La universidad que queremos y necesitamos

La Universidad: modelos diferentes, respuestas a nuevos retos

Lo que hace diferente al ser humano de todos sus ancestros animales en la evolución es la capacidad de acumular información, de usar las experiencias de otros y de elaborar esa información y esas experiencia para producir teorías que le dan capacidad para anticipar posibles amenazas. Desde los albores de la historia el hombre generó mecanismos para la transmisión del conocimiento. Primero directamente de padres a hijos, de maestros a aprendices y finalmente en instituciones especializadas. Durante los últimos siglos los sistemas morales han venido evolucionando en paralelo con el crecimiento y acumulación del conocimiento. Aún sin que existiera una intención explícita para ello, el conocimiento ha puesto en duda muchos de los sustentos y de las explicaciones metaéticas que soportaban los sistemas morales en la antigüedad. Por eso, no es abusivo afirmar que el crecimiento de la Universidad como institución educativa ha tenido también una incidencia directa en el progreso moral de la humanidad, reflejado en un mayor respeto por la autonomía, la libertad y la igualdad.

La universidad, como la conocemos, hoy surgió hace cerca de mil años en la Europa medieval; la primera se fundó en Bolonia como una asociación de estudiantes que contrataron a profesores para que les dieran clases. Surgieron poco después otras, de diversos orígenes. Unas (como la de Bolonia) fueron iniciativa de los estudiantes, otras se derivaron de escuelas cardenalicias o monacales y dependieron de la iglesia, y algunas surgieron como iniciativa de autoridades civiles, príncipes y cortes. La aprobación papal y la influencia muy dominante de la iglesia fueron bienes adicionales porque promovieron una lengua franca académica y un sistema temprano para la validación generalizada de las credenciales académicas; una especie de “globalización temprana”. Los estudios se dirigían a la formación escolástica del trívium, a las otras artes liberales del quadrivium, a la filosofía y la teología y a las “ciencias lucrativas” como la medicina y el derecho. Pero todas las universidades, por varios centenares de años, se caracterizaron por estar al servicio de pequeñas élites. La educación no era un bien generalizado y la instrucción de alto nivel fue una forma de conservar y transmitir generacionalmente los privilegios que otorgaban conocimientos especializados y sofisticados.

Con el fortalecimiento de los imperios europeos por un lado y de la tecnología e industrialización por otro, empezó a surgir una universidad abierta a poblaciones más diversas. Un ejemplo paradigmático de esta tendencia fue la conocida como “Universidad Napoleónica”, que muy temprano se definió como “Universidad al servicio de la Nación”. Su vocación profesionalizante era evidente en la formación de muy buenos ingenieros militares que acompañaban la expansión del imperio. Pero no solo eso, Napoleón se hizo acompañar de esa academia en sus expediciones militares, para expandir simultáneamente la influencia cultural del Imperio. Un ejemplo notable fue la expedición a Egipto que tuvo logros académicos notabilísimos recogidos en el Estudio de Egipto, obra profunda en biología, geología, lingüística y etnografía.

El modelo de Universidad al servicio de la Nación se extendió a otros países y por muchos años. Fue el modelo apropiado por gobiernos autoritarios de distintas y opuestas tendencias políticas (universidades nazis y soviéticas por ejemplo), y se caracterizó por ser una institución muy orientada a las necesidades del gobierno, con mínima autonomía y libertad de cátedra y con una separación entre la actividad de investigación científica (que se llevaba a cabo, principalmente, en instituciones especializadas dependientes de fuertes ministerios y academias) y la actividad de formación y docencia.

Con el fortalecimiento de las democracias, incluso entre las monarquías tradicionales, y en una Prusia derrotada, en la que hervían ideas liberales y de autonomía, surgió un nuevo modelo de Universidad, la conocida como Universidad Humboldtiana que proponía que los profesores reprodujeran sus propios descubrimientos de manera que los estudiantes se formaran observando y entendiendo el “acto de creación” como un modelo que los capacitaría para producir conocimiento propio. Introduce entonces la investigación científica en el proceso de enseñanza y en las instituciones de educación. La docencia estaba construida, en gran medida, en el esfuerzo propio del estudiante. Esta no era ya la universidad que suministraba ingenieros y administradores, sino la que formaba personas y ciudadanos. Se definió a sí misma como una universidad al servicio del individuo y en extensión al servicio de la sociedad.

En los países nacientes de América, sobre todo en los Estados Unidos, ese modelo fue acogido, con una modificación importante. En una sociedad de emigrantes, sin títulos nobiliarios ni cortes y en gran expansión económica y cultural era apenas natural que hubiera también una ampliación del acceso, que bajo el principio democrático de “igualdad de oportunidades” debía llegar incluso a los más humildes. La gran red de universidades públicas creada por el presidente Lincoln contemplaba en su acto de fundación que era una red para dar instrucción a los hijos de los campesinos. Hay que reconocerle a esa red de universidades que no redujo el concepto de igualdad de oportunidades solamente a la posibilidad de acceso a la educación superior, sino que mantuvo una muy alta calidad ofreciendo también una oportunidad igualitaria en la variedad de programas ofrecidos y en la calidad de los mismos. Esta concepción ética ha puesto por un lado a la Universidad al servicio de la sociedad, pero por otro lado ha hecho que la sociedad le reconozca una autonomía de carácter excepcional entre sus instituciones. Esta autonomía es más una responsabilidad que un privilegio. La autonomía la hace tener una regulación de muy alto rigor, a tal punto que su ausencia es una limitante para el desarrollo de la institución y para la generación del conocimiento. La autonomía además ha asegurado históricamente la pertinencia de largo término de las acciones universitarias.

A partir del breve vuelo de pájaro anterior se puede decir que durante los últimos siglos se desarrollaron modelos diversos de universidad, unas para conservar y transmitir privilegios de grupos pequeños o élites civiles y religiosas, otras, mayoritariamente profesionalizantes, al servicio de las naciones, y otras más disciplinares y de investigación al servicio de los individuos, y que influidas por la democratización de las sociedades modernas son instituciones de admisión masiva con criterios de selección igualitarios.

Los tres modelos descritos no son excluyentes y no han sido reemplazados unos por otros. Siempre ha habido muy buenas universidades que pertenecen a pequeños grupos de poder político y económico y que sin duda transfieren privilegios. No solo universidades de regímenes autoritarios como los descritos anteriormente identificaron los intereses políticos del Estado, o de grupos en él, como sus objetivos propios. Adicionalmente, las escuelas profesionales y las universidades tecnológicas se orientan, en gran medida, a las necesidades del Estado y del mercado, formando profesionales y técnicos y desarrollando bienes. Posiblemente el modelo predominante hoy es el de una Universidad de Investigación, que se centra en la formación integral del individuo y que tiene una pedagogía cimentada en la solución de problemas de la sociedad, a través de la adquisición de conocimiento por el trabajo conjunto de sus profesores y estudiantes.

