Relaciones civiles/militares en un país en conflicto armado
Las relaciones entre civiles y militares deben considerarse a partir de dos contextos: El primero, los militares en su relación con el Estado y el segundo, los militares con respecto a la sociedad civil. De esta manera, se busca definir las funciones y los objetivos a favor de una política estratégica eficiente, que conduzca a la prosperidad, en paz, de una nación.
A continuación presento una muy breve referencia histórica a esas relaciones en Colombia, a partir del Frente Nacional (1958-1974) hasta el presente, para luego plantear unas conclusiones y algunas recomendaciones sobre los objetivos militares hacia el futuro.
Desde el período del Frente Nacional se buscó definir un principio básico de relaciones entre civiles y militares, donde los políticos no intervinieran en los asuntos militares y a su vez éstos mantuvieran su condición de apolíticos.
Como consecuencia de ello, a través de sucesivos gobiernos hubo ausencia de una política estatal de seguridad, con lo que las Fuerzas Militares tuvieron que llenar este vacío, empeorando la situación dada la carencia de lineamientos claros acerca de los objetivos para la resolución de los conflictos armados por los que atravesaba el país. De igual manera, se presentó un desmejoramiento en las condiciones sociales de la población, pues no había presencia definida del Estado en varias regiones del país y las Fuerzas Militares solamente adelantaban labores de control de orden público. Durante ese tiempo, las relaciones entre los militares y el Estado se enmarcaron dentro de un panorama tenso que condujo a un deterioro de las relaciones entre los militares y la sociedad.
A partir de la presidencia de César Gaviria (1990-1994) se buscó mejorar las relaciones entre los militares y la clase política, centradas en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, las relaciones entre militares y sociedad civil no mejoraron. Durante el siguiente gobierno, el de Ernesto Samper (1994-1998), el conjunto de relaciones civiles militares se deterioró, sumándose a ello una mayor presencia de los narcotraficantes. El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) buscó definir una estrategia de seguridad –a instancias de Estados Unidos–, mediante la reestructuración del dispositivo militar para la guerra irregular, enfocado hacia el narcotráfico. Pero, tras los acontecimientos terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos, tal enfoque se amplió hacia la insurgencia, afectando de paso sectores de la población civil por razón de la dispersión de las guerrillas en zonas críticas del país, caracterizadas por el abandono en que se hallaban –y se hallan– por parte del Estado.
Durante los dos períodos del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), por primera vez en medio siglo un Presidente asumió la dirección de la seguridad, aunque saltándose con frecuencia los escalones de mando y mezclando funciones de relaciones militares con el Estado y con la sociedad civil. No obstante, el gobierno logró compaginar los intereses castrenses con los del Ejecutivo, así como el apoyo de una gran cauda de la sociedad civil, a la luz de una represión efectiva contra la guerrilla, además de una actitud complaciente con el paramilitarismo. La polarización de la sociedad civil, bajo el estímulo del gobierno en su búsqueda de favorecimiento de la nueva política, fue un resultado poco positivo para las relaciones entre civiles y militares.
En el curso de los dos períodos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) surgió una nueva tentativa de negociación para el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC, la cual –a diferencia de intentos anteriores con esta guerrilla desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)– está llegando a su culminación. Sin embargo, azuzada por la oposición del Centro Democrático –partido creado por el ex-presidente Uribe, hoy senador– la anterior polarización de la sociedad se volcó a favor y en contra del llamado proceso de paz. Dado el carisma del neo-caudillo Uribe, frente al deficiente manejo de la opinión pública por parte del Presidente, se han presentado numerosas trabas innecesarias en el proceso de negociaciones. En ello, la oposición de sectores castrenses a este proceso ha contribuido a alimentar las tensiones políticas y sociales alrededor de la presente coyuntura. Sin embargo, el liderazgo del actual Comandante del Ejército ha servido para contrarrestar parte de los efectos negativos de esta situación, a partir de planteamientos acerca de las reformas militares que deben implementarse en el mal llamado posconflicto, pues debería denominarse pos-acuerdos.
Menciono en seguida algunas conclusiones referidas a lo que he expuesto, que pienso vale la pena destacar, para finalmente señalar unas recomendaciones hacia el futuro inmediato.
En el contexto histórico por el que atravesamos –no sólo en el país sino en gran parte del mundo globalizado actual–, los conflictos armados no pueden ganarse si se concibe únicamente una solución armada. Esta debe ir acompañada siempre de una solución política complementaria, por lo que las relaciones civiles militares deben apuntar hacia ese objetivo.
La base para una política de Estado coherente, sólida y sin ambigüedades es la aplicación de la transparencia en los procesos administrativos y judiciales, el incremento de medidas de control contra la corrupción y la veeduría al cumplimiento de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Para el óptimo desarrollo democrático de un país, las relaciones entre las Fuerzas Militares, el Estado y la sociedad civil deben ser las mejores y cada uno de estos tres entes debe servir como apoyo y complemento de los otros dos, sin llegar a ocupar sus funciones o delegar las propias en uno o en ambos de los otros dos. Es decir, debe haber siempre una autonomía explícita y compartida.
Acerca de las recomendaciones que cabría hacer, señalo cuatro que me parecen relevantes para este foro.
Desarrollar un tratamiento más profundo y positivo de la información que se entregue a la población civil, con el propósito de que se genere una imagen positiva de la labor de las Fuerzas Militares frente a los problemas del país.
Crear la conciencia en la clase política de que el problema de orden público no le corresponde solamente a la Fuerza Pública, sino también a la forma como el Estado y sus instituciones administren su poder de manera democrática en todos y cada uno de los rincones del país.
Es importante que el gobierno mantenga el apoyo incondicional a las Fuerzas Militares, con el fin de que se maneje un concepto de unidad y trabajo en equipo tanto del Estado como de la Fuerza Pública.
Debe diseñarse una política de seguridad y defensa que le proporcione las herramientas operativas necesarias y suficientes a la Fuerza Pública para cumplir con su labor de manera adecuada. Vale la pena recordar acá que una política tal debe comenzar por una ley de seguridad y defensa –que sea acorde con la situación estructural de amenazas reconocidas– para que le sirva de fundamento para su aplicación y desarrollo. Esta ley ha brillado por su ausencia en Colombia, caso inaudito en un país que ha sufrido conflictos armados permanentes durante la mayor parte de su historia.