La vecindad en el Caribe occidental

Al Caribe occidental llegaron distintos flujos poblacionales procedentes de zonas de colonización británica en la cuenca Caribe y sus asentamientos fueron recibiendo el influjo de procesos como los generados por la esclavitud, las disputas entre potencias coloniales, los diferendos territoriales entre países colindantes, las dinámicas políticas y sociales locales y los esfuerzos de homogeneización cultural de cada nación.

Llegaron colonos con sus esclavos, esclavos fugitivos de las plantaciones en el Caribe, libertos que debían abandonar el lugar en el que habían vivido. El entramado cambiante de interacciones poblacionales en la subregión incluyó en la costa e islas centroamericanas a las comunidades indígenas originarias. Costas e islas vecinas -como las islas Cayman, de la Bahía, Mangle, Jamaica, Bocas del Toro, San Andrés, Providencia y Santa Catalina- fueron sirviendo de punto de paso o de partida para la piratería y otras colonizaciones, de estaciones de aprovisionamiento e intercambios -de pesca, tortugas, maderas, semillas-, de destinos migratorios; todo ello articuló familias y generó distintas redes entre pescadores, marineros, comerciantes, armadores de barcos. 

Estos procesos vividos y esas interacciones dejaron huellas profundas en aquellas poblaciones al punto que, posteriormente, les ha dificultado definir su identidad cambiante, conformar comunidades integradas y mantener sus nexos subregionales. 

El régimen de esclavitud ejerció una aculturación forzada de corte británico con dominio completo sobre la vida de esos migrantes, los aisló y despersonalizó; erigió muros infranqueables tanto entre amos y esclavos como entre estos últimos lo que se tradujo en drásticas divisiones sociales y raciales. Sus efectos se mantuvieron entre los libertos y luego tras la abolición de la esclavitud que en la subregión tomó varias décadas de la primera mitad del siglo XIX.

Los conflictos estratégicos y geopolíticos entre potencias como entre los mundos británico-puritano e hispano-católico en permanente rivalidad en el Caribe occidental agudizaron la tensa coexistencia de ese conglomerado heterogéneo de inmigrantes provenientes de muy diversas regiones y culturas. Esos conflictos se reproducirían en estas zonas del Caribe occidental, apartadas del centro político nacional de las nacientes repúblicas. Sus precarios y ausentes Estados dejaron el espacio a iglesias y misiones religiosas Morava, Bautista, Adventista o Anglicana, las cuales se fueron convirtiendo en máxima autoridad, en mediadora de las relaciones entre los migrantes afroanglocaribeños y en eje en torno al cual redefinían su cultura e identidad y conformaban incipientes sociedades costeras e insulares. En alguna medida, esta fue una segunda aculturación, esta vez aceptada, aunque incluía prejuicios raciales y rechazos a la condición de afrodescendientes, estigmatizaba como superstición y hechicería sus cultos, fiestas y su lengua criolla; resaltaba raíces y valores europeos –en particular ingleses- en detrimento de los ancestros africanos. 

Esa dificultad de construcción de pertenencia se extendería a las poblaciones de origen afroanglocaribeño, pertenecientes a países hispanos en el Caribe occidental: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, en algunos de los cuales se vivieron traumáticos procesos de homogeneización en torno a una sola lengua –el español- y una sola religión –la católica, apostólica y romana- lo que generó un tercer proceso de aculturación. A las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fueron enviadas misiones capuchinas que intentaron volverlas hispanas y católicas; y desde 1953, la condición de puerto libre atrajo numerosos inmigrantes extranjeros y continentales. Los afro-limonenses en Costa Rica fueron convertidos a la religión católica y sometidos a un aprendizaje forzoso del español por la educación; solo hasta 1948, en medio de enfrentamientos políticos, recibieron la ciudadanía costarricense con el derecho al voto, y se fueron mezclando con “ticos” y “nicas”, chinos, italianos e indios venidos de las Antillas para la construcción de la vía férrea y el trabajo en las plantaciones de banano. Poblaciones indígenas y creoles del caribe nicaragüense fueron marcadas por el protectorado anglo-estadounidense y por su poder económico y cultural; luego, en los años ochenta del siglo pasado, el Estado sandinista presionó la incorporación a su proyecto nacional a la costa de la Mosquitia y las Corn Islands, quiso revertir su “aculturación” anglo estadounidense y forzar su castellanización; después, el enfrentamiento entre sandinistas y opositores conocidos como los “contra”, atrapó a indígenas y creoles al punto que pobladores del río Coco fueron trasladados por el gobierno central a otros lugares, muchos se refugiaron en Honduras luego de la quema de sus iglesias y bienes, y recuperaron nexos con los Black Caribs o Garífuna en las islas de la Bahía.