En el ámbito de la investigación académica, la ética es un conjunto de principios que implica tanto la producción como el acatamiento de lineamientos institucionales, nacionales e internacionales. Al interior de la Universidad su acatamiento es responsabilidad de los investigadores, aunque estará acompañado desde diferentes instancias académico administrativas. De su aplicación dependen el uso eficiente y correcto de recursos y el estímulo a la comunidad académica para que promueva el crecimiento científico, artístico y cultural de la sociedad.

Todos los modelos reclaman como su objetivo último y altruista el desarrollo de la sociedad, y seguramente generan y han generado aportes sustantivos en ese propósito. Todos han coexistido en formas puras y en mezclas, y también lo hacen en la actualidad. En la mayoría de los países la educación universitaria se considera un bien público, y las universidades son los instrumentos más apropiados para promover la equidad social tratando de igualar las oportunidades que inicialmente son muy diferentes.

El modelo que el equipo que escribe este libro tenía en mente desde el inicio fue el de una universidad abierta a todos, con acento en políticas de inclusión y movilidad social basada no solo en acceso sino en la calidad de la formación. Que está centrada en el desarrollo del individuo y al servicio de la sociedad pero con independencia de los gobiernos y con gran autonomía y libertad de cátedra y con la investigación científica y la creación artística como ejes fundamentales del proceso formativo.

Especificidades de la situación colombiana

En Colombia se usa en forma genérica el término educación superior para toda la educación post-secundaria. En otros países el término superior se usa solo para la universitaria, y como término general se emplea el de educación terciaria. Eso puede generar algo de confusión cuando se hacen comparaciones internacionales. El sistema de educación superior colombiano tiene una participación casi equivalente, cuantitativamente, entre instituciones públicas y privadas. Para la década de los noventa noventa la educación privada había crecido consistentemente y se había fortalecido tanto que llegó a cubrir alrededor del 70 % de los estudiantes. A partir del 2000 se ha venido revirtiendo ese crecimiento relativo de lo privado y en este momento (para el 2013) la educación pública corresponde al 52,5 % (incluyendo la formación técnica y tecnológica del SENA —Servicio Nacional de Aprendizaje— SNIES, Sistema de Información de la Educación Superior, MEN). El crecimiento relativo en la educación pública es coherente con el hecho de que la educación se ha venido masificando y la cobertura general ha venido creciendo. El crecimiento en la cobertura de la educación secundaria se ha dado los últimos años principalmente en los estratos socioeconómicos de bajos recursos (en los estratos altos las coberturas hace años eran cercanas a la totalidad). Este hecho lleva evidentemente a que la presión de crecimiento de cupos en Educación Superior proviene mayoritariamente de poblaciones de bajos recursos.

Hay en Colombia una sola asociación que reúne a todas las universidades públicas y privadas (ASCUN). Es una organización que no depende del gobierno, surgió durante las rebeliones estudiantiles contra la dictadura de Rojas Pinilla y ha tenido diferente nivel de relevancia en épocas diferentes de la historia reciente. Por el hecho de que casi todas las universidades pertenecen a ella, la asociación tiene una voz fuerte y es escuchada, haciendo las veces de asesora no oficial del gobierno para asuntos de educación superior.

Hay un organismo que por ley asesora al gobierno en estos temas, que es el Consejo Nacional de Educación Superior CESU. Está compuesto por representantes de diversas instituciones y sectores sociales: universidades públicas y privadas, instituciones de educación superior no universitaria, empresarios, profesores, estudiantes y otros. A pesar de su existencia legal, las funciones del CESU han venido siendo disminuidas durante años y su relevancia es menor.

La tipología institucional del sistema es confusa. Tenemos un sistema universitario único que comprende a muchas instituciones de educación que no son universidades. El sistema se vuelve aún más confuso con la inclusión en las estadísticas de las escuelas técnicas y tecnológicas con programas de formación orientados al trabajo. Para aumentar la confusión en una reciente discusión de propuestas para una nueva Ley de Educación Superior el gobierno ofreció autonomía universitaria a todas las instituciones de Educación Superior, incluidos colegios técnicos. La propuesta que se hizo para lograr el apoyo político de esas instituciones, y tal vez para mejorar en algo su capacidad para aprobar y manejar el presupuesto, demostraba una tremenda incomprensión de lo que es la autonomía universitaria devaluándola en el largo término.

El sistema de aseguramiento de calidad tiene también una interesante dicotomía. Los requisitos mínimos para apertura de programas se certifican a través de un registro que expide el Ministerio de Educación Superior. Para el estudio técnico se vale de unas comisiones (Conaces) de pares con experiencia, coordinados y dirigidos por el mismo ministerio. Por otro lado, la acreditación de alta calidad, tanto de programas como de instituciones está en manos de un ente de alta autonomía y de muy alto nivel: el Consejo Nacional de Acreditación. Su actividad es financiada por el ministerio, quien finalmente expide las certificaciones, pero sus evaluaciones y sus juicios son independientes.

El sistema público de Educación Superior está financiado estatalmente. Algunas universidades son del orden nacional y su financiamiento proviene principalmente del presupuesto de la Nación. Otras son regionales y tienen aportes dispares de los gobiernos departamentales. En general, el financiamiento es deficiente y la mayoría de las universidades lo mejoran con recursos propios que provienen de matrículas y de proyectos de investigación y extensión. Las matrículas representan una parte pequeña del presupuesto. En la mayoría de las universidades públicas se calcula su monto de acuerdo con los ingresos familiares del estudiante y, por cuanto la población predominante es de bajos recursos, resultan las matrículas muy bajas, frecuentemente simbólicas. El presupuesto de inversión de las universidades estatales es muy bajo, rara vez superior al 5 – 8% del presupuesto de funcionamiento, lo que para instituciones que deben estarse renovando en medios pedagógicos y en infraestructura tecnológica resulta patentemente insuficiente. El aporte de la Nación a las universidades públicas como porcentaje del PIB ha disminuido consistentemente desde el año 2000, cuando era prácticamente el doble del año 2008. El aporte promedio del gobierno por estudiante de universidad pública está hoy en alrededor de cuatro millones de pesos al año. Algunas pocas universidades que destacan en investigación y que tienen plantas profesorales de muy alta calidad (y por tanto de alto costo) llegan alrededor de nueve millones al año. Eso, y factores relacionados con el desarrollo de las instituciones en sus regiones genera diferencias en la calidad de la educación que prestan. Sin embargo, puede decirse que son relativamente homogéneas en sus propósitos y en sus procesos.

