Consideraciones sobre la corrupción en Colombia

Sigan adelante. No se dejen vencer,no se dejen engañar, no pierdan la alegría,no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa.

                  Papa Francisco (Bogotá, Sept. 2017) 

Desconcertados estamos asistiendo a la ruptura evidente entre la dimensión moral y la dimensión política; o entre la razón práctica y la razón pura, o entre lo razonable y lo racional. Para ilustrar un poco, baste con mencionar apenas dos ejemplos de la magnitud del problema: el caso de Volkswagen y el caso de Odebretcht. Las consecuencias de cada caso son distintas, pero el daño en la vida de los individuos y en las sociedades es profundo y casi irreparable. Tal vez haya que verlo como otro síntoma de la orgiástica decadencia de Occidente.

Limitándonos a Colombia –a pesar de lo ingrato y tedioso que resulta el tema de la corrupción– la situación incierta y compleja en la que está sumido el país nos obliga a los ciudadanos, en la medida de nuestras posibilidades, a no mirar a un lado, a involucrarnos con nuestras voces y, a quienes tienen la fuerza suficiente, a comprometerse con sus acciones.

Como si fuese poco el carácter tormentoso del proceso de paz, anhelado por millones de colombianos que han sufrido la absurda y brutal guerra, pero conducido contra la fuerza de algunos “hombres de principios”, “doctores de la ley”, como si eso fuese poco –repito–, a ello se suma la degradación de las más altas esferas del poder judicial. Atónitos e impotentes asistimos diariamente a los sucesivos escándalos, al carnaval ya sin máscaras de las muecas de la corrupción.

Las consideraciones que siguen tienen el propósito de ayudar a comprender un poco esta situación tan difícil y paradójica: llena de esperanza por una parte, pero de zozobra por la otra. Una situación que ha permitido aflorar lo mejor de los colombianos, representado por quienes lograron alcanzar lo tantas veces inalcanzado; pero también lo peor, representado en la ideología de quienes hacen uso del miedo, del engaño y de todo tipo de artimañas falaces y de “principios” inamovibles.

Me gusta mucho, para comenzar, repetir la metáfora del economista y filósofo austríaco Otto Neurath:

Somos como marineros que tienen que reparar su barco en altamar, sin poder jamás desarmarlo en un dique seco y reconstruirlo con mejores componentes.^[i]

El animal humano, entre otras muchas dimensiones, tiene dos, en las que voy a concentrarme: la dimensión moral y la dimensión política, emergentes ambas del hecho antropológico de la libertad. Ambas dimensiones, que son distintas, se desarrollan en el campo o ámbito de la acción humana. En el primer caso, en el de la dimensión moral, es preferible usar la expresión “interacción personal”, puesto que en él se trata de las relaciones entre individuos, interacciones que se dan reguladas por normas morales, provenientes de distintas fuentes; en el segundo caso, en el de la dimensión política, las relaciones no se dan propiamente entre individuos, sino entre los individuos y el estado, o la autoridad, o viceversa, reguladas, también, por normas, de las que la más importante es la norma superior, o Constitución política.

Esas dos dimensiones, aunque distintas, interactúan una con otra, pero su identificación o solapamiento, tanto como su dislocación, producen consecuencias catastróficas para la vida democrática.

Las dos bases fundamentales de la democracia, considerada como forma de vida antes que como sistema de gobierno, son las libertades y la igualdad. De la libertad ya dije que se trata de un hecho o –si ustedes prefieren– de una categoría antropológica. La igualdad, en cambio, es una idea moderna, es una aspiración, que ha venido abriéndose paso sobre todo a partir de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.

La normas básicas de la dimensión moral –que podemos considerar como sucedáneas de los instintos que regulan las conductas de las demás especies animales– se aprenden especialmente desde la más temprana infancia, de manera análoga a como se aprenden, casi que inconscientemente, las normas de las gramáticas de las lenguas. A diferencia del aprendizaje de la gramática, cuyas normas cambian muy lentamente, la gramática de la moralidad puede cambiar muy rápidamente, para bien y para mal. Las normas básicas, tanto de la dimensión moral como de la dimensión política son las mismas: no matar; no mentir; no robar, etc., etc., por lo general imperativos negativos.

Cuando hablamos de “corrupción” nos referimos al incumplimiento de esas normas básicas en la dimensión política, es decir, en la dimensión asimétrica cuyo núcleo central es el poder. Dije que ambas dimensiones interactúan e influyen una sobre la otra y aquí es donde radica la gravedad del asunto. Quienes rompen con las normas morales desde la dimensión política son las personas, pero esta acción repercute en la vida cotidiana de quienes no detentan el poder, si ustedes quieren, en la sociedad civil. Un ejemplo nos ayuda a entender. Si una persona le roba a otra, ese incumplimiento del mandato de no robar genera daños entre las personas y su círculo inmediato, en su comunidad. Estamos en la dimensión moral. Pero si esa persona es alguien con poder, sea funcionario o no, el daño ocurre no sólo en la institucionalidad de la sociedad, sino en las comunidades que esa sociedad alberga, como ocurre con los casos que a diario nos mantienen aterrados. Y a todas estas: ¿qué ocurre con el derecho?

