Una guerra que se extingue

El 23 de junio/2016 se ordenó el fin de la confrontación bélica más prolongada que ha sufrido el país en su vida republicana. Ese es el sentido del acuerdo logrado por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana sobre el punto específico de “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas”. En últimas, esa es la esencia de las negociaciones que se han surtido en Cuba por casi cuatro años: que acabe la guerra.

Si bien esta guerra ha tenido una densidad diferente, más baja que las pasadas confrontaciones entre ejércitos u organizaciones armadas bien definidas, con mando y estructura militar, su efecto acumulado ha sido similar, de la misma envergadura que las peores guerras que hemos padecido en nuestra vida republicana. Los dos referentes más significativos en esta materia han sido la Guerra de los Mil Días (1899 a 1902) y el período de confrontación bipartidista liberal conservadora que arranca con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 y se extiende por aproximadamente diez años. En ambas guerras civiles, los muertos se han estimado entre 200.000 y 300.000. El período de guerra que estamos cerrando, de medio siglo, ha dejado por lo menos 220.000 muertos, decenas de miles de secuestrados y extorsionados, millones de desplazados, centenares de pueblos afectados de forma grave, daños tremendamente cuantiosos a la infraestructura eléctrica, petrolera y vial del país y afectaciones serias a la economía nacional. A este propósito es útil acudir al informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el último medio siglo de violencia en el país y que lleva por nombre ‘¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad’ (2013). Este medio siglo de conflicto armado se ha incrustado de manera transversal en la vida cotidiana de miles de comunidades a lo largo y ancho del país, generando una patología social que de tanto durar llega a percibirse como normal. Por último, la guerra que estamos cerrando ha permeado totalmente el espíritu nacional, ese estado de ánimo que de una u otra manera está presente en las diferentes comunidades y en general en todos los ciudadanos. Tal vez esto último se empezará a percibir una vez se firme el pacto de paz definitivo entre el Gobierno Nacional y las Farc. Solo por la ausencia de esa perturbación colectiva, solo cuando empecemos a ver que esta guerrilla ya no existe, en ese momento, haremos conciencia de que vivíamos en un estado alterado.

Ahora bien, se podría argumentar que el inventario de muerte y destrucción de estos últimos cincuenta años va mucho más allá de lo hecho por las Farc, que han sido muchos más los actores del conflicto armado que hemos padecido,  que por lo tanto es exagerado hacer una relación directa de todo lo sucedido con esta guerrilla, por lo cual el capítulo que estamos cerrando no tiene el peso histórico que se le quiere atribuir. Esto tiene algo de cierto, pues los actores han sido múltiples, todos con sus respectivas responsabilidades. Además de las Farc ha habido un número plural de guerrillas: M-19, Eln, Epl, Prt, Quintín Lame, y otras más desconocidas; a su vez fuerzas de contrainsurgencia como los paramilitares y las autodefensas, y por último el Estado mismo que ha participado en esta guerra bajo mandato constitucional, pero que en no pocas ocasiones a lo largo de medio siglo ha quebrantado la ley y ha cometido delitos y crímenes, unas veces por su propia cuenta a través de la Fuerza Pública y otras veces en asocio con privados.

Sin embargo, las Farc han sido el epicentro de esta larga confrontación, han tenido mayor peso específico militar que las otras guerrillas y han sido la principal causa de las respuestas armadas de paramilitares y autodefensas, a cuya cuenta se puede acreditar una buena parte del daño causado, especialmente en los últimos veinte años. Las Farc han sido en términos clásicos de la estrategia militar, el centro de gravedad del conflicto armado interno colombiano. Y esto no es de poca monta.