Las universidades privadas son todas instituciones sin ánimo de lucro que deben reinvertir los excedentes en la misma universidad y lo hacen con grandes diferencias entre ellas: algunas integralmente, otras han sido poco responsables y en ocasiones se han convertido en negocios disfrazados de empresa altruista. Algunas de ellas han empezado a ser intervenidas por el MEN. Sus recursos provienen principalmente de matrículas y en algunas se complementan con proyectos de investigación y extensión. La heterogeneidad en las instituciones privadas es mucho más grande que entre las públicas. Las diferencias de calidad pueden llegar a ser abismales. El origen de las instituciones y sus “dueños” es también diverso y podría estar señalando intereses encontrados. Hay unas que surgieron como fundaciones, con un propósito educativo y de desarrollo sin ningún otro interés explícito. Pero es necesario reconocer que hay otras con identificación clara de grupo. Algunas son universidades religiosas dependientes de comunidades y en algunos casos del Vaticano (lo que se manifiesta, entre otras cosas, en que el rector es nombrado por el Papa). Hay unas con identificación política explícita, creadas como reacción a años de preponderancia de educación religiosa y conservadora. Hay instituciones manejadas por logias masónicas, por grupos de amigos fundadores y también las hay familiares.

A pesar de la gran heterogeneidad en los orígenes y adscripciones o identificaciones de las universidades privadas, hay que reconocer que en general asumen en forma responsable y ética sus propósitos educativos y se centran principalmente en ellos, y sin renunciar a sus proyectos propios, son amplias e incluyentes. Casi todas mantienen a la educación como un servicio público aunque sea impartida por ellas en calidad de entes privados.

Hay casos en los que, actuando como instituciones que son definidas legalmente como sin ánimo de lucro, se han detectado desviaciones de recursos para lucro privado, a través de tercerías, altos salarios, arriendos de infraestructura y otros. También hay que reconocer que en algunos de estos casos, con la llegada de una nueva generación de dueños, las instituciones se han centrado más en su propósito social, y reinvierten más recursos en la misión institucional y en la educación.

Este panorama colombiano muestra pues instituciones públicas y privadas en cierto equilibrio cuantitativo, mayoritariamente centradas en su misión de educar y con criterios de prestación de servicio público, con una gran heterogeneidad en la calidad y en los programas que ofrecen, y con mecanismos de financiamiento diferentes que conllevan problemáticas distintas. Una población de estudiantes puede acceder a muy buena calidad pagándola, otra, limitada por la capacidad de las instituciones públicas, a una calidad equivalente subsidiada por el Estado, y muchos a calidades inferiores y pagando directamente con sus recursos o a través de préstamos, que en algunos casos tienen parcialmente subsidiados los intereses.

La Ley 30 de 1992 que rige actualmente la educación superior ha generado restricciones graves en el crecimiento presupuestal de las universidades públicas, que tienen una gran demanda que no pueden atender. En forma simplista, se puede decir que el problema es que mientras las universidades públicas solo están en la capacidad de atender una fracción pequeña de la demanda (algunas de ellas, como la Nacional, reciben apenas un 8 % de los aspirantes) en muchas de las universidades privadas persiste el fenómeno de “sillas vacías”, es decir, de una oferta superior a los requerimientos que recibe.

Si se piensa en el mantenimiento de un sistema mixto, más o menos equilibrado como el que existe, el Estado debe desarrollar los medios para que la universidad pública pueda crecer con el crecimiento de la población aspirante, sin perder capacidad de renovación y de progreso y manteniendo sus estándares de calidad. Para un refuerzo a la cobertura con calidad, por parte de instituciones privadas, debe buscar mecanismos para que el subsidio a la demanda (es decir, los préstamos) no sea tan oneroso para los usuarios que interfiera con el desarrollo profesional e individual. Así mismo, los préstamos deben ser pagables de acuerdo con los ingresos del mercado laboral colombiano, en forma realista, tanto en periodos muertos, como plazos e intereses. La modernización tecnológica, la investigación científica y la creación artística deben contar con apoyos de fondos independientes.

Adicional a todo lo anterior es importante señalar que la mayoría de las universidades colombianas están dedicadas a formar profesionales. Pocas, tanto entre las públicas como entre las privadas, han asumido un desarrollo significativo de investigación científica. Eso genera retos importantes cuando se compara con la situación global, sobre todo con países desarrollados y con una fuerte dinámica emergente.

Algunas especificidades de la Universidad Nacional

Al abordar la dirección de la Universidad Nacional teníamos que considerar algunas condiciones específicas y sui generis de esta. Desde su primera fundación como Universidad Central (por el general Santander), la segunda como Universidad Nacional (por el presidente Santos Acosta) y su fortalecimiento en la actual ciudad universitaria de Bogotá (por el presidente Alfonso López Pumarejo), se ha acentuado el hecho de que se trata de la “Universidad de la Nación”. Ese carácter histórico de universidad especial y única entre las otras universidades se confirmó en la Ley 1210 de 1993, que le da un régimen legal especial. Tanto la norma como la tradición histórica le infieren a la Universidad un carácter especial, anunciándole con eso grandes expectativas de la sociedad y generando responsabilidades igualmente especiales.

La Universidad Nacional debe ser por tanto líder del sector y para ello leer cuidadosamente las señales que le envía el país y las que llegan del mundo. Es una universidad pública, que debe ser ejemplo del manejo de lo público y de la defensa de los intereses generales. Debe estar dispuesta al servicio de una población de jóvenes con muchas capacidades pero, en general, con pocos medios económicos para lograrlas. Debe estar a la vanguardia en la generación de conocimientos, y en la promoción de la cultura. Debe ser el líder del pensamiento independiente y para esto configurarse como una entidad autónoma modelo en el sistema. Debe analizar crítica y positivamente los desarrollos que se den en el país.

El liderazgo ético de la Universidad Nacional debe reflejarse también en una visión y en unas actitudes ambientalmente responsables. No solo es necesaria la construcción de una universidad amigable con el medio ambiente en el manejo de sus residuos, en sus construcciones y en el uso de recursos como la energía y el agua, sino que debe constituirse en una fuerza de pensamiento que apoye iniciativas de sostenibilidad ambiental en muchos otros ámbitos de la sociedad colombiana.

Para cumplir con tantas responsabilidades el profesor de la universidad debe ser una persona altruista, con profundos conocimientos y en proceso de crecimiento continuo, acompañante decidido y generoso de sus estudiantes en su proceso formativo, y dispuesto a participar en proyectos investigativos que aborden problemas apremiantes de la sociedad y la ciencia.

