Remirada a la justicia en Colombia

Introducción

En 1972 animé a un grupo de ciudadanos a crear el Instituto SER de Investigación. Durante los siguientes veinte años participé, desde ese instituto, en estudios novedosos y de gran alcance en el campo de la justicia. Hacia el final de ese periodo, en 1988, por solicitud de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras preparé un documento sobre la situación de la justicia en Colombia.
Ahora, el doctor Carlos Enrique Ruíz, director de la Revista ALEPH, me ha pedido que escriba un artículo de opinión sobre el mismo tema. No he podido resistir la tentación de comparar lo que dije en aquel tiempo, con buenos elementos de juicio, con lo que percibo ahora, desde la acera de los ciudadanos que admiran a la justicia como una institución fundamental de la democracia pero que sufren por sus quebrantos, productos de intereses aparentemente invencibles.

La legitimidad perdida

El problema crucial de la justicia en 1988 era la acelerada pérdida de legitimidad. En palabras del inolvidable profesor Mario Latorre Rueda, el 12 de febrero de ese año:

Y yo pregunto: ¿En la realidad, en la actualidad, no formalmente, no en los textos, existen en Colombia las instituciones? ¿Funciona el Congreso? ¿Funcionan los partidos políticos? ¿Funciona la justicia? No. Es más. Nuestras instituciones han perdido su legitimidad, entendiendo por legitimidad el acatamiento de la opinión pública. Eso no existe en la actualidad, como no existía en 1957.

Quienes ansiábamos ver una justicia ejemplar creíamos que era posible reversar esa situación. Con nuestro optimismo y el de un grupo selecto de jueces, decanos de facultades de derecho y juristas, consultados para ese propósito, se identificaron seis asuntos críticos para recuperar la legitimidad:

1. Autonomía administrativa de la Rama Jurisdiccional.
2. Concordancia entre las conductas que la ley tipifica como delitos y aquellas que repudia la ciudadanía.
3. Confianza ciudadana en la probidad de los jueces y magistrados.
4. Capacidad y efectividad de la Rama para sancionar a quienes violen los derechos de los demás.
5. Fácil acceso del ciudadano que se siente perjudicado a los mecanismos de solución pacífica e inmediata de sus conflictos.
6. Un sistema penitenciario humanizado que no impida la reintegración del penado a su vida en sociedad.

Hoy debo confesar que estaba “pensando con el deseo” y que no percibí el rumbo pernicioso de la dinámica institucional. La creación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía por la Constitución de 1991 incrementó el gasto fiscal pero no dotó a la Rama Jurisdiccional de autonomía ni aumentó proporcionalmente su efectividad para sancionar justa y efectivamente a los criminales. Sendos ejemplos de las causas eficientes de ese fracaso: El Consejo Superior no dota de autonomía administrativa a la Rama como no lo harían las mesas directivas al Congreso si estuviesen integradas por ciudadanos –escogidos por otros poderes– y no por los propios legisladores. La Fiscalía, un organismo totalmente centralizado, cuenta con excelentes servidores públicos pero es un contrasentido en una “República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”.

La conciliación, que podría ser eficiente alternativa para la solución pacífica de conflictos –creada por un ex-colaborador del Instituto SER, Jaime Giraldo Angel, cuando se desempeñaba como Ministro de Justicia– corre el peligro de convertirse en un paso burocrático más en muchos procesos judiciales porque no ha logrado incrustarse en la cultura de los litigantes.

Se podrían citar varios ejemplos de una absurda dosimetría penal, sobretodo cuando se mira desde las diferentes culturas y razas que integran nuestra nación. De nuevo, la gran falencia de nuestro ordenamiento jurídico es pretender que “sombreros de un tamaño único se ajusten a todas las cabezas”.
Respecto a la “confianza ciudadana en la probidad de los jueces y magistrados”, no conozco de encuestas recientes. Las de hace 22 y 35 años indicaban un nivel de confianza ciudadana en los jueces inferior al 20%.

¿Habrá cambiado esa situación?

Quiero tratar más extensamente dos aspectos relacionados con el sistema penitenciario. En el Instituto SER y desde finales de los años setenta controvertimos el alcance exagerado que tiene en Colombia la detención preventiva, especialmente si se compara con la situación en naciones más prósperas. Con razón un jurista extranjero decía que el grado de desarrollo de un país se puede medir por el tratamiento que da a los acusados de haber cometido un delito. Ese desbordamiento de una medida preventiva no resiste el más elemental análisis lógico. En efecto, para el ciudadano corriente la detención es un castigo. Pero el detenido no ha sido condenado. Entonces, ¿qué justifica su castigo? Y si es declarado no culpable, ¿quién debe indemnizarlo por el grave daño recibido, la ciudadanía a través del Estado o el juez que lo castigó por anticipado? En esa época, cuando los abogados que trabajaban conmigo trataban de alfabetizarme en las bases del derecho y me aseguraban que “toda persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario”, me sorprendía oír de algunos jueces que “un carcelazo no se le niega a nadie” y leer expedientes en donde el juez de conocimiento defendía el haber prejuzgado al emitir el auto de detención. ¡Hoy esta disposición absurda que lleva a detener a quien no ha sido condenado y no representa un peligro social eminente, va en camino de enredar a la propia Corte Suprema! Pero el asunto no termina ahí. Para quienes la caridad cristiana es regla de vida, es inconcebible el sadismo y la sevicia del teatro, en vivo y en directo, que se monta para apresar a un ciudadano que podría citarse a ser indagado por teléfono o correo electrónico.

Conclusión

Cincuenta años de docencia universitaria me han enseñado que el respeto y el acatamiento no se pueden pedir, se deben ganar. Ciertamente los otros poderes y los medios de comunicación no deben entorpecer la búsqueda de legitimidad de la a Rama Jurisdiccional, pero ella y solamente ella la podrá recuperar, especialmente por el enorme poder que le otorgaron los constituyentes de 1991, acrecentado por varias sentencias de las altas cortes.

El camino hacia la legitimidad lo vislumbro en la parábola indígena de los dos lobos. Dice así:
Un anciano indio cherokee enseñaba a sus nietos acerca de la vida. Les dijo:
Hay una lucha en mi interior. Es una lucha terrible y se da entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, la rabia, la envidia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la mentira, el falso orgullo, la superioridad y el egocentrismo. El otro es la expresión de la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la solidaridad, la serenidad, la humildad, la benevolencia, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. Esta misma lucha se está dando dentro de cada uno de ustedes y también en el interior de cada ser humano.

Los niños meditaron por un breve lapso y luego uno de ellos le preguntó a su abuelo:

¿Cuál de los dos lobos ganará, abuelito?

El anciano respondió sencillamente:

Aquel que tú alimentes.

Intuyo que en la Rama Jurisdiccional se da una lucha similar. De un lado, los que creen que esos cargos son un privilegio adquirido, y sin los correspondientes deberes, y se dejan enceguecer por la pasión política y el poder. Del otro, los muchísimos verdaderos jueces y magistrados que se sienten servidores del pueblo y de la equidad y la justicia y que saben que su función es la de maestros que forman ciudadanía a través de sus sabias sentencias. Ese grupo admirable, es “alimentado” por vidas ejemplares como la de Jaime Giraldo Angel, quien ejerció un virtuoso magisterio, fue un pulquérrimo servidor público, y desde su discreto retiro no cesa de trabajar por un mejor país. A él, con admiración, quiero recordar con esta nota.