Una vez desaparezcan las Farc como guerrilla no quedará resuelto el problema de la violencia de naturaleza política en Colombia. Queda un remanente de consideración: el Eln. Sin embargo, su peso es sustancialmente menor que el de las Farc. Además, si bien hay dificultades en el camino y no hay claridad para el inicio de las negociaciones, la probabilidad de que se adelanten y salgan adelante son altas, y esto en parte por lo ya andado con las Farc. Y si en el peor de los escenarios no arranca una negociación, el Estado tendrá más recursos concentrados para su contención, lo cual tarde que temprano llevará a la mesa. Eso sí, cuanto antes haya negociación formal mucho mejor.

Un acuerdo de paz con las Farc no significa el cese de la violencia en Colombia, pues esta tiene muchas fuentes. Por una parte, queda la violencia generada por problemas de convivencia ciudadana y la delincuencia común, la cual es grave. Por otra parte, tenemos que afrontar el fenómeno de las Bandas Criminales Emergentes – BACRIM, herencia del paramilitarismo de la década pasada, que si bien no son organizaciones políticas con aspiraciones de poder nacional, sí van mucho más allá del ejercicio de una actividad criminal exclusivamente con fines económicos, pues llegan a ejercer poder real en muchas comunidades, restringen los derechos civiles y políticos, controlan un espectro muy amplio de actividades económicas y constriñen el ejercicio de la autoridad de las gobiernos locales y en ocasiones algunos departamentales. La mejor prueba de su creciente poder son los llamados que hacen a ‘paros armados’, que se traducen en la parálisis total de amplias regiones que cubren varios departamentos. Si bien estas organizaciones tienen su epicentro delictivo en el narcotráfico, su actividad se extiende, como ya se dijo, a muchas dimensiones sociales con gran afectación. Sin duda que acabada la confrontación con las guerrillas, las BACRIM quedarán como el principal desafío de seguridad para el Estado.  Pero no se puede controvertir que el elemento más perturbador en este terreno desaparecerá con la firma del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las Farc  y el posterior respaldo ciudadano que  este acuerdo reciba a través del plebiscito.

Un poco de historia

La confrontación guerrillera que hemos vivido por más de cincuenta años es en últimas una continuación de La Violencia, período de sangrienta lucha entre conservadores y liberales que si bien se establece con límites temporales entre 1948 y 1958, tiene sus raíces un poco más atrás, a mediados de los años cuarenta del siglo pasado. El asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 marcó el principio de una década tremendamente sangrienta para el país y con eventos en alguna medida similares a los que hemos vivido en las últimas dos décadas, en especial en lo relativo al desplazamiento de personas, el despojo de tierras y la sevicia en los homicidios.

Sin lugar a dudas, la figura central de toda la historia de las Farc es Manuel Marulanda Vélez, llamado realmente Pedro Antonio Marín. El jefe histórico de esta guerrilla tomó su nombre de combate de un sindicalista antioqueño asesinado bajo detención en 1953 durante el gobierno de Laureano Gómez. También fue conocido como Tirofijo, pues parece que en sus primeros años de guerrillero se hizo célebre por su buena puntería.

El levantamiento liberal ocurrido con el asesinato de Gaitán provocó que Marulanda tomara las armas en compañía de un buen número de familiares. Para ese entonces se movía entre el Quindío y el norte del Valle. Muy pronto estaba liderando las guerrillas liberales de la región, y al muy poco tiempo estaba operando en sintonía con las guerrillas comunistas. En escasos años él mismo hizo el tránsito a comunista, y para finales de la década del cincuenta no había duda de su orientación política. Desde 1948 hasta su muerte en 2008, sesenta años, su vida estuvo dedicada a la guerrilla, con una breve interrupción entre 1959 y 1960, cuando se desmovilizó y reincorporó a la vida civil trabajando como inspector de caminos en las carreteras del Huila. Regresó a las armas luego de que su amigo de guerrilla Jacobo Prías Álape, alias ‘Charro Negro’ fuera asesinado por José María Oviedo,quien fuera también guerrillero liberal y luego una especie de paramilitar de la época apodado ‘Mariachi’.