El carácter nacional implica presencia en las regiones y preocupación por sus necesidades específicas. Implica también la inclusión de culturas y grupos diversos. Tiene un papel importante como embajador (no dependiente del gobierno) de la ciencia y la cultura colombianas ante el mundo, y de transmisor de avances y nuevas perspectivas que recoge entre sus comunidades pares del mundo hacia la sociedad colombiana. La globalización no es un mito es una realidad, y la Universidad sin duda es un actor importante en sus procesos. La presencia del país y de sus regiones en el mundo global requiere embajadores que sean pares de aquellos de otros países, que puedan relacionarse e intercambiar conocimientos, y que por supuesto le otorguen a la Nación las ventajas de una presencia activa y alerta en los más importantes desarrollos del mundo.

Tiene además algunas características comunes con otras universidades públicas de Colombia y el mundo. Posee una comunidad de profesores extraordinariamente ilustrada y competente en un amplio rango de disciplinas, ciencias y artes; una comunidad de estudiantes que lograron entrar a ella después de un proceso de selección riguroso que escogió no más del 8% de una población que ya se había autoseleccionado antes, entre los mejores y más ambiciosos estudiantes de la secundaria. Tiene además un equipo de trabajadores administrativos que en general están muy altamente motivados y se identifican fuertemente con la institución y sus objetivos. Sin embargo, y precisamente por la gran diversidad de pensamientos, hay posiciones diversas, antagónicas en muchos campos, y dificultades para llegar a acuerdos que sean aceptados por todos, incluso después de deliberaciones muy prolongadas.

Se puede decir (simplificando hasta los límites de lo posible) que hay grupos que son excelentes académicamente y que concentran sus actividades en la universidad exclusivamente en ese campo. Hay otros grupos, que sin ser menos destacados académicamente, ven a la Universidad como un vehículo para lograr cambios sociales a través de la actividad política, a veces partidista. Así en los procesos de elección y consulta se da, en forma consuetudinaria, una gran abstención tanto entre profesores como estudiantes, aunque por otro lado, hay grupos bien organizados y activos, que reaccionan ante las diferentes iniciativas de la directiva de la universidad y del gobierno con rechazo y con solicitudes de cambio radical, que muchas veces exigiría un cambio previo en el carácter del Estado, en el gobierno, en las leyes y hasta en la Constitución. Por eso, prácticamente en todos los procesos de nombramiento de rector (desde que él dejó de ser nombrado directamente por el presidente) se contraponen entre los candidatos las dos posiciones: la de quienes ven en la Universidad un proyecto importantísimo para la sociedad pero fundamentalmente académico y la de quienes piensan que ese proyecto debe promover cambios políticos profundos en el país ante los cuáles el elemento académico se vuelve secundario.

Realidades y retos novedosos que enfrenta la universidad

Desde la segunda mitad del siglo XX la sociedad ha venido haciendo nuevas exigencias a la Universidad. Exigencias que la obligaron a superar su papel exclusivo de formadora de los profesionales que van a resolver los problemas de la sociedad, para asumir ella misma un papel activo y directo en muchas tareas. Este papel activo tiene implicaciones muy profundas en la conformación institucional, en su visión y en la forma como define y atiende su misión.

Gran parte de la investigación que se le pide hoy a la universidad se hace en este contexto de la universidad como actor importante pero con nuevos socios. Es una investigación que, si es bien profunda y muy académica, se hace en contextos híbridos, heterogéneos y hasta heterodoxos. Ya no solo se desarrolla en los laboratorios, sino en oficinas de gobierno, en empresas, en tanques de pensamiento, en oficinas consultoras, con ONG y con las comunidades. Muchos de ellos, socios que hace un tiempo eran impensables y hoy se hacen indispensables. Los productos tampoco son siempre los clásicos artículos de revista científica. Pueden ser procesos o productos patentables o para registro, o simplemente procedimientos que se implantan por útiles y convenientes. Pueden generar políticas públicas, sistemas de control o seguimiento o incluso diseño de grandes obras.

En respuesta a estas nuevas exigencias sociales, la Universidad hace presencia en diversos ámbitos que antes le eran extraños. Participa e impulsa las redes entre empresa, gobierno y universidad para sacar adelante grandes emprendimientos nacionales o regionales; está presente en asociaciones académicas y profesionales; dialoga permanentemente con comunidades y con organizaciones no gubernamentales. Pero, al ser más abierta, y al generar asociaciones con múltiples entes, debe entender que cambian los términos de gobierno y de propiedad de los proyectos y sus resultados. La inclusión de socios implica, necesariamente, compartición de derechos y gobiernos mixtos. La autonomía debe llenarse con nuevos contenidos y con soluciones apropiadas a las nuevas circunstancias.

Como actor directo en los procesos sociales se espera de la Universidad también opiniones ilustradas y ampliamente discutidas sobre problemas políticos actuales de la sociedad. No se espera que cambie su esencia o que tome partido, pero sí que contribuya con opiniones basadas en conocimiento y que son confiables precisamente porque no vienen de un cuerpo político con intereses propios sino de uno académico cuyo interés es más general, y cuyo compromiso está con la búsqueda de la verdad y no con convencer a más seguidores a una causa. En las circunstancias que vive el país, aún con conflictos internos pero próximo a un acuerdo de paz, la Universidad debe ser un soporte para la construcción de una sociedad tolerante, diversa y justa. Deberá asumir un papel activo no solo en el pensamiento, sino también en la generación de iniciativas que consoliden una verdadera paz.

Otro gran reto moderno de las universidades es el cada vez menor tiempo de obsolescencia de los conocimientos, así como el crecimiento exponencial de la información y su disponibilidad cada vez más abierta y libre. Eso quiere decir que los conocimientos adquiridos por los estudiantes son inútiles mucho antes de que ellos cumplan unos pocos años de actividad profesional. Por otro lado, la información que tiene ya está desactualizada y es insuficiente incluso en el momento mismo de graduarse. La implicación de estos hechos para el tipo de preparación que la universidad debe darle a sus estudiantes es profunda. No puede ya ser una educación meramente instructiva; debe ser necesariamente formativa y uno de los elementos principales en esa formación debe ser la capacidad del profesional para estarse renovando él mismo, al ritmo que lo hacen los conocimientos en su campo. No tiene problemas para acceder a la información que se le presenta en avalanchas, pero sí para discriminar con rigor la que es buena y la pertinente.

La educación continua se ha vuelto una necesidad en todas las sociedades y la universidad recibe presiones crecientes para ofrecerla. Los ciudadanos necesitan tener acceso a cursos y actividades educativas, no solo por la obsolescencia de sus estudios superiores, sino por los nuevos intereses que surgen, y por su derecho a continuar un proceso propio de formación y de comunicación con un mundo que cambia velozmente.