El Caribe occidental vivió, además, el fracaso de los intentos de unión o confederación entre países vecinos, lo que anuló el derecho comunitario, dio predominio al derecho heredado de la colonia y a la influencia de Estados Unidos cuyos intereses interfirieron el entendimiento entre países y poblaciones colindantes en el mar. Luego, las disputas territoriales y los complicados procesos de delimitación de áreas marinas y submarinas afectaron las relaciones de vecindad. En algunos casos centroamericanos, indefiniciones históricas y físicas de la base terrestre postergaron la determinación de límites laterales -como sucede entre Costa Rica y Nicaragua, Nicaragua y Honduras, Guatemala y Belice-, e incubaron conflictos en la delimitación marítima y en el acceso al mar. La denuncia de Nicaragua del tratado con Colombia de 1928 y sus recientes demandas en la Corte de la Haya así como sus reclamos de mar territorial de 200 millas y plataforma continental extendida a 350 millas, han generado la reacción de Colombia, Costa Rica, Panamá y Jamaica.

Toda esa ´territorialización´ del mar y los conflictos de delimitación han tenido diversos efectos en las poblaciones afroanglocaribeñas. Mencionemos algunos. Con la consagración de los Estados como actores principales ha primado la escala nacional por sobre la escala local, que incluye las poblaciones costeras, insulares y pesqueras, y por sobre la escala subregional del Caribe occidental o regional, referida a la cooperación e integración grancaribeña; ha primado una mirada continental que considera la costa y el mar solo como punto de definición de la jurisdicción nacional de territorios, recursos y seguridad en el mar sin tener en cuenta a sus poblaciones. El predominio cultural y económico de la tierra firme se ha traducido en separación artificial entre islas, costa y mar haciendo desaparecer nexos transfronterizos y algunas tradiciones de comunidades costeras e insulares para las cuales los litorales, archipiélagos y el mar son parte de su zona de sobrevivencia compartida. Por los diferendos de límites, gobiernos vecinos no han reconocido que comparten poblaciones afroanglocaribeñas cuyos vínculos son esenciales para una vecindad en el mar.  Es el caso de los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que aún mantienen algunas relaciones informales y ocasionales con los creole de la costa nicaragüense, los pobladores del archipiélago de Bocas del Toro en Panamá, y los caimanenses, jamaicanos y beliceños entre los que el creole sigue siendo uno de los elementos vinculantes y de resistencia.