Prácticamente se podría decir que no hay interrupción del movimiento guerrillero desde 1948 hasta hoy. Lo que sucede es que desde ese año a 1964, año de fundación de las Farc, se da una sustancial transformación en su naturaleza política y sus pretensiones. De una guerrilla básicamente liberal se pasa a una comunista y de un movimiento de reacción a la violencia conservadora se pasa a un movimiento de reivindicación agraria y luego de ideario comunista por un Estado socialista. En esta transición jugó un papel central el Partido Comunista Colombiano.

En1964 el Gobierno Nacional despliega una gigantesca ofensiva militar contra cuatro asentamientos de campesinos comunistas: Marquetalia, Guayabero, el Pato y Rio Chiquito, regiones que quedaban en la confluencia de los límites de los departamentos de Tolima, Cauca y Huila. El Gobierno consideró que estas poblaciones representaban un riesgo para la estabilidad política de la nación, pues su rebeldía y resistencia a reconocer las autoridades estatales representaban un peligro para la seguridad del Estado. Hay que recordar que se estaba viviendo una época exacerbada de la Guerra Fría y que apenas año y medio atrás había pasado la Crisis de los Misiles de Cuba, evento que sacudió de manera grave la geopolítica regional.

En 1966, los guerrilleros que combatieron al ejército dos años antes, y que habían decidido quedarse en pie de lucha, realizaron lo que se llamó la Segunda Conferencia del Bloque Sur, en la cual decidieron convertirse en Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y redactaron un amplio programa agrario y revolucionario de orden socialista. Este grupo de hombres no pasaba de doscientos. Decidieron establecer el año de 1964 como el de su creación, aquel en el que empezaron a combatir. A finales de 1965, los guerrilleros que combatieron en las zonas atacadas por el ejército, habían realizado una primera asamblea de miembros de la naciente organización.

Desde este momento en adelante fue claro y público su ideario comunista y su relación con el Partido Comunista Colombiano. El núcleo de su actuación se trasladó a la Cordillera Oriental y su piedemonte y a las nacientes zonas de colonización agraria y campesina de Meta y Caquetá, expandiéndose luego a diversas regiones de lo que se llamaba en ese entonces los Territorios Nacionales, además del Magdalena Medio.

Hasta finales de los años setenta su crecimiento fue moderado, pero en la década siguiente su expansión fue considerable, esto en ejecución de las decisiones de su séptima conferencia de 1982. Para ese entonces contaban con 3.000 hombres en armas. Este fue, sin duda, un momento de transformación sustancial de las Farc, pues su crecimiento empezó a ser vertiginoso y su presencia poco a poco penetró muchas regiones del país. Además, empezaron a ser totalmente autónomos del Partido Comunista.

Es en los años ochenta que esta guerrilla se involucra con el narcotráfico. Primero de manera tangencial y solo cobrando tributos a los narcotraficantes. Luego y paulatinamente incursionaron en más eslabones de la cadena de producción de la cocaína. Los recursos de esta actividad les  permitió crecer y expandirse. De otro lado, el secuestro y la extorsión se fueron volviendo práctica cotidiana como fuente de financiación y ejercicio de poder en las regiones.

La octava conferencia de las Farc se desarrolló en 1993. Si bien no se había cumplido a cabalidad lo que se propusieron once años atrás, la transformación era radical para el momento de esta nueva asamblea, en la que establecieron  un plan de gobierno para el país que terminó siendo su propuesta de agenda en las negociaciones del Caguán. Igualmente trazaron ambiciosos planes militares, los que se vieron reflejados en el crecimiento que tuvieron en los cinco años siguientes, el cual llegó de la mano de un proceso de deterioro estratégico de las Fuerzas Armadas en este mismo período.