Los posgrados que hasta hace poco eran una especialización más detallada en el campo profesional del individuo hoy capacitan con instrumentos investigativos, o por lo menos con criterios basados en el método científico, para abordar problemas de los cuales el egresado sabía muy poco antes de que le tocara enfrentarlos. El posgrado por eso mismo se ha convertido en requisito básico para acceder a posiciones de liderazgo en la sociedad, el gobierno y las empresas.

Las nuevas tecnologías de información y comunicación se presentan como una oportunidad para ampliar el alcance de las universidades. Sin embargo, exigen cambios pedagógicos importantes porque ellas solas no bastan. Generan además retos nuevos por la gran cantidad de material de estudio gratuito de gran calidad que se encuentra disponible en la web, y también por ofertas internacionales, de calidad variable y con control casi nulo, que de diversas formas compiten con ellas.

Una realidad adicional que deben enfrentar las universidades es la de la globalización. El papel del conocimiento y de la innovación en la economía de las naciones es cada vez mayor, y por tanto la exigencia a las universidades para que contribuyan en su generación y que preparen personas aptas para generarlos es mayor. La transferencia de conocimientos es más rápida, las fronteras nacionales a veces se vuelven difusas y con frecuencia la economía se desarrolla más con criterios regionales que nacionales. La universidad es uno de los mejores instrumentos para la comunicación global. De ella se espera que promueva encuentros entre naciones y culturas distintas. Se espera también que genere campos de encuentro para las diferentes disciplinas y que permita su acción conjunta en la solución de problemas complejos que una sola no podría abordar. Sus poblaciones diversas, los orígenes múltiples culturales y disciplinares de sus miembros, prestan el lugar ideal para fructíferos encuentros. Hay que recordar que en el mundo global son tanto o más relevantes las regiones que la Nación misma. La construcción de proyectos fuertemente enraizados en su región, por parte de las sedes de la universidad, será una contribución radical a la integración económica, social y cultural de las mismas en ese mundo globalizado.

Pero esa difusión de fronteras genera también una competencia mayor. Grandes universidades con muchos recursos se vuelven asequibles para la gente, para los gobiernos y para las empresas que buscan soluciones a sus problemas. Las acreditaciones y los ranqueos son una realidad inevitable. No basta con que la universidad se declare a sí misma buena, debe de alguna forma ser reconocida socialmente con indicadores aceptados en ámbitos relativamente amplios.

Finalmente, un reto adicional se deriva de las exigencias sociales por una mayor comunicación. Esta parte de un sentido creciente de exigibilidad (accountability) por parte de los ciudadanos que hacen sus aportes y pagan impuestos con los cuales se financian las universidades. La rendición de cuentas cada vez es más sofisticada y detallada, se le pide informar cómo usó los recursos, cuáles fueron los resultados y finalmente en qué medida esos resultados generaron cambios y produjeron impacto con soluciones a problemas concretos.

La comunicación requerida se da también a través de proyectos de extensión y entre ellos de extensión solidaria con las comunidades. Se convirtió la extensión en una nueva actividad misional, que consiste en escuchar con cuidado los problemas inmediatos de la sociedad y contribuir a su solución. Se trata de problemas diferentes a los que aborda la investigación; son problemas más acotados, con soluciones que se esperan más rápido y con impactos visibles también inmediatamente. Algunos proyectos son verdaderas consultorías o asesorías técnicas, otros construyen con la gente las soluciones más apropiadas, a veces se producen diseños de obras o de procesos de bastante complejidad.

Se le pide también a la Universidad una actividad decidida en la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. Así, no resulta extraño ver a las universidades editando periódicos, produciendo programas de radio y televisión (a veces con emisoras y canales propios), con agencias de noticias, organizando foros y seminarios de popularización de temas que son de actualidad y urgencia pero que resultan algo abstrusos para el público general. No es extraño tampoco ver que tienen orquestas y salas de conciertos y museos y salas de exposiciones. No es solo información lo que se les solicita, es ilustración y educación en campos de ciencia, cultura y arte para una población general, no especializada.

Retos concretos al abordar la dirección de la Universidad Nacional

Con base en la visión amplia de la universidad y del contexto nacional y mundial descritos anteriormente, estaban muy claros algunos de los campos en los que era necesario actuar con decisión. Los más centrales y urgentes eran los siguientes:

Una reforma académica.- Tanto el análisis de los nuevos retos que impone la sociedad a la universidad, como el hecho de la obsolescencia de conocimientos, de la necesidad de una educación permanente a lo largo de la vida, y los desarrollos en el mundo sugerían que la forma como veníamos haciendo las cosas no era la más adecuada.

En el año 1964, durante la rectoría del Dr. José Félix Patiño, se llevó a cabo una gran reforma de la Universidad Nacional que dio como resultado la consolidación de grandes facultades, y en principio la posibilidad de los estudiantes de acceder a oportunidades educativas en facultades diferentes a las suyas. Fue exitosa porque produjo un refuerzo grande a la estructura disciplinar de la Universidad, por el impulso que dio a las ciencias naturales, a las humanas y a las sociales, y por el giro de modernidad que le dio en general a su actuación. Sin embargo, su ambición de una gran movilidad entre facultades y flexibilidad en los programas individuales se vio frustrada por la rigidez de los currículos y por una cultura muy fuerte en la que prevalecía la enseñanza frontal de las cátedras.

Más tarde a principios de los años noventa en la rectoría de Antanas Mockus se llevó a cabo una reforma en profundidad, que pretendió modificar el método pedagógico y recuperar esos conceptos de movilidad y flexibilidad que no habían logrado hasta entonces afianzarse en la Universidad. La reforma era visionaria y futurista y formalmente llegó a buen término con los acuerdos que la sustentaron y el cambio en la estructura de los currículos. Sin embargo, con un proceso lento de erosión que coloquialmente se conoció al interior de la universidad como la “contrarreforma”, se volvió a las mismas prácticas. De hecho, se mantuvieron aislados los programas, cada uno buscando la autosuficiencia con sus profesores, sin acudir a otras carreras y disciplinas y formando profesionales muy homogéneos (en el sentido de que todos los de un programa de pregrado o posgrado cursaban exactamente las mismas asignaturas y tenían un perfil de egreso idéntico).

En la segunda rectoría de Marco Palacios, el año 2004 se aprobó una nueva reforma en el mismo sentido de la de Mockus, pero infortunadamente su ejecución se congeló por un movimiento de oposición de profesores y estudiantes, y por la renuncia del rector.

Nos quedaba claro de todos esos esfuerzos (y otros no nombrados acá por el carácter breve que tiene este texto) que era imperativo hacer un nuevo esfuerzo de reforma dirigido a generar programas más flexibles, una mayor autonomía del estudiante en su proceso formativo, presencia importante de la investigación, movilidad entre facultades y niveles (acceso facilitado a los posgrados) y una pedagogía dirigida a formar personas con buena capacidad de continuar permanentemente el proceso de autoformación después de egresados.

