Una historia de intransigencia
La guerra es una masacre entre gente que no se conoce, en beneficio de gente
que si se conoce pero que no se masacra. Paul Valéry
Parece un ideal legítimo el que todos busquemos la paz con nuestros semejantes, un principio elemental de convivencia y mandato constitucional colombiano que en su artículo 22 dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Sin embargo la realidad nos muestra cuan lejos estamos de ese anhelo y cómo muchos no lo contemplan en sus perspectivas de vida, al menos en el conjunto cerrado llamado Colombia. Mientras termino de garabatear éstas líneas crece el enfrentamiento entre los que promueven votar por el SÍ en el plebiscito por la paz y quienes de manera beligerante y categórica defienden el NO en contrapeso a todo lo acordado durante tres años en la mesa de La Habana.
El tono de la discusión entre los bandos, las razones esgrimidas por unos y otros, la dura posición de los contradictores y el tono amenazante que se encuentra por doquier es una perfecta radiografía de quienes somos y porqué estamos como estamos. Las frases grandilocuentes, exageradas, falsas e hiperbólicas se adueñan de quienes dirigen la campaña por el No y afirman de los acuerdos de la Habana todo lo que ellos no dicen. Esas falacias que bajo el epíteto de castrochavismo invocan acuerdos secretos, el fantasma del comunismo y la entrega del estado a esas fuerzas oscuras se escuchan en la radio, en la calle, en la televisión, en boca de intelectuales y de connotados líderes de opinión. No llevan la verdad pero representan un sentimiento profundo que sí es real y verdadero y que fue sembrado allí por años de equívocos y barbarie. Un sentimiento cargado de ira, de dolor, de desesperanza, de miedo y que pretende esgrimir un derecho legítimo a buscar una paz diferente y otro final a ésta guerra absurda. Porque absurdas son todas las guerras.
Por su parte los optimistas defensores de los acuerdos dan por sentada la paz y esgrimen cifras de crecimiento económico sólo comparables al boom de los países asiáticos. ¡Otro par de falacias! Comenzando porque las Farc representan tan sólo el 50% de los hombres alzados en armas, ya que el otro 50% lo representan las GAO (grupos armados organizados) y las Bacrim con un 25%, el ELN con un 20% y otros grupos minoritarios entre los que se encuentra el EPL con otro 5% según las cifras manejadas en diferentes informes de inteligencia militar. El crecimiento económico pos-acuerdo con esas cifras tan altas de quienes seguirían alterando el orden público es por supuesto errado.
Pero independientemente de lo que se decida en La Habana, o en el plebiscito, de las razones de unos y otros para votar a favor o en contra, o incluso independiente de las opiniones desbordadas del gobierno y la oposición, la paz en Colombia no está en los resultados de ese acuerdo. La horrible noche de nuestro cándido himno nacional está lejos de cesar y éste país dividido nos lo recuerda cada día.
Tras cada palabra de los líderes del centro democrático se desprende que si pierden el plebiscito no van a aceptar el resultado y no van a dejar de interponerse en el proceso de paz en dos puntos para ellos fundamentales: que todos los miembros de las Farc encontrados culpables de hechos delictivos vayan a la cárcel y que independiente de eso no puedan hacer política. La ley de justicia transicional que pretende convertirse en modelo para otros acuerdos de paz en el mundo y el deseo básico de hacer política de las Farc como una condición indispensable para la entrega de las armas hacen insalvable la posición de los opositores del proceso que no dudan, como temerariamente lo ha afirmado en radio varias veces el ex ministro Londoño, en estar preparados para lo que sea.
Si a esto sumamos las amenazas recientes de los fortalecidos paramilitares pareciera entonces que ante las puertas de la paz hallamos nuevamente es la amenaza de la guerra.
Sin embargo lo que está sucediendo no es nuevo pues es la historia misma de nuestro territorio que encierra una nación fragmentada. Uno tras otro, desde la independencia misma, los movimientos de oposición se han enfrentado de manera activa y no pocas veces beligerante a las decisiones de la mayoría, a las decisiones tomadas desde el poder o en general a aquellas en las que se sientan vulnerados, incluso si emanan de fuerzas claramente minoritarias. Una intransigencia que raya en el absurdo y que dando un repaso por la historia reciente devela los rasgos fundacionales de nuestra guerra y, si no cambian pronto, del futuro que nos espera.