Así llegaron a las negociaciones del Caguán, tiempo durante el cual no pararon de crecer. Pero su adversario militar también experimentó desde 1998 un mejoramiento radical de la mano de la asistencia norteamericana a través del Plan Colombia. Para 2002, una vez rotas las negociaciones, si bien el crecimiento había sido de ambos, el Estado, por su tamaño y capacidad, sacó ventaja sobre la guerrilla y bajo el primer gobierno del presidente Uribe definió con creces su superioridad estratégica, la que se empezó a ver reflejada en el orden operacional y en la recuperación de territorios claves para la seguridad de las diferentes comunidades, la economía nacional y la percepción ciudadana. El peligro fue ahuyentado de las ciudades y sus periferias, y la guerrilla dio un paso atrás, regresando a un modo de operación de pequeños contingentes,abandonando las grandes concentraciones de hombres armados, pues en los golpes dados al Ejército entre 1996 y 1998 llegaron a concentrar aproximadamente mil guerrilleros en cada ocasión.

A raíz del fracaso de las negociaciones del Caguán, en el 2002 el entonces candidato Álvaro Uribe llegó a la presidencia con el mandato explícito y casi que único de combatir con dureza a las guerrillas y muy especialmente a las Farc. Con una base sólida de modernización de las Fuerzas Armadas, el nuevo presidente hizo de la lucha contra la guerrilla una cruzada que aglutinó a su alrededor a la mayoría de la ciudadanía y de la opinión pública. Disponiendo de amplios recursos económicos, políticos y de cooperación de Estados Unidos, todo bajo la sombrilla de la lucha mundial contra el terrorismo luego del ‘11 de septiembre’ de 2001, el Gobierno movió más a su favor el pulso militar en lo estratégico y la guerrilla fue perdiendo espacios donde más le dolía a la mayoría de la ciudadanía: los corredores viales y las periferias de las ciudades;Se hizo evidente una mayor presencia estatal y de fuerza pública en cada vez más regiones de todo el país. Fue un continuo de progresos estatales desde el 2002 al 2008. En este año, algo que no fue conocido por la opinión pública en general, y solo fue tema de estudiosos del fenómeno y expertos, se empezó a hacer evidente una reorganización estratégica de la guerrilla que de alguna manera empezaba a neutralizar el avance de las Fuerzas Militares y a ocasionarle sensibles golpes, ya no con grandes tomas y combates de numerosos contingentes, sino a través de acciones puntuales e individuales que acarreaban un sensible daño humano: francotiradores, minas antipersona y pequeñas emboscadas. Los muertos y heridos en las filas del ejército se multiplicaron de manera dramática. Por otro lado, fue quedando en evidencia que acabar con la guerrilla por la vía militar iba a ser mucho más oneroso en términos humanitarios, además del gigantesco costo fiscal que representaría.

La perspectiva de estas dos etapas: 2002 a 2008 de debilitamiento de las Farc y 2008 a 2010 de imposibilidad del Estado para ponerle un punto final a la confrontación, son los elementos estructurales que llevaron al entrante presidente Santos en 2010 a pensar en que si había una posibilidad sensata de negociación la iría a contemplar.

Negociaciones frustradas

La perspectiva de una salida negociada al conflicto armado interno con las guerrillas se instaló en el gobierno en 1982 con la llegada a la presidencia de Belisario Betancur. Ha sido una constante desde entonces explorar esta solución a la violencia política. En ocasiones se ha tenido éxito: con el M-19, EPL y la Corriente de Renovación Socialista (miembros del Eln), así como con pequeñas organizaciones, siendo la de más renombre la guerrilla indigenista Quintín Lame. Pero con las Farc y el Eln se ha ido de ruptura en ruptura, de fracaso en fracaso.