Para lograr esos objetivos nos parecía indispensable reestructurar todos los currículos (94 carreras profesionales y unos 300 posgrados) basándolos en créditos, con equivalencias amplias y con un porcentaje muy importante del currículo en asignaturas y actividades elegibles por el estudiante entre una amplia oferta que provenía de todas las facultades. Era fundamental también cambiar el obsoleto estatuto estudiantil, con más de 30 años, escrito y remendado hasta que quedó convertido en un laberinto de normas, a veces contradictorias, y de una rigidez que haría fracasar cualquier intento de flexibilización. Resultaba importante también generar muchas opciones diferentes para trabajos de grado, de acuerdo con las inclinaciones de los estudiantes, y facilitar vías novedosas para entrar directamente a los posgrados, o para complementar los estudios del programa profesional con otros que el estudiante escogiera para su enriquecimiento académico personal.

Construcción y concepción de un sistema de investigación universitario.- La Universidad Nacional era sin duda la institución que más investigación venía haciendo, por años, en el país. Sin embargo, hay que reconocer que era una actividad más debida a la iniciativa de profesores con excelente formación académica y con un compromiso personal fuerte, que a una política institucional. Apenas en el año 2005 se creó una vicerrectoría de investigación. Antes estaba en cabeza de una dirección nacional, que no tenía presencia en los ámbitos colegiados de decisión, con ninguna capacidad financiera y de gestión y que en un momento llegó a estar más de seis meses acéfala, sin mayores preocupaciones por las directivas del momento. Hubo intentos de estructuración de un sistema de investigación y en algún momento se produjo un documento que estuvo esperando varios años que el Consejo Superior lo discutiera, sin que nunca llegara a él. La inversión en investigación era muy baja y variaba de acuerdo con la voluntad de las directivas de turno y de las circunstancias presupuestales del momento; nunca fue percibida como una verdadera prioridad.

Las iniciativas personales se organizaron en algunos programas amplios y generales, pero infortunadamente estos pronto se convirtieron más en un formalismo y una clasificación que en un verdadero intento de asociar esfuerzos o de alinearlos. La comunicación con comunidades científicas del mundo sucedía también por la iniciativa personal de los investigadores. En el plan de trabajo de los profesores la investigación ocupaba un lugar secundario, y en muchas ocasiones no era posible incluirla porque las horas no cuadraban, se daba casi en la clandestinidad.

Por otro lado, la realidad en el país y en el mundo atropella. No hay dudas de que las universidades importantes llevan a cabo investigación de frontera y son las líderes de producción de conocimientos y tecnologías. No hay duda también de que en los ámbitos modernos ellas son centros de generación de arte y cultura, y los usuarios de unos y otros son todos los ciudadanos, no solo los profesores y estudiantes.

El financiamiento de la investigación científica en el país ha sido precario desde siempre. Al no aumentar en proporción al crecimiento del país y a las proyecciones de múltiples estudios y análisis, se hacía cada vez más difícil el acceso de los investigadores universitarios a fondos públicos. Esos fondos además estuvieron siempre limitados a las actividades investigativas mismas, con muy poco apoyo a otras actividades fundamentales y necesarias para el éxito de la investigación, como la comunicación con pares, el apoyo a estudiantes, y los trabajos previos necesarios para concebir, planear y construir los proyectos. Es decir que se enfrentaba en la universidad una buena situación de crecimiento del número de profesores investigadores con una muy peligrosa reducción de las posibilidades de financiamiento.

Era clara entonces la necesidad que tenía la universidad de conformar una política científica, programas de apoyo a sus investigadores y además hacer un diagnóstico o mapa de los potenciales de la universidad, que se cruzara con las necesidades de la sociedad para mejorar su oferta y su posible impacto.

Para eso varias acciones se hacían necesarias: reglamentar un fondo de investigación que existía nominalmente en la recién creada vicerrectoría pero que estaba vacío y sin funciones; decidir por reglamentación de muy alto nivel, la destinación específica de parte importante de la inversión de la universidad para apoyar programas de investigación; generar convocatorias para financiamiento de proyectos que atendieran a diversas necesidades de la comunidad de investigadores, y a estrategias diversas para su fomento y crecimiento. Paralelo con ello se hacía indispensable apoyar a los estudiantes de posgrado y a los grupos donde trabajaban con becas de sostenimiento y exenciones de matrículas y fomentar la movilidad de estudiantes y profesores a otros grupos en el país y el exterior.

Muy necesario era también un esfuerzo de organización interna, no solo para la ejecución de los fondos, sino para conocer en detalle los potenciales de la universidad (que son muchísimos y complejos). Eso permitiría organizarlos en grandes agendas prioritarias que facilitaran la respuesta de la universidad a los problemas planteados por la sociedad, así como la comunicación, cooperación y sinergia entre grupos de disciplinas complementarias.

La presencia en el país.- Como se mencionó, tanto por tradición histórica como por Ley, la Universidad Nacional de Colombia es la Universidad de la Nación. Ese hecho es un gran privilegio, pero ante todo implica obligaciones importantes de atención a una población amplia. Obligación para dar respuesta a problemas generales, para llevar a cabo análisis de situaciones que afectan al país y para hacer contribuciones a su ciencia, su arte y su cultura.

Sin pretender la imposible (y poco deseable) meta de estar en todas partes, la Universidad Nacional sí ha hecho esfuerzos para tener presencia efectiva y de gran impacto en regiones diferentes, no solo en Bogotá. Durante sus años de existencia se le anexaron a la universidad sedes regionales distintas, con historias, antecedentes y vocaciones diferentes, y que también a lo largo del tiempo cambiaron su carácter de seccionales o regionales y hoy a sedes. La sede de Medellín tuvo sus orígenes en la Escuela de Minas y en la Escuela de Agricultura Tropical. Eso le ha inferido un predominante acento tecnológico, que con el tiempo se ha venido matizando con la introducción de estudios en ciencias, en artes y arquitectura y en humanidades y ciencias sociales. La sede de Manizales se originó como una facultad de ingeniería y ha tenido una orientación principalmente tecnológica. La de Palmira surgió de la Escuela Superior de Agricultura Tropical y su vocación es de ciencias agrarias principalmente. La sede de Bogotá desde un principio trató de cubrir una gama amplia de intereses académicos y esa vocación amplia, muy general, se ha venido consolidando con el tiempo.