De la intransigencia bipartidista a la dictadura
En qué momento se decide acabar por las armas con la oposición política en Colombia es algo difícil de determinar. El asesinato político, el alzamiento popular y la lucha armada tras un ideario político o un líder carismático parecen hacer parte de nuestra historia como si fueran un símbolo de nuestra identidad. Sin embargo una serie de hechos y hombres caldearon los ánimos de nuestra sociedad a un punto que aún hoy parece imposible disminuir.
Sin duda el regreso al poder del partido liberal en 1930, tras los 44 años de la hegemonía conservadora, junto a la transformación que pretendieron hacer en el país en sus estructuras civiles y económicas entre las que incluyeron una profunda reforma constitucional en 1936 y una permisividad a la colonización de baldíos, llevaron rápidamente al endurecimiento de la posición conservadora temerosa, no solamente de perder sus privilegios y ventajas tras tantos años en el poder, sino de que a su vez el partido liberal les diera una dosis igual de abstinencia y revanchismo.
En el desorden del derrotado partido conservador surgieron líderes naturales como el extraordinario orador y aguda pluma Laureano Gómez, quien tras sus años en Alemania como embajador de Colombia en Berlín de 1930 al 32 había vivido de primera mano el ascenso del Nacional Socialismo que llegaría con Hitler al poder en 1933 y la manera como las Sturmabteilun del partido nazi, las fuerzas de asalto o camisas pardas como las llamaban, eran usadas para intimidar y desaparecer la oposición, así como para contrarrestar el crecimiento del partido comunista. La forma atizadora como los caudillos europeos, Hitler, Mussolini o Primo de Rivera encendían a las masas, desde la dureza de sus discursos pendencieros a las fuerzas de choque de sus partidos compuestas por milicias armadas y matones fanáticos; no solamente encontraría la emulación y el apoyo en el verbo de Laureano Gómez o de ese otro gran orador que fue Alzate Avendaño en el partido conservador sino en su contraparte Jorge Eliecer Gaitán, quien para entonces representaba la disidencia y la línea dura del partido liberal; y cuyo verbo incendiario lo hizo blanco natural de sus enemigos políticos temerosos de que cumpliera cualquiera de sus designios verbales. Esta línea de discurso en la cual el lenguaje de la violencia va tomando forma y se abre campo en la política Colombiana, sumado a la lucha por la tierra, comienza a producir enfrentamientos y víctimas desde mediados de los años treinta, recrudeciéndose con la llegada al poder de Mariano Ospina Pérez del partido conservador tras 16 años de gobierno liberal y por supuesto estalla en una confrontación abierta con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en el 48.
Ese verbo de la violencia que llena sus palabras de sangre y que llama a la acción y a la venganza, el cual se apoderó de las mentes más lúcidas de su tiempo, termina encontrando eco incluso hasta en líderes naturalmente pacifistas como el tolimense Darío Echandía, algo que define muy bien Gerardo Muñoz en su ensayo Genealogía de un Problema (2005). Darío Echandía que invita a su partido a resistir (un partido que ha promovido la defensa armada), denunciará la falta de garantías para que los liberales acudan a las urnas en 1949 y renuncia a la candidatura del partido liberal tras el asesinato de su propio hermano. Al año siguiente Laureano Gómez sin opositores políticos gana las elecciones y asume la presidencia dando rienda suelta a la represión con ésas fuerzas de choque que fueron las milicias de los pájaros y la policía chulavita.
La insostenible política de Laureano termina abruptamente con el golpe de Estado de Rojas Pinilla en junio del 53, quien inmediatamente trata de resolver la escalada de la violencia proponiendo unos diálogos con los alzados en armas, creando una amnistía y un indulto con algunos estímulos económicos para aquellos grupos e individuos que depusieran sus armas. Pero pronto esa paz se vería truncada por completo.