Betancur fue el pionero en la búsqueda de la paz en la mesa de diálogo. Lo buscó con el M-19 y las Farc. La ruptura fue más rápida con el primer grupo. Con las Farc hubo avances significativos: se estableció una tregua y la creación de un partido político de izquierda -la Unión Patriótica-, que incluía a guerrilleros (Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla en La Habana fue representante a la cámara por este partido). También se dio una reforma político administrativa que introdujo la elección popular de alcaldes y que estaba en sintonía con la negociación. Sin embargo, de lado y lado la voluntad no fue suficiente para tomar la decisión definitiva de dejar las armas. Surge el paramilitarismo en buena medida como respuesta a esta negociación, los militares cooperaron precariamente con la iniciativa de paz y sectores claves dentro de la sociedad no veían con buenos ojos la llegada de los guerrilleros a la política. Como telón de fondo, el ajedrez de la Guerra Fría se estaba moviendo en el vecindario, especialmente en Centroamérica. La guerrilla por su parte no paró de crecer y de prepararse para la guerra mientras negociaba. La tregua se fue quebrantando y la suma de nuevos encuentros armados entre las partes terminó con esta primera negociación seria con las Farc. Un saldo perverso de este acercamiento fue la aniquilación de la Unión Patriótica. Más de 3.000 de sus miembros fueron asesinados, entre ellos varios congresistas con que contaba, así como diputados, concejales y un sinnúmero de activistas. El Estado fue responsable en una muy buena cantidad de casos, por acción directa o por omisión en la protección. También sectores políticos de extrema derecha, gamonales locales y el narcotráfico pusieron sus manos asesinas en esta tragedia.

El presidente Gaviria quiso revivir los acercamientos para lograr una paz en la mesa con Farc y Eln, luego de un periodo muy duro de confrontación entre 1991 y 1992.  Después de encuentros en Caracas y Tlaxcala-México, los diálogos se rompieron sin ningún avance.

En 1997, y con el conflicto al rojo vivo, el cual había crecido de manera dramática en costos humanitarios, en afectación de la población civil y en el irrespeto permanente a la dignidad humana, la ciudadanía se manifestó en lo que se denominó el “Mandato Ciudadano por la Paz”, una votación sin consecuencias jurídicas explícitas, pero que envió un mensaje contundente sobre la necesidad de buscar nuevamente el fin de la guerra en la mesa de diálogo. El paramilitarismo actuaba sin contención alguna, incluso con aprobación de sectores de la población y la complicidad de un buen número de políticos, militares y agentes del Estado. La guerrilla había incrementado el secuestro a niveles nunca conocidos, la extorsión se había masificado y las tomas cruentas de poblaciones eran del día a día. La campaña presidencial de 1998 se permeó de esta realidad y la posibilidad de una negociación con las Farc principalmente, y en segundo orden con el Eln, pasó a ser el principal asunto de la disputa presidencial en su recta final.

Andrés Pastrana ganó las elecciones porque fue percibido como el que tenía más posibilidades de llegar a un acuerdo negociado con las Farc. En consecuencia, su gobierno tuvo como principal política la paz. En enero de 1999 se inician los diálogos con las Farc. Los dos ejes sobre los que se fundó este proceso de paz fueron un diseño logístico o procesal y una agenda. En lo logístico el principal elemento fue el establecimiento de una zona desmilitarizada en la cual se llevaría a cabo la negociación y en la que las Farc se podrían establecer sin presencia militar. Esta área abarcó 42.000 kilómetros cuadrados entre los departamentos de Meta y Caquetá, en una zona de gran influencia y poder de esta guerrilla. En lo sustantivo se pactó una agenda que  tuvo como insumos el ideario político de las Farc que resultó de su octava conferencia y los asuntos sobre los cuales el gobierno consideró que era posible establecer algunas reformas.

El proceso de paz del Caguán, como fue conocido porque en esta región del Caquetá se surtieron los diálogos, duró tres años y dos meses y se rompió de forma abrupta el 20 de febrero de 2002, luego de que las Farc secuestraran un avión en Neiva, lo hicieran aterrizar en una carretera del Huila y se llevaran al senador Jorge Eduardo Gechem, pasajero del vuelo. Esta fue la gota que rebasó la paciencia del gobierno y de la opinión, pues la  violencia por parte de la subversión nunca disminuyó. Fue la estocada final a un proceso maltrecho y con muy pocas posibilidades de éxito.