Más recientemente, y como respuesta al abandono tradicional en que el país ha mantenido sus fronteras más alejadas, la Universidad decidió construir sedes en el Caribe (San Andrés), Arauca, Amazonas y el Pacífico. Las tres primeras se consolidaron hace casi dos decenios con infraestructura y planta profesoral propia, pero a pesar de eso han permanecido débiles y frágiles, siempre con peligro de suspensión de actividades y muy dependientes de la voluntad de las directivas de turno. En el Pacífico, a la llegada de este equipo, no se había hecho ningún esfuerzo por empezar a construir la sede que estaba creada por norma. Tampoco se había hecho ningún esfuerzo por tener una presencia en el Caribe continental.

El crecimiento de las sedes de la universidad fue un poco inercial y la relación entre ellas poco pensada, mucho menos elaborada. El gran peso de la Sede de Bogotá, aunado a la cultura y estructura centralista del país, llevó a una universidad igualmente muy centralista que era vista en la sociedad y en el gobierno como una universidad bogotana con pequeñas filiales en algunos lugares. Era muy débil la sinergia entre sedes reflejada en intercambio de profesores, uso de facilidades, proyectos conjuntos, cursos combinados y otros. Las sedes mismas, por su autonomía limitada, tenían poca interacción con las autoridades locales y con los planes de desarrollo de sus regiones. Además se perdía para la universidad (y para el país) el inmenso valor geopolítico, humano y científico que tienen las sedes de frontera.

Era pues evidente para el nuevo grupo de dirección la necesidad de una reflexión sincera sobre el significado de una universidad pública y nacional. Así mismo, se debía tomar una decisión sobre la pertinencia de las sedes de frontera y el interés de la universidad en ellas. Se debía pensar el modelo de manejo. Por ser la universidad una institución con personería jurídica única no era posible una descentralización que generaría entidades independientes, pero sí una desconcentración de forma que en la sede, pero en el marco de la unidad institucional, se pudiera mantener autonomía para proponer y gestionar los planes de desarrollo y para administrar sus recursos, estudiantes y personal académico y administrativo.

Concepción y diseño de un sistema de bienestar universitario.- El bienestar universitario aparece muy tempranamente en la Universidad Nacional con la reestructuración que fue llevada a cabo por el presidente Alfonso López Pumarejo. Sin embargo, no es exagerado decir que como otras buenas intenciones no ha sido tomado con determinación y persistencia por las diferentes administraciones. En los años ochenta tempranos se cerró el sistema de residencias y cafeterías de la Universidad Nacional en Bogotá. La Ley le exige a las universidades que dediquen un 2% del presupuesto de inversión a bienestar. Este presupuesto, que como ya se mencionó es exiguo, está muy lejos de poder cubrir las necesidades reales. El bienestar entonces con frecuencia estuvo relegado a una presencia menor en la actividad universitaria.

Este hecho es paradójico por cuanto un objetivo fundamental de la educación superior, pero muy especialmente de la pública, es la inclusión social. La universidad debe como primera prioridad luchar contra la exclusión, por todas las causas: por pobreza, género, etnia, discapacidad y lugar de proveniencia. Una buena política de inclusión va a fomentar la diversidad que, además de su valor humano intrínseco, tiene un gran valor adicional en la formación de los estudiantes y en su comprensión del país y del mundo. La inclusión y la diversidad contribuyen a una formación integral y a la construcción de mejores personas, mejores ciudadanos y mejores profesionales. Es además un imperativo en un país con una de las mayores inequidades del continente.

El equipo que recibió la dirección enfrentaba la necesidad, en primera instancia de hacer una reflexión profunda sobre el tema, y de tratar de construir un Sistema de Bienestar Universitario de acuerdo con las exigencias del momento. Era necesario para esto desarrollar la normatividad necesaria, diseñar las instancias de dirección y gestión, buscar todas las posibles fuentes de financiamiento y construir todo el andamiaje que en forma colectiva podía hacer real y efectivo el sistema.

En los esfuerzos de inclusión habría que considerar algunos programas de acción afirmativa para admisión especial a poblaciones particularmente necesitadas, para estudiantes de las sedes de frontera y en general para apoyar la permanencia y éxito académico de estudiantes especialmente vulnerables por razones socioeconómicas.

Construcción de un sistema de gestión universitario.- La administración de una universidad como la Nacional con más de 40.000 estudiantes, 3.000 profesores y 3.000 funcionarios administrativos es de por sí compleja. Esa complejidad se aumenta por las limitaciones que infiere la administración pública y por culturas y tradiciones administrativas que se oponen a cambios y la hacen muy lenta. El temor (generalizado en el país) con los entes de control hace además que los administradores introduzcan trabas y certificaciones adicionales, para protegerse de posibles demandas o para repartir las responsabilidades. El sistema normativo con el tiempo se desordenó y distintas instancias produjeron instructivos diferentes, a veces contradictorios, de forma que no había unidad de criterio entre las diversas facultades o divisiones administrativas. Todo eso hizo de la universidad un ente burocrático y pesado. Estos hechos se agravaban aún más para las sedes que debían depender de acciones que se llevaban a cabo solo en Bogotá.

La estructura y organigramas de la universidad eran completamente obsoletos y no correspondían a la realidad. Las funciones no estaban claramente definidas y había casos de superposición, de redundancia y de contradicción, así como casos en los cuales nadie tenía la facultad para decidir.

El manejo de personal tanto académico como administrativo tampoco es fácil. La diversidad, sobre todo en las actividades del personal docente, hace muy difícil el uso de parámetros uniformes y la evaluación de su labor. El personal administrativo tiene muy pocas posibilidades de progresar en una carrera que en la práctica no existe. En el momento en que empezó este grupo de dirección hacía más de seis años que no se llevaba a cabo ningún concurso de ascenso; estos se hacían solo en forma temporal y por decisiones arbitrarias de los jefes directos.

El equipo de dirección enfrentaba la disyuntiva entre ejercer acciones rápidas con efecto visible inmediato en algunos campos, pero con el riego de seguir aumentando las incoherencias en esa gran colcha de retazos que es la estructura administrativa y el sistema de gestión, o empezar una labor mucho más difícil y menos popular, sistemática, lenta y silenciosa con amplia participación de los involucrados, para finalmente recomendar la estructura que mejor se adaptara a la universidad, y construir un mejor sistema de gestión. Enfrentaba también el grupo de dirección la necesidad de hacer análisis cuidadosos y autocríticos de la planta docente de su productividad y de la forma como cumplía sus funciones. Debía también iniciar una recuperación de la carrera administrativa en un sistema que se constituyera además en una posibilidad de capacitación y adaptación a nuevas tareas.