De las autodefensas campesinas a la intransigencia insurgente
Para 1953 cuando Rojas llega al poder las autodefensas campesinas que se habían creado para defenderse de la presión de la fuerza pública y las milicias paramilitares del estado a la vez que colonizaban terrenos baldíos, se encontraban divididas en limpios y comunes (liberales y comunistas) con diferencias que terminarían siendo irreconciliables. Investigadores del periodo hablan de 21.000 hombres alzados en armas contra 40.000 miembros de la fuerza pública y de acuerdo a la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia de 1958, entre 1948 y 1957 solamente en el Tolima fueron asesinadas 35.294 personas y se abandonaron 93.882 fincas. (Alfredo Molano 2014)
Propuesta la amnistía y el indulto por el gobierno de Rojas Pinilla los dirigentes liberales lograron la desmovilización de sus guerrillas en la mayoría del país. “Al sur del Tolima llegó a caballo una comisión encabezada por los doctores Rafael Parga Cortés, Ismael Castilla y Severiano Ortiz, conocidos jefes liberales de Chaparral, a negociar la entrega” logrando el desarme de los limpios y una parte considerable de los comunes escribe Alfredo Molano (2014). Sin embargo el que Rojas fuera el comandante en Cali de la tercera brigada durante la masacre de la Casa Liberal realizada por la fuerza pública contra la población desarmada y que se apoyara para su pacificación en Ángel María Lozano, alias el Cóndor, hizo que una parte de esas autodefensas no se desarmara y se viera enfrentada a la gran ofensiva de las tropas de Rojas tras la fecha límite que el general había dado para el desarme y el indulto. Para entonces Rojas había comprado la exorbitante cifra de 150 millones de dólares en armas a los norteamericanos de quienes recibía completo apoyo para sus planes.
En agosto de 1954 logró que la Asamblea Constituyente aprobara la prohibición del partido comunista con una ley copiada de la impulsada por el senador McCarthy en los Estados Unidos, dando un giro sin precedentes a lo que hasta entonces era considerada violencia bipartidista.
El incumplimiento de las promesas del gobierno que consistían en apoyo económico, regreso de las tierras despojadas, y legalización de los baldíos colonizados; sumado al asesinato de algunos lideres amnistiados por la fuerza pública y el establecimiento de ese “delito de opinión” que fue la prohibición del comunismo, radicalizaron a las escasas fuerzas que sobrevivieron a la ofensiva de Rojas e hicieron que se organizaran bajo estructuras militares como única salida para su supervivencia. Esa forma de proceder del estado, basada en el incumplimiento de lo pactado, la permisibilidad con los asesinatos de los líderes, la negación de los espacios políticos a la extrema izquierda y la represión desmedida se repetirá desde entonces durante los varios intentos de alcanzar una paz negociada con las fuerzas al margen de la ley.
En 1958 tras la caída de Rojas Pinilla y durante el gobierno de Lleras Camargo conscientes de los errores de la primera negociación crean la Comisión Especial de Rehabilitación y proponen la desmovilización a cambio de tierras, créditos, vías, asistencia técnica, salud y educación. En el Tolima, por centrarnos en una región fundamental del conflicto, durante la Gobernación de Darío Echandía vuelven los mismos negociadores (Parga, Castilla y Ortiz) a intentar acuerdos con los alzados en armas en apoyo de La Investigadora, nombre con el que se conoció La Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional logrando al menos la firma de 17 micro pactos con las diferentes fracciones en conflicto ( Jefferson Jaramillo Marín 2011).
La corta pausa propiciada por esos pactos permitió el retorno a la vida agraria de la mayoría de los combatientes y a que muchos de ellos trabajaran en la construcción de vías, principal esfuerzo económico del gobierno, como fue el caso de Tirofijo que trabajó de inspector de carreteras.
Un análisis de las cifras del Acta de la Oficina Nacional de Rehabilitación de 1958 donde dice que se gastaron 25 millones de pesos, el equivalente a 3,8 millones de dólares, de los cuales solamente 1 millón de dólares eran para créditos y educación, puesto en contexto contra la inversión en armas por parte del estado, que solamente desde el comienzo del gobierno de Rojas en 1953 superaba los 150 millones de dólares, muestra la inequidad de una situación que garantizaba los sucesos siguientes.