Apartándome un poco del viejo debate entre iusnaturalismo y iuspositivismo, que de distintas maneras es el telón de fondo de estas reflexiones, considero que el derecho constituye el gozne, la arista de las dimensiones moral y política,  y habida cuenta de que la dimensión moral abarca la totalidad de la vida de las personas, que en sus interrelaciones se rigen, ya no principalmente por instintos sino por normas que cumplen o no cumplen, las normas jurídicas tienen, entre otras características diferenciadoras de las normas morales, la de ser obligatorias, en el sentido de que alguna autoridad las puede hacer cumplir por la fuerza.

En una democracia, el ámbito de lo político es menor que el ámbito de lo moral; si ustedes quieren, es un subconjunto de lo moral. Como es humanamente imposible asegurar incluso el cumplimiento de las normas morales básicas, el derecho se erige como garante de su cumplimiento. Esto nos lleva entonces a la pregunta ineludible: ¿Cómo explicar el estado de postración en el que los colombianos nos encontramos frente al estado de corrupción? La búsqueda de la respuesta nos lleva a dos caminos: por una parte a la educación; por otra al examen de las normas jurídicas. ¿Qué está fallando en la educación, a tal punto que las normas básicas de la moralidad no se hayan interiorizado principalmente en quienes acceden al ámbito político, que no son excepciones, sino una gran cantidad? La explicación de este fenómeno es compleja. Me voy a referir a tan sólo dos aspectos, pero interrelacionados. El primero tiene que ver con la fragmentación del país.

Este proceso de paz, como una radiografía, nos hace evidentes múltiples fracturas de la sociedad colombiana: en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo moral, en lo político. Fracturas que se entrecruzan transversalmente, como una maraña, en esos distintos planos. Por lo pronto, me detengo un poco sólo en el plano político, sabiendo, por supuesto, que podemos hacer la desconexión de los otros planos con el único propósito de facilitar el análisis.

Pienso que esa radiografía nos muestra que las dimensiones moral y política no se han diferenciado lo suficiente. Es claro que distintas concepciones morales omnicomprensivas pueden ser, en términos generales, irreconciliables y, por lo tanto, no sirven para la conducción del estado, pues la violencia entre ellas se puede volver inevitable, como ocurrió con las guerras de religión en los tiempos de Hobbes, o con las que han ocurrido entre protestantes y católicos en Irlanda, o como las que ocurren hoy mismo en España, aunque no se trate, en este caso, de religiones. Este es un hecho que tenemos que aceptar, puesto que se deriva del hecho antropológico de la libertad, o de lo contrario ¿para qué la libertad?

Un indicador interesante de esta fractura es la expresión frecuente en nuestro país “usted no sabe quién soy yo”: yo tengo más dinero que usted; yo tengo amigos que me protegen, yo tengo tal apellido, etc., etc., y tantas otras expresiones ofensivas, lo que nos está indicando que estamos muy lejos del ideal moderno de la igualdad de los colombianos, de ese derecho establecido en 1789, pero que no ha pasado de ser letra en papel mojado. Mientras los colombianos no comprendamos este problema y nos dispongamos a resolverlo con “alegría y esperanza”, no alcanzaremos la paz.

En los primeros párrafos de La democracia en América, Alexis de Tocqueville nos dice:

Entre las cosas nuevas que durante mi permanencia en los Estado Unidos, han llamado mi atención, ninguna me sorprendió más que la igualdad de condiciones. Descubrí sin dificultad la influencia prodigiosa que ejerce este primer hecho sobre la marcha de la sociedad.

Pronto reconocí que ese mismo hecho lleva su influencia más allá de las costumbre políticas y de las leyes, y que no predomina menos sobre la sociedad civil que sobre el gobierno; crea opiniones, hace nacer sentimientos sugiere usos y modifica todo lo que no es productivo[ii]

En íntima relación con lo anterior, está el tema de la educación. Se habla de la necesidad de la educación, de la mala calidad de la educación, pero no se dice en qué consistiría una educación de buena calidad. Debido a la ruptura o fragmentación de la que acabo de hablar, lo que tenemos es un sistema que responde a esos distintos fragmentos de la sociedad colombiana: educación privada y educación pública; educación diferenciada por estratos económicos y sociales; los colegios de los ricos, bilingües, lejos de los colegios de los pobres; los colegios rurales a distancias –muchas veces a caballo– de los centros urbanos. ¿Qué se puede esperar de este “sistema”? Ninguna otra cosa que la perpetuación de la fragmentación, de la fractura y de la violencia.