Más recientemente ha comenzado un proceso contradictorio de construcción de relaciones más horizontales y solidarias, que sientan bases para que se puedan conformar comunidades locales y para que surjan liderazgos capaces de rescatar ciertas particularidades culturales de esa interacción entre diferentes grupos y del mestizaje resultante; en determinadas coyunturas políticas esta búsqueda de nuevas relaciones ha sido convertida en un discurso de identidad étnica que busca ganar reconocimiento, derechos y autonomía. En el caso de Nicaragua la resistencia indígena y creole llevó al sandinismo a reconocer, a fines de los ochenta, los errores cometidos, a posibilitar el retorno de poblaciones a sus tierras, a reconocer en la Constitución de 1987 el carácter multiétnico del país y los derechos a preservar su cultura, organización, tradiciones y tierras. Llevó, además, a la promulgación de la Ley 28 de 1987, que reconoce la autonomía de las regiones norte y sur del Caribe, el derecho a la elección de Consejos Regionales en 1990 y, en 2003, a la Ley sobre tierras comunales de comunidades indígenas y creoles. En el caso de Colombia, la Constitución de 1991 generó un reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural del país que recogió reivindicaciones indígenas, negras y de movimientos étnicos surgidos desde los ochentas en el archipiélago de San Andrés, en donde más recientemente se ha desarrollado un movimiento raizal que reclama autodeterminación.

Las comunidades indígenas del Caribe occidental también han logrado el reconocimiento de cierta autonomía, como ha sucedido en la comarca de San Blas/Kuna Yala, la gran nación Guaymí en Panamá, la Wan Tasbaia nación Miskitu, Rama, Sumo en Nicaragua y Honduras, veintitrés naciones Maya en Guatemala y la Pipil en El Salvador. Esos logros han permitido superar un resentimiento estéril y destructivo; y, en cambio, han permitido el renacimiento de estas comunidades, la conquista de reconocimiento y el desarrollo de capacidad propositiva o de incidencia en la redefinición de su relación con los centros políticos. Pero esos logros aún no llegan a ejercer presión sobre sus respectivos gobiernos centrales para que estos asuman que esas poblaciones son parte del Caribe occidental y del Gran Caribe; en Centroamérica como en Colombia se sigue hablando de la supuesta pertenencia del país a un lejano océano Atlántico más que a un mar semi cerrado como el Caribe, que exige al menos cumplir con responsabilidades ambientales y de seguridad.

Rescate de nexos en el Caribe occidental

Tanto desde sectores isleños y costeros organizados como desde iniciativas académicas han surgido en los últimos años diversas iniciativas dirigidas al rescate de los nexos socioculturales entre comunidades vecinas y a su reconocimiento como factores esenciales en la construcción de una buena vecindad en el Caribe occidental.

Ante todo, se ha manifestado interés en conocer y comparar los efectos provocados por los procesos de colonización y disputa territorial de las grandes potencias en el Caribe occidental, por la construcción y consolidación de los Estados-nación, por la delimitación entre naciones, que no ha tomado en cuenta los nexos angloafrocaribeños, su evolución y los cambios que estos procesos han producido en las identidades y en la comunidad subregional^[1]. Además, se ha tratado de mostrar cómo los mayores costos del desentendimiento entre los gobiernos centrales y de la falta de negociación y actuación conjunta entre los Estados la pagan las poblaciones fronterizas, en particular en la pesca y la protección de recursos^[2]. Ha existido también disposición para entender y defender la condición caribeña de los territorios y de la identidad, a mostrar a los gobiernos y a la comunidad regional e internacional que en cualquier negociación y plan de vecindad o integración hay que asumir la forma diferenciada en que se manifiestan las relaciones y la cooperación transfronterizas en la escala local, nacional y regional.

La escala local se refiere al territorio ocupado por las poblaciones presentes en la zona incluso antes del establecimiento de la frontera. A ese escala la necesidad que se tiene del vecino hace que los problemas suelan ser de poca monta y de solución relativamente fácil, así no se borren del todo los conflictos potenciales. Por lo tanto, a nivel local no es necesario inventar la cooperación transfronteriza. Esta ya existe y su refrendación como acto político deliberado de formalización del acuerdo es menos importante que en las otras escalas. Predomina en estas zonas una pronta disposición a los acuerdos fronterizos y un ambiente de informalidad en los arreglos de utilidad común que hacen autoridades locales, asociaciones de pescadores, grupos ambientalistas, de productores, etc.