El endurecimiento de las políticas de la guerra fría tras la revolución cubana, la presión sobre los comunistas, el nuevo incumplimiento de los acuerdos pactados en materia económica y finalmente el asesinato a sangre fría de líderes guerrilleros como Jacobo Prías Alape, alias Charronegro a manos de las bandas del “General Mariachi” , sin intervención de la justicia, hacen que Marulanda, antiguo subalterno de Charronegro, y sus hombres regresen a las armas en enero de 1960. Las autodefensas campesinas ya reacias a todo acuerdo con el gobierno se organizan y multiplican en pequeños frentes ayudados por un partido comunista arrinconado, alejado políticamente de la vida nacional y obligado a la clandestinidad por las intransigencias del Frente Nacional. La subsiguiente calma chicha de esas autodefensas armadas dedicadas más que todo a colonizar baldíos alejados de las zonas urbanas, criar ganado y sembrar café mientras recibían la cartilla del partido comunista, se rompe con la operación Marquetalia del 64 que lleva al nacimiento de las FARC y a la regularización del movimiento guerrillero.
Esa intolerancia de los gobiernos del frente nacional con la oposición, que tiene su clímax en el oscuro día de elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 en el cual el presidente Lleras Restrepo suspende la transmisión cuando los resultados electorales daban por ganador a Rojas Pinilla de la Anapo, para anunciar como ganador a la mañana siguiente a Pastrana Borrero del partido conservador, provoca el surgimiento de más organizaciones armadas y endurece la intransigencia de las guerrillas comunistas a una salida negociada.
Los pactos rotos de la Picota a Ralito
Durante los años setenta el crecimiento de los grupos guerrilleros fue lento y escaso. Pero en 1980 tras unos pocos actos espectaculares por parte de la guerrilla y unas batidas militares sin precedentes en nuestra historia que incluyeron la tortura de más de cien prisioneros (según datos de Amnistía Internacional), las cárceles colombianas, principalmente La Picota, estaban llenas de integrantes del M19, el movimiento de carácter nacionalista surgido tras las elecciones del 70. Siendo la apertura política la exigencia básica de éste movimiento armado, se propuso una ley de amnistía ante el congreso de la república cuyos puntos principales fueron acordados por los delegados del gobierno con la cúpula del movimiento. La ley finalmente promulgada por el senado en 1981 nada tenía que ver con la ponencia original presentada por los congresistas Ortiz Vidales y Bosa López, de manera que al ser una amnistía parcial, llena de exigencias como la entrega de los compañeros en libertad y otras condiciones no acordadas fue rechazada de plano por el grupo armado. Al final solamente 20 sediciosos se acogieron a dicha ley (El Tiempo, 24 de julio de 1981).
Pocos años después en agosto de 1984 se firmaría el acuerdo de Corinto entre el M19 y el gobierno de Belisario Betancur, acuerdo al que luego se unirían otros grupos guerrilleros y que consistía en una tregua bilateral y el compromiso a encontrar una salida política al conflicto armado. Antes de cumplir seis meses la tregua bilateral fue rota por varias acciones del ejercito nacional que atacaron los campamentos en tregua sin que el presidente o sus delegados pudieran dar explicación alguna.
De los intentos de paz y normalización política durante el gobierno de Betancur surge la Unión Patriótica, organización que en sus orígenes estaba ligada a las FARC y al ELN. Pero es de todos conocida la historia que pese a la distancia que tomó dicho partido de los grupos armados y de la extrema izquierda, sus dirigentes fueron sistemáticamente asesinados en crímenes aún hoy no esclarecidos (las cifras de muertos varían entre 3.500 a 5.000).
Completando el panorama hay que recordar que siendo los acuerdos de paz con el M19 de 1990 los únicos acuerdos exitosos desde el surgimiento del movimiento guerrillero en Colombia y que llevaron a la vida civil a varios otros grupos menores, no por ello estuvieron exentos de los asesinos o de los criminales políticos. Solamente basta mencionar a Afranio Parra, quien firmó por el M19 junto a Carlos Pizarro y Germán Rojas Niño el segundo acuerdo con los delegados del gobierno Barco y que fue asesinado por iniciativa propia de unos policías en Bogotá pocas semanas después de la segunda firma. Carlos Pizarro por su parte fue asesinado durante su campaña presidencial de 1990 en un claro crimen político.
Tras dicha paz con el M19 se llegó a un acuerdo con el EPL y se logró la reinserción de 2.556 combatientes a la vida civil pero entre 1991 y 1995, las FARC asesinaron selectivamente a cerca de 200 ex miembros desmovilizados del EPL que se habían integrado al movimiento Esperanza, Paz y Libertad.