La zona de distensión se convirtió en un territorio ‘soberano’ para la guerrilla, en el cual cometieron un sinnúmero de abusos que desprestigiaron todo el proceso. En lo sustantivo, nunca se pasó del punto primero de la agenda: el empleo. Una agenda demasiado extensa que comprendía casi todas las facetas de la vida nacional hizo imposible un avance real. En últimas, esta iniciativa de paz no tuvo avances, fue de tumbo en tumbo debido a la continuidad de un conflicto armado exacerbado y a la miopía de las partes para encontrar puntos comunes que fueran haciendo una masa crítica favorable. También es preciso decir que durante esta negociación los paramilitares crecieron como nunca  y complicaron mucho más el panorama.

El Caguán creó un fantasma, por un largo tiempo hablar de salida negociada al conflicto armado se convirtió en tabú. Mayoritariamente la ciudadanía y la opinión solo querían ‘mano dura’ con la guerrilla. Se llegó al convencimiento durante el gobierno del presidente Uribe de que la victoria militar sobre la insurgencia era posible, y a ésta se le negó cualquier carácter político. La virulencia de sus acciones hizo que el sello de terroristas fuera aceptado por la gran mayoría, y así las cosas solo se optó por su contención y aniquilamiento por parte del Estado. Aunque es preciso decir que Uribe realizó aproximaciones con el Eln por un buen tiempo y buscó, afanosamente al final de su segundo mandato, establecer una mesa con las Farc.

Cuando solo se pensaba que la contención militar de la subversión sería la única línea de conducta del presidente Santos, como sucesor de Uribe, el rumbo empezó a cambiar. Su discurso de posesión el 7 de agosto de 2010 dio algunas puntadas en este sentido, pues dijo que la llave de la paz no sería arrojada al mar, que la guardaría en su bolsillo y que la puerta de las negociaciones se podría abrir si la guerrilla mostraba con los hechos su voluntad de paz.

Cuando nadie lo pensaba y a contra corriente de una voluntad nacional poco amiga en ese momento de la negociación, Santos inició contactos con las Farc para ver si era posible sentarse nuevamente a la mesa.

Las negociaciones de La Habana

Una idea rondaba la cabeza del recién posesionado presidente Juan Manuel Santos: explorar la posibilidad de iniciar negociaciones con las Farc con el fin de terminar la guerra en una mesa de diálogo. Con este propósito se establecieron contactos discretos entre gobierno y guerrilla, los que desembocaron en una etapa de diálogos privados y confidenciales en Cuba, en los cuales se pudiera precisar los alcances de una posible negociación formal y cómo se llevaría a cabo. Estos diálogos confidenciales duraron de febrero a agosto de 2012, al final de los cuales se firmó por las partes el documento que guiaría las negociaciones formales y al cual debía ceñirse el proceso de diálogo. Este documento se denominó “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf).
Con este acuerdo inicial se establecieron unas bases firmes y ciertas para empezar la negociación. A su vez, este texto refleja los cambios políticos y militares que se dieron en el país en los diez años previos a su firma, luego de la ruptura del proceso del Caguán. Las premisas básicas que establece el acuerdo como principios rectores del proceso de negociación muestran cómo se quiso marcar una distancia sideral respecto a lo que fue el Caguán, un cambio de 180 grados.

Sea este el momento para reconocer el enorme servicio que ha prestado Cuba. Tal vez habría sido imposible adelantar con éxito estas negociaciones en otra parte. En Colombia era impensado, el recuerdo del Caguán era aún una pesadilla. En otros países el riesgo judicial para los negociadores de las Farc era considerable. En Venezuela hubiera recibido el rechazo de la opinión colombiana. Era Cuba o Cuba. Hoy, sin duda, hay que agradecer al gobierno cubano, independiente de cualquier consideración que se tenga sobre el régimen de la isla, el haber sido anfitrión durante más de cuatro años de esta mesa de negociación y sus participantes.