Tomar en consideración esa escala local genera varios efectos positivos, ante todo para las poblaciones costeras e insulares. Les ayuda a compensar su vulnerabilidad, su limitada capacidad de respuesta a riesgos ambientales y su dificultad para desarrollar procesos complejos en su pequeña superficie. Les permite mostrarle a los Estados que estos no son los únicos responsables de la defensa del “territorio” porque las poblaciones costeras, isleñas y pescadoras son las primeras en estar dispuestas a proteger el mar ya que de él dependen para su propia sobrevivencia; que la vecindad no depende sólo de la voluntad del Estado central sino también de las mismas zonas fronterizas que representan una realidad articulada a nivel geográfico, social, económico, cultural, ambiental e incluso en materia de seguridad. Les exige convertir sus nexos espontáneos en una visión más amplia que tenga en cuenta sus fortalezas y debilidades, que participe tanto en el diseño no centralista de su propio desarrollo como de una política de océanos y espacios costeros, y en la integración subregional y regional a partir de sus realidades actuales. Les permite reconocer que la cooperación transfronteriza es asunto suyo pero también lo es de los Estados con los que tienen que aprender a negociar. Para todo ello requieren mejorar su visión transfronteriza y su capacidad propositiva.

A los centros políticos nacionales les ayuda a comprender que la amplia red de contactos y relaciones espontáneas o las iniciativas más articuladas son positivas, juegan el papel de puente entre los países y pueden ayudar a la sobrevivencia, al desarrollo y a la seguridad de comunidades no suficientemente integradas o atendidas por sus Estados; por tanto, más que inhibirlas, tienen que reconocerlas, estimularlas y proporcionarles el marco legal y las condiciones materiales para que se fortalezcan. Estimula, además, a esos mismos centros, a reconocer como un riesgo el intento de convertir la cooperación en un asunto estrictamente diplomático, de cancillerías y gobiernos, anulando las relaciones que se desarrollan en los planos local y subregional. Les facilita el cumplimiento de las obligaciones de protección ambiental y social definidas por el derecho del mar, así como el ejercicio de su responsabilidad en el control y en el manejo de zonas marinas contempladas en tratados de delimitación y en acuerdos bilaterales o regionales en el Caribe.

En la escala nacional (la del Estado o de otros agentes con amplia incidencia nacional), las relaciones y la cooperación transfronteriza no carecen de iniciativas formalizadas pues, gracias a la Asociación de Estados del Caribe (AEC), los Estados han asumido acuerdos de protección ambiental, migración y comercio en ámbitos regionales como el Mesoamericano o el Grancaribeño. Sin embargo, cabe anotar que esos acuerdos no alcanzan mayores resultados cuando dejan por fuera a las autoridades y poblaciones organizadas en las zonas fronterizas, y al no priorizar esos compromisos regionales en las agendas nacionales, ya sobrecargadas con otros asuntos. Cuando los gobiernos centrales se acercan a las zonas de frontera marítima sólo en función de litigios limítrofes o de momentos críticos de las relaciones con sus pares de países vecinos, terminan intentando manipular las interdependencias locales, trasladándoles los problemas entre gobiernos y afectando gravemente la vecindad. Este manejo interfiere espacios de interacción de la población local indispensables para su sobrevivencia en condiciones de gran precariedad y amplifica cualquier diferendo local menor, convirtiendo así las zonas fronterizas en áreas de enfrentamiento o en zonas sin regulación.

La escala regional Gran Caribeña aparece como más difusa. En ella se percibe una menor conciencia de la interdependencia, de los riesgos de conflicto y de la necesidad o posibilidad de la cooperación. No obstante, dada la conflictividad bilateral o subregional, es en el Gran Caribe donde puede crearse un mejor marco para la construcción de vecindad y cooperación transfronteriza. Desde esa mirada regional es posible integrar los esfuerzos emprendidos en distintas zonas fronterizas caribeñas para que los diferendos o tensiones diplomáticas entre gobiernos centrales den paso al diálogo y la elaboración conjunta de planes binacionales o subregionales, planes que, con la participación de autoridades y organizaciones locales insulares o costeras, se orienten a lograr una vecindad cooperativa en el mar.