El irrespeto a todo acuerdo pactado, por parte de los diferentes gobiernos y el asesinato de los líderes desmovilizados no solamente ha afectado a movimientos de izquierda como las FARC, el EPL o el ELN, y a movimientos nacionalistas como el Quintín Lame o el M19 sino también a organizaciones de derecha como las AUC y a otros grupos paramilitares.
Desde la misma firma de los acuerdos de Ralito entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe, comenzaron los asesinatos selectivos de miembros de esa organización. Dichos acuerdos llevaron a la ley de Justicia y Paz, que aunque muy criticada por organizaciones dentro y fuera del país, entre otras porque de siete mil paramilitares que supuestamente tenía el país se desmovilizaron 31.671 permitiendo la rebaja de penas a narcotraficantes, testaferros y delincuentes comunes y de todos ésos menos de 1.300 pagaron penas logrando tan sólo 14 sentencias, no fue respetada por el gobierno al extraditar contra los pactos a 14 supuestos jefes paramilitares en la mitad de sus confesiones y antes que dieran datos sobre quienes eran las fuentes de financiación, quienes eran los políticos que los apoyaban y quienes habían dado las instrucciones para los crímenes políticos que cometieron y que seguirán en la impunidad.
La cifra de los exparamilitares asesinados hasta la fecha no está clara pero cuando en julio de 2008 fue asesinado el desmovilizado ex jefe de las Auc Antonio López, Alias Job, vocero de los desmovilizados eran ya 184 los ex paramilitares asesinados únicamente en Medellín (Rev. Semana, 28 julio 2008)
De los acuerdos en La Habana hacia un futuro incierto
Ese es a groso modo el panorama previo a los acuerdos con las Farc que pretenden su desmovilización, entrega total de armas, sometimiento a la ley de justicia transicional, un trabajo conjunto para la no repetición del conflicto y el ingreso a la vida política del partido que funden.
Como se ve en nuestra propia historia y en el lenguaje encendido de los opositores al actual proceso de paz, que atizan la hoguera de la venganza y de la total intransigencia política, es poco probable que tras la firma de los acuerdos y la dejación de las armas dichos compromisos se cumplan por parte del estado; vulnerables a cualquier cambio de poder político en el congreso o la presidencia. Al igual que es poco probable que se puedan garantizar las vidas de quienes logren reinsertarse a la vida civil tras la dejación de las armas.
El miedo de un viraje hacia la izquierda de la democracia colombiana presente desde los años duros de la guerra fría, ha revivido frente a la problemática venezolana y a la proliferación del numero de gobiernos democráticos de izquierda o centro izquierda en América Latina que en el 2007 habían llegado a 13 y por supuesto se fortalece con el posible ingreso de las FARC a la vida política nacional tras el desarme. Así las cifras de la registraduría demuestren históricamente lo lejos que pueda estar una victoria política de la izquierda.
Esta claro que si Colombia, el pueblo y sus dirigentes, no cambia la dureza del discurso frente a sus adversarios, no desarma primero los ánimos y deja de disparar con sus palabras contra sus contradictores, no podrá hallar ninguna senda de paz y el desarme de las FARC no será más que otra pausa en el conflicto interno. No nos hemos educado para la paz, sino para la guerra. Las libertades y derechos que tan tardíamente entraron a nuestro panorama jurídico en la constitución del 91 aún son letra muerta.
El que las diferentes ideologías puedan expresarse públicamente, ser partidos políticos y ser parte de los procesos electorales es algo indispensable en cualquier democracia. Por eso frente a nuestras verdades históricas, con su intransigencia proverbial y su cuota de barbarie, debemos intentar hacer un alto. Ya que aquí no se trata de que el primer paso sea obtener justicia, de lograr la verdad, ni de tener la razón política. No se trata de pertenecer al bando de los buenos o estigmatizar a los contrarios. Se trata de dejar de matarnos por medio de una salida negociada para que finalmente todos aprendamos a opinar en las urnas acerca de las FARC, o del Santismo, o del Uribismo. Opinar con el voto y no con las balas, en las urnas y no en las tumbas.