La agenda de temas objeto de discusión se puede calificar de bien delimitada, precisa y razonable. Los asuntos sujetos a negociación fueron los siguientes: Desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas; implementación, verificación y refrendación. Al leer su contenido detallado se puede ver una agenda acorde a las posibilidades de las partes y al momento. En ningún momento implicaba riesgos para la soberanía estatal o un cambio de régimen político, económico y social. Su naturaleza se puede calificar de reformista y con los elementos que se requieren para acabar una guerra interna, incluyendo el novedoso de justicia transicional.

Al momento de escribirse este artículo faltaba por definirse cómo sería la participación política directa de las Farc en la política y qué representación podrían tener en una primera etapa de post acuerdo en instituciones como el Congreso de la República. También está por establecerse lo relativo a una ley de amnistía que no cobijará a responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad.

Son los puntos de justicia transicional y de representación política en cabeza de jefes de las Farc los más difíciles de presentar ante la opinión pública. Los críticos y opositores al proceso de paz han centrado sus ataques en la impunidad que a su parecer va a generar la negociación y en el ejercicio político y de representación que puede llegar a existir en cabeza de responsables de serios delitos, entre ellos crímenes de guerra y de lesa humanidad. No cabe duda de que estos son los temas más complejos, sensibles y espinosos de todo el acuerdo.

En cuanto al primero, o sea la aplicación de justicia, es bueno decir que el acuerdo logrado el 23 de septiembre del año pasado que crea una jurisdicción especial para la paz, diseña todo un aparato de aplicación de justicia que está lejos de ser sinónimo de impunidad. Cabe recordar, y la lectura del acuerdo lo deja claro, que se contemplan sanciones de carácter penal para quienes hayan cometido delitos graves: crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo que sucede es que no es posible aplicar la justicia común en su plenitud, la de tiempos de normalidad, cuando se está terminando una guerra en una mesa de negociación, este es un principio y una experiencia universal. Por esto surgió en las últimas décadas el concepto y el cuerpo de principios que a nivel mundial configuran la justicia transicional, aquella que si bien reduce la severidad penal de tiempos normales, tampoco es tan laxa que sea sinónimo de impunidad. Es, si se puede llamar así, la justicia posible. Es bueno leer el acuerdo salido de la mesa que crea una ‘Jurisdicción especial para la paz’ y ver que sí habrá aplicación de justicia. Sucede algo curioso, por decir lo menos, con los más fieros opositores del proceso de paz de La Habana, que sus críticas son por lo general frases sueltas, lugares comunes, que nada tienen que ver con los textos de los acuerdos de la mesa. En este caso de la justicia sí que es cierto esto. Por eso, es bueno leer lo que las partes acuerdan, que en últimas es lo único que vale. En el tema de justicia este es el acuerdo: https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-60-sobre-el-acuerdo-de-creaci%C3%B3n-de-una-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la

El otro tema complejo es la posibilidad de que jefes de la guerrilla, que sin duda han tenido responsabilidad en graves delitos cometidos a lo largo de tantos años, vayan a instituciones como el Congreso. Sin duda lo querrán hacer, pues han sostenido un propósito político a lo largo del tiempo. Habrá que encontrar maneras de concretar esta participación política directa de los jefes de las Farc, lo que con seguridad generará profunda rabia y malestar en muchos, especialmente en los opositores al proceso, pero que servirá al propósito de hacer viable el acuerdo como un todo. Por ejemplo, algunos jefes de la guerrilla llegarían al Congreso, pero no ocuparían todas las curules que se acuerden, otras sillas estarían en cabeza de personas cercanas ideológicamente a la insurgencia y que no hayan militado en ella. Esto debe ir de la mano de los procesos de justicia transicional que habrán de afrontar estos mismos jefes guerrilleros que irían al Congreso. Sanciones que impliquen restricciones a sus derechos, la obligación de revelar su participación en delitos y elementos de reparación a las víctimas, podrían atenuar el malestar que producirá su presencia en el Congreso. Este tema de la representación política directa de las Farc es lo que está sobre la mesa en La Habana en este momento, prácticamente el último asunto que pueda llegar a implicar un pulso entre las partes. El acuerdo resultante es clave para la transición exitosa de la guerra a la paz.