Relación de la Universidad con la sociedad.- La universidad ha sido criticada, tal vez con alguna razón, por una muy limitada comunicación con la sociedad. Unos describen a su actividad como autista, sin responder a las preguntas que enfrenta la gente y más bien inventándose sus propias preguntas. Otras personas sienten que no participa suficientemente en le quehacer político, algunos piensan que no rinde cuentas por los recursos que recibe y por las tareas que debe realizar. No es un asunto trivial encontrar un equilibrio entre la autonomía y la libertad de cátedra y de investigación con la necesidad de comunicarse con la sociedad para escuchar preguntas y rendir cuentas. Hay aspectos muy importantes en este proceso de comunicación que debe enfrentar un equipo de dirección. Enunciaré, con muy limitada elaboración, algunos de ellos, los que nos parecieron más importantes y de urgente abordaje.

a) Rendición de cuentas y validación externa de calidad. Algunos miembros de la comunidad universitaria con una interpretación particular de la autonomía universitaria se negaban a hacer sesiones de rendición de cuentas y a someter a la universidad a procesos de evaluación y acreditación externos que fueran dependientes del Ministerio de Educación Nacional. Este equipo de dirección pensaba, desde un principio, que se puede mantener la autonomía y la independencia del gobierno, dándole al mismo tiempo a la sociedad razón del uso que la institución le ha dado a los recursos públicos que recibió, y mostrando con los sistemas con los que las demás universidades del país se miden, que sus programas y su estructura académica general son de alta calidad. Para eso era necesario lograr la acreditación nacional de los programas y de la institución y someterse a evaluaciones internacionales. Además, establecer un sistema periódico de informes públicos, altamente publicitados y con posibilidad de participación del amplio público.

b) Respuesta a preguntas directas de la sociedad. La extensión es una función misional de reciente desarrollo y está dirigida precisamente a responder a tareas específicas, de corto plazo, algunas para empresas públicas y privadas (remuneradas a la universidad), otras a comunidades o personas que las necesitaban. Esa actividad es cada vez más importante no solo para generar recursos adicionales para cumplir con las demás misiones, sino como un eje de comunicación. El trabajo voluntario y coordinado con las comunidades es parte de eso, y parece ser cada vez más central. Era necesario un esfuerzo para normatizar esa actividad y para definir parámetros académicos de validez. Era necesario también organizar un sistema que la promoviera y que permitiera su gestión eficiente.

c) Difusión de la actividad educativa, científica y artística. A la Universidad moderna se le exige, cada vez más, una participación activa en la construcción de cultura y en su difusión. Es un actor generador de ciencia, de literatura, de arte y de pensamiento filosófico y político y la sociedad espera que todos esos resultados no se queden en el interior de la universidad, para uso y disfrute exclusivo de los miembros de su comunidad. Por eso se ve que las universidades, cada vez con mayor frecuencia, tienen medios de comunicación como emisoras de radio, canales de televisión, periódicos de amplia difusión, y páginas web muy ricas en información. Hay universidades que tienen además museos, salas de concierto y bibliotecas físicas y virtuales al servicio de todos.

La Universidad Nacional venía de una época de relativo aislamiento y concentración en ella misma y en sus procesos internos. Su imagen ante la sociedad no siempre era la más positiva y la actividad de protestas, usual en la universidad pública, parecía ser la única razón para que la universidad hiciera presencia en la prensa amplia y generalmente criticada y rechazada por la ciudadanía.

Por tanto era imperativo aumentar en forma radical la presencia de la universidad con sus buenas noticias y sus logros en la construcción de conocimiento, arte y cultura, y con sus aportes directos a la solución de problemas de la sociedad. Un cambio de actitud de la ciudadanía no es solo un asunto cosmético, el apoyo de la sociedad civil puede decidir en situaciones que son cruciales para la existencia misma de la universidad pública.

Política universitaria y autonomía.- La educación superior pública ha enfrentado y enfrenta problemas serios y amenazas derivados de las políticas generales de educación superior en el país. En capítulos posteriores analizaremos con algún detalles antecedentes legales y normativos que condicionan la actividad universitaria en el país, y también se mencionarán algunas iniciativas para reformar unas leyes o para proponer alguna otra, que aunque no fueron exitosas muestran una necesidad ineludible del sistema. La Ley 30 de 1992, seguramente con la intensión de mantener estable el presupuesto de las universidades públicas, fijó que los presupuestos debían ser ajustados con el aumento de la inflación (usando el IPC). Ese hecho que en un momento podía interpretarse como una defensa de la universidad, no se entendió por los diversos gobiernos como un mínimo en el ajuste presupuestal, sino que se asumió como el aumento máximo. El sistema se volvió una amenaza y el motivo de desfinanciamiento crónico de la universidad pública. Desde la expedición de la Ley 30 la cobertura aumentó dramáticamente como política del Ministerio de Educación Nacional, pero los aportes a las universidades públicas no lo hicieron. Tampoco se consideró la necesaria renovación tecnológica, ni el recambio de las plantas profesorales con un aumento de docentes investigadores con título doctoral y alta productividad académica. Eso llevó a una situación que ya en el 2006 se perfilaba como crítica, con una disminución del aporte a la educación superior pública como porcentaje del PIB y como valor del subsidio que recibe la universidad por cada estudiante.

El sistema universitario sufrió también otras transformaciones que indudablemente tienen impacto en las políticas educativas. El ICFES pasó de ser un instituto para el fomento a ser uno exclusivamente para pruebas y seguimientos, el CESU disminuyó sus funciones, algunas pasaron al nuevo viceministerio de Educación Superior, se construyó un nuevo sistema de aseguramiento de calidad en el que los registros que garantizan calidad mínima dependen principalmente del ministerio y la acreditación de alta calidad está en un órgano autónomo. Han surgido dudas sobre el posible impacto negativo en la autonomía universitaria de esa gran capacidad de control, a través de medidas de carácter administrativo, que ha adquirido el ministerio.

La autonomía universitaria es un precepto constitucional, sin embargo no ha sido suficientemente elaborada. En la Ley 30 apenas se menciona pero no se desarrolla. Los verdaderos desarrollos y definición del alcance de la autonomía se derivan de la jurisprudencia de las altas cortes.

Por todo lo anterior era evidente al equipo que iba a asumir la dirección de la universidad que tendría que generar importantes discusiones con el gobierno y con la sociedad sobre políticas generales de la educación superior y tendría que reflexionar y tratar de aclarar las implicaciones de la autonomía en esa política general y en las actuaciones de la universidad.

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Nota:

(*) Este ensayo es el inicial del libro “Más que una tarea, una visión – Modelo de la Universidad Nacional de Colombia” (Ed. Planeta, Bogotá 2017), Informe conceptual y estratégico de la gestión rectoral cumplida en el período 2006-2012, con Moisés Wasserman y Ana-Catalina Reyes de Editores, que incluye ensayos de académicos acompañantes del rector Wasserman en cargos de dirección en ese período.