El fracaso de una justicia global
El filósofo del derecho Ronald Dworkin se ha referido a la justicia como “la virtud soberana”. Nunca la justicia fue ignorada o preterida por los filósofos, al contrario, siempre fue uno de los conceptos nucleares de la ética. Pero han sido sobre todo los filósofos contemporáneos quienes la han situado en un lugar preponderante del pensamiento moral y político.
A ello ha contribuido, sin duda, el socialismo y una declaración universal de derechos humanos que, por primera vez, contempla los derechos sociales: educación, sanidad, trabajo, seguridad social. A partir de ahora, la justicia no se afana sólo en la correcta distribución de las libertades. Se parte del supuesto de que, sin igualdad –mejor, sin equidad– las libertades individuales son un engaño. No puede ser libre el analfabeto ni el enfermo que no es atendido ni el indigente ni el que carece de un salario digno. Tal es, por lo menos, la convicción que debería animar las políticas más progresistas. La convicción que ha hecho posible la existencia de los estados de bienestar.
Siempre que hablamos de ética debemos precisar que entre la teoría y la práctica hay un trecho por el que se transita con innumerables obstáculos. No es difícil reconocer que, teóricamente, he mos progresado en el camino hacia la justicia. La lista de derechos humanos ha crecido y sigue haciéndolo. Pero ello no significa, sin embargo, que el mundo sea realmente más justo. Parece ser más cierto lo contrario. A medida que se ha ido avanzando científica y tecnológicamente, ha ido aumentando la brecha entre los más ricos y los más pobres, especialmente en el nivel internacional. Sigue habiendo hambre, enfermedades incurables por falta de medicamentos, enfermedades que permanecen sin investigar porque su investigación no es rentable, analfabetismo, explotación laboral, dominación de los grupos más vulnerables. En definitiva, la máxima de que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, sigue siendo un principio hermoso, pero irreal en la mayor parte del mundo.
Nunca la justicia ha sido un concepto fácil de precisar. A lo largo de la historia, se han sucedido distintos criterios para definir a la justicia distributiva, ninguno de los cuales ha podido suscitar la adhesión de todos. Ahí está el neoliberalismo dispuesto a demostrar que los derechos económico-sociales no son más que un mito, que los logros del estado social no fueron tales y que sólo entorpecen lo que debería ser el auténtico “progreso”. Consensuar un proyecto común que responda al imperativo de la justicia es complejo en el seno de los estados nacionales, pero ha sido hasta hoy imposible en el nivel mundial. El intento perjudica los intereses egoístas y endogámicos de los estados nacionales. Las distintas constituciones democráticas recogen, mejor o peor, los requerimientos de la justicia y entienden que debe ser uno de los pilares en que se asiente el estado de derecho. Otra cosa es proyectar las mismas exigencias más allá de las fronteras del propio país.
La soberanía estatal se resiste a dejar de serlo y admitir normas y políticas por encima de las propias. Es por ello que los problemas más escandalosos, como el de la necesidad de emigrar para no morir de hambre que asuela a muchos países africanos y latinoamericanos, no encuentran solución ni son prioritarios en las agendas de los gobiernos más poderosos. En la era de la globalización, los derechos humanos no se globalizan. Un ejemplo de lo que digo fue el empeño del gran filósofo de la justicia, John Rawls, por internacionalizar su teoría de la justicia. Sólo al precio de privarla de sus elementos más progresistas, como el de que la equidad consiste en distribuir desigualmente los bienes básicos con el fin de favorecer a los menos favorecidos (el célebre “principio de la diferencia”), pudo convertirla en una teoría de alcance mundial.
Es por tal razón que, a muchos propósitos, el concepto de justicia se ve sustituido por otros menos contundentes y más imprecisos, como el de cooperación. No hablamos de justicia, sino de cooperación internacional, porque la justicia, en ese nivel, parece que no nos compete ni está en nuestra mano. Cooperar con los países más pobres es caridad, no es justicia. Ese fue el principio, nunca explícito, que gobernó y gobierna a los estados que aún no han asumido como una obligación la que deriva del reconocimiento de los derechos sociales. Es el principio que aún asoma en las declaraciones neoliberales que siempre han visto en los derechos sociales una vulneración del derecho a la libertad, un ataque ilegítimo a la meritocracia y un impedimento para el desarrollo de las potencialidades de quienes más capacidad tienen para producir riqueza. La ayuda a los menos favorecidos, según la opinión neoliberal, no es un deber de justicia que el estado deba garantizar, sino, en todo caso, un deber moral para aquellos individuos o grupos que quieran asumirlo como tal.
Hace tiempo que las plataformas sociales del 0,7% presionan a sus respectivos gobiernos para que aumenten sus cifras de cooperación. Pero su propuesta está lejos de ser secundada incluso allí donde gobierna la izquierda. Y aún cuando la respuesta fuera más favorable, estaríamos ante una propuesta caritativa y solidaria, no exactamente justa. Justa sería la voluntad clara de erradicar el hambre como prioridad absoluta y poner los medios para que los países menos desarrollados puedan desarrollarse. Que en pleno siglo XXI más de mil millones de personas pasen hambre, mientras se alcanzan altas tasas de crecimiento y desarrollo, es una inmoralidad difícilmente corregible con las tímidas medidas que somos capaces de activar en el nivel internacional.
El mismo John Rawls vio con lucidez dicho extremo cuando sentenció que el sujeto de la justicia son las instituciones públicas, pues los ciudadanos somos impotentes para erradicar las injusticias. Hacen falta leyes y poderes que las ejecuten y administren para que los derechos humanos estén efectivamente garantizados. Mientras ello falte, la justicia brillará por su ausencia y tendremos que seguir confiando en el poder escaso de las iniciativas sociales. Son tales iniciativas las que promueven la solidaridad, las que a través de la crítica y la reivindicación permanente fuerzan a ver más allá de los ombligos de cada estado. Y las que, a largo plazo, si son capaces de mantener el aliento y la esperanza, quizá consigan garantías institucionales para una efectiva universalización de los derechos que reclaman. Así ocurrió con otras revoluciones como la de la mujer. No fueron los gobiernos ni las políticas institucionales, sino las sufragistas quienes conquistaron, por fin, el derecho real al sufragio universal. Un derecho teóricamente incluido en las proclamaciones de la igualdad de todos los hombres, pero ignorado en la práctica, como tantos otros.