Dije antes que las normas morales básicas pueden ser –de hecho son– las mismas en distintas concepciones morales. Lo importante es, sin embargo, el punto de vista desde el cual se aprenden o, mejor, la justificación de la norma: ¿por qué se debe cumplir una norma moral? No tengo tiempo para entrar en la teoría de Kohlberg, quien, según mi punto de vista es quien ha hecho los aportes más significativos en este campo. Quiero referirme, sin embargo, a las ideas del sabio jesuita Francisco de Roux, quien, desde hace por lo menos 25 años ha venido explicando que es indispensable el cambio de una formación moral basada en la autoridad por una formación moral basada, en primer término, en la tolerancia y, mejor, en el reconocimiento del otro. Lo importante aquí no son las normas mismas, sino el punto de vista desde el cual se aprenden, de su justificación. Las consecuencias de aprender normas como no robar, no mentir, etc., desde el punto de vista de una autoridad, son radicalmente distintas si ellas se aprenden  desde el punto de vista de “reconocer” que el otro existe, que es distinto a mí, que tiene valor igual a mí. Cuando el punto de vista desde el que las normas se aprenden es el de la autoridad –Dios, el padre, la madre, el profesor, el policía, la cámara que todo lo ve, la multa, el reglamento, el código, etc.–, entonces ocurre que “cuando los gatos se van, los ratones hacen fiesta”. Cuando las normas se aprenden desde el punto de vista del reconocimiento del otro se interiorizan, se da el paso a la modernidad. Es precisamente esto lo que no hemos alcanzado, lo que implica que la empresa que tenemos por delante es difícil y demorada, pero es posible. No podemos desfallecer, como educadores que somos. Tenemos que conservar la calma y tener paciencia para perseverar.

Otro indicador que me parece interesante para medir el estado de postración moral de nuestro país es la expresión que ha hecho carrera en las encuestas que preguntan: ¿usted por quién votará”? “Por el que diga fulano de tal”. Es también un síntoma del mismo problema: no hemos alcanzado la mayoría de edad.

Además del de la educación mencioné el camino del examen de las normas jurídicas, para tratar de comprender un poco lo que nos ocurre. Sería ingenuo pensar que el trabajo legislativo y el desarrollo normativo obedecen al norte constitucional. Quienes elaboran las normas son también marineros del mismo barco que, en buena medida, han recibido también el tipo de educación según el cual  se aprenden las normas morales desde el punto de vista externo de la autoridad y, por lo tanto, sin tener en cuenta al otro, lo que explica que todas las normas jurídicas estén repletas de exenciones y de excepciones. Si mal no recuerdo, fue un ministro de Justicia, por allá en 1994, quien se refirió al problema diciendo, palabras más palabras menos, que estábamos ante una fronda voluptuosa de leyes y de normas. No deja de ser curioso –aunque anecdótico– que durante su ministerio fue aprobado un estatuto anticorrupción, lo que trae a mi memoria el cuento del rey desnudo, de Hans Christian Andersen.

Finalmente quiero llamar la atención sobre dos afirmaciones en las que coinciden distintos estudios. La de que Colombia es uno de los países con el mayor número de abogados y, paradójicamente, la de que estamos en uno de los países con el mayor porcentaje de impunidad. Es sin duda una de las troneras por donde más agua entra a nuestro barco. Aunque lo he dicho en otros escritos, no sobra repetirlo: No existe nada más dañino que una norma que no se cumpla. Es con mucho preferible que la norma no exista a que no se cumpla, en vista de la “atmósfera moral” que se genera.

Está de moda, como siempre que sale a la luz la punta de iceberg, hablar de “hecatombes”. La solución no puede consistir en tirar por la borda a cientos o miles de nuestros compañeros marineros. Se escuchan voces y propuestas, de buena fe unas, otras de mala fe; de la necesidad de “refundar la patria”; de hacer una Constituyente, de que hay que “instaurar un tribunal de ética para el ejercicio de la profesión de abogado y para el ejercicio de la función judicial, que no existe”, de hacer referendos, de hacer plebiscitos, etc., etc. No nos dejemos engañar. Las importantes formas de participación ciudadana –contempladas también en nuestra Constitución–, tal como se están utilizando, se han convertido en factores divisivos de las sociedades  y en caminos al despeñadero, a populismos de izquierda y de derecha. Corresponde a lo que Adela Cortina denomina democracia emotiva. La ética ciudadana y la construcción de integridad, en efecto, requiere de intensa participación de los ciudadanos, la que se desarrolla a partir de la deliberación y del cambio del punto de vista desde el cual se aprenden las normas morales. Esto es difícil, pero es posible. Y en distintas zonas del país, no sólo en Bogotá, ha habido experiencias maravillosas del cambio de actitud en el comportamiento de los ciudadanos. Con humildad, pero con entusiasmo, nos corresponde –de manera especial a los jóvenes– ponernos a remendar el barco, aunque el océano esté ya casi irrespirable.