Apelar a la escala Gran Caribe exige un esfuerzo planeado, persistente, que sume y no que reste y divida. Ante todo, es necesario intensificar el conocimiento mutuo^[3] y la recuperación de relatos y memorias de las comunidades afroanglocaribeñas cuyos episodios no han hecho parte de la enseñanza de la historia en el currículo oficial de los Estados involucrados. Se requieren análisis comparados de la problemática de estas comunidades en los Estados hispanos del Caribe occidental con el fin de ayudarles a superar la insularidad y la fragmentación, partiendo para ello tanto del pasado como de las realidades actuales, no para agravarlas sino para ayudar a construir alternativas de manera proactiva. Se necesitan estudios que alcancen incidencia conjunta en organismos nacionales, subregionales, regionales y de cooperación internacional^[4], estudios que construyan alianzas para difundir los resultados del esfuerzo académico binacional o subregional entre gobiernos, medios de comunicación, universidades, organismos internacionales, etc.^[5], con el propósito de estimular la normalización diplomática y ampliar los actores que nutren las relaciones de vecindad.

La construcción del Gran Caribe le permitiría a toda la región adelantar una activa política en todas las subregiones y asumir su propia caribeñidad, a la vez que prestaría una importante contribución al fortalecimiento del proceso de regionalización en torno a programas de provecho común que permitan incluso transformar fallos como los que recientemente ha proferido la Corte de la Haya en oportunidades para zanjar diferencias y avanzar en mecanismos de cooperación.

La AEC ha venido trabajando en comercio, transporte y turismo con proyectos  de mutua conveniencia^[6]; también ha avanzado en protección ambiental y frente a riesgos de origen natural a partir de la aprobación de la Asamblea de Naciones Unidas, en 2006, de una resolución que otorga al mar Caribe una categoría especial en el contexto del desarrollo sostenible y hace un llamado a los Estados y territorios que de él dependen a  que lo incorporen en sus planes nacionales de desarrollo económico y social e inicien programas de conservación marina contra la contaminación y la degradación ambiental^[7]. Impulsa igualmente la integración de esfuerzos entre organizaciones interestatales, no gubernamentales y sociales del Gran Caribe para la protección del legado natural del mar Caribe^[8]. 

La cultura es el aglutinante esencial de la diversidad del Gran Caribe, genera sinergias y no resistencias, propicia nexos sociales y económicos. En una de las reestructuraciones de la AEC este tema fue eliminado de sus prioridades aunque se desarrollaron diversas iniciativas al respecto. La V cumbre presidencial en 2013, reincorporó el tema y lo acompañó de iniciativas deportivas, educativas, de ciencia y tecnología^[9]. En los tratados de límites marítimos existen cláusulas cooperativas sobre pesca, protección e investigación, que deben ser aplicadas; hay áreas de régimen común, Comisiones de Vecindad, Comisiones mixtas de cooperación técnica y cultural, que pueden vincular actores locales en las costas e islas del Caribe occidental para compartir experiencias y acciones, por ejemplo, sobre etnolingüismo y educación en creole. La cooperación en seguridad ciudadana y en el mar también puede reforzar la vecindad en el Caribe occidental a partir de acuerdos en el marco de la AEC, la OEA o la ONU, de la evaluación de la política de drogas y la búsqueda de alternativas.

En ese marco multilateral es posible multiplicar nexos de vecindad desde una diplomacia informal, que, junto a la académica y científica, ayude a que el Gran Caribe concrete objetivos y acciones de corto, mediano y largo plazo y a que los gobiernos acuerden en la AEC medidas para reconocer, visibilizar y respetar las culturas de pueblos y subregiones. Así sería posible recuperar vínculos geográficos, históricos, culturales, económicos en el Caribe occidental.