia no puede ser transformada con ejercicios de introspección racional individual (Greenwald y Banaji, 1995: 7).

Es evidente que muchas de las problemáticas que enfrentan nuestras sociedades requieren políticas públicas de cambio cultural, y no solo intervenciones basadas en la contingencia de los comportamientos. Entre los asuntos más apremiantes se encuentran la discriminación racial, el machismo, la xenofobia y las políticas de capital social que se centran en el esquivo pero neurálgico problema de la confianza.[7]. Así, más allá de las normas, es necesario repensar las representaciones colectivas con las que nos relacionamos con nuestro prójimo. Este es inevitablemente un propósito simbólico y colectivo que requiere movimientos culturales tendientes a revisar las narrativas de identidad con las que nos narramos y narramos a nuestra comunidad de referencia.

Aunque la cultura ciudadana no hubiese incorporado en su paradigma inicial a la cognición social implícita es necesario que una nueva generación del enfoque reconozca la necesidad de pensar las políticas de incidencia sobre las representaciones colectivas que habitan en el pensamiento automático-asociativo. En este sentido, el legado de Antanas Mockus nos invita a seguir explorando y entendiendo estas complejas dinámicas cognitivas, reafirmando su compromiso con una pedagogía pública que valora la capacidad humana de transformarnos. El punto aquí es que la escala de la transformación es colectiva, narrativa y cultural. Estamos descubriendo una dimensión del cambio que requiere de una “mayoría de edad” sociológica y colectiva, frente a la cual la mera introspección del individuo racional resulta insuficiente. 

Notas pie de página

[1] Sobre el giro cognitivo en la investigación sociológica ver: Mast Jason L. 2020. “Representationalism and cognitive culturalism: riders on elephants on turtles all the way down”. En: American Journal of Cultural Sociology. Volumen 8, Págnias 90–123.

[2] Banco Mundial .2015. Informe sobre el desarrollo mundial 2015: Mente, sociedad y conducta, cuadernillo del “Panorama general”, Banco Mundial, Washington DC.

[3] En trabajos previos he demostrado que lo que los psicólogos cognitivos denominan sesgos cognitivos es fundamentalmente el mismo fenómeno que los sociólogos culturales llaman representaciones colectivas. Murrain, Henry. 2022. Normas sociales y representaciones colectivas: hacia una teoría cultural de normas sociales. Bogotá, Colombia. Ed. Universidad Nacional de Colombia. Pág: 52.

[4] En la constitución política de Colombia, por ejemplo, el artículo 13 establece: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Además de esto, existe un gran cuerpo de jurisprudencia que busca garantiza la igualdad y la no discriminación.

[5] Es decir, según el planteamiento de Chater y Loewenstein, políticas de marco-i propias de las llamadas ciencias del comportamiento.

[6] Los sesgos (representaciones colectivas) no solo afectan la forma como el profesor evalúa a sus alumnos, estos también inciden en la forma como sus compañeros se relacionan con él (dimensión social) y en su propio autoconcepto y confianza en sus propias capacidades. Sobre esto ver la caracterización de sesgos y autoestima de Greenwald y Banaji en: Greenwald, Anthony G. y Mahzarin R. Banaji. 1995. “Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and Stereotypes”. En: Psychological Review. Vol. 102, No. 1 Págs. 10-3.  

[7] En los próximos meses presentaré un trabajo que argumenta que gran parte del problema tradicional en la agenda de políticas sobre confianza ha ignorado la confianza como un problema de representaciones colectivas (sesgos). Por ello, las intervenciones habituales dependen ingenuamente de acciones dirigidas al sujeto racional o consciente, sin producir los resultados esperados.

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