Los otros pendientes por definir serán tramitados sin mayor inconveniente

¿Qué faltaría luego? La opinión última y definitiva de los ciudadanos sobre este proceso de paz, un pronunciamiento popular en las urnas que ratifique lo acordado en La Habana.

Se debatió bastante si era necesario llevar a votación popular el resultado de este proceso de paz, incluso el ex fiscal Montealegre demandó ante la Corte Constitucional el hecho de que se propusiera un plebiscito con efectos jurídicos para refrendar el acuerdo final, pues lo consideraba innecesario dentro del ordenamiento jurídico. Pero hay una razón de peso para que sean los ciudadanos los que aprueben en última instancia lo logrado en Cuba: generar una legitimidad absolutamente indispensable en este momento para que podamos dar el paso de dejar la guerra atrás. La sistemática oposición a la salida negociada del expresidente Uribe desde el inicio de los diálogos, la cual es compartida por un porcentaje de la población, es sin duda la razón para llevar los acuerdos a las urnas. El voto positivo por la negociación, el cual se estima en este momento que representará el 70 % de los sufragios, aclarará el panorama y permitirá que se dé el paso siguiente al post acuerdo, sin un ruido de opinión y legitimidad que podría ser tremendamente nocivo. Con el plebiscito la discusión queda resuelta, y si bien la oposición al acuerdo de paz seguirá esforzándose por poner más palos en la rueda, no tendrá la capacidad de frenar o paralizar la transición de la guerra a la no guerra.

Queda un cabo suelto en este momento: el Eln. Ojalá más pronto que tarde emprendan el camino de la negociación. Ya las bases están sentadas con un texto acordado por las partes y presentado este marzo pasado en Caracashttp://www.noticiasrcn.com/sites/default/files/acuerdo-dialogos-paz-gobierno-colombia-eln.pdf

Hay asuntos pendientes que deben resolverse, como el abandono por parte de esta guerrilla del secuestro. Antes de que den este paso el Gobierno no iniciaría la negociación formal. Así fue con las Farc. Confiemos en que hagan un razonamiento adecuado y tengan claro que llegó el momento de dejar las armas. Un camino diferente a la negociación sería suicida para esta guerrilla.

Sin duda alguna la negociación que pronto se cerrará con las Farc en forma de un acuerdo de paz, de cesación de la guerra, marcará un muy profundo cambio en la vida del país. Lo más importante es que traerá alivio a millones de personas en una buena parte de la geografía nacional que han padecido de forma cotidiana los rigores y horrores de la confrontación, alivio que también llegará a miles y  miles de jóvenes contendientes de ambos bandos: la Fuerza Pública y la guerrilla. Acabar una guerra que ha durado tanto tiempo, que ha dejado más de doscientos mil muertos y millones de afectados de diversas maneras, que ha desviado gigantescos recursos a las trincheras en vez de haberlos destinados a fines sociales, es sin duda un logro enorme y un hecho histórico para una sociedad y un Estado.

Lo que viene después es concentrarnos en la solución de problemas agobiantes que están afectando de manera dramática a la sociedad colombiana, como lo son la escalofriante corrupción, la salud y la educación, la infraestructura de transporte, el empleo y la seguridad social, la pobreza y la inequidad, entre tantos.

Ya es hora de saber cómo se vive sin